Nuevo Libramiento no resuelve problema del transporte de carga; es inviable técnica y financieramente: Claudia Aguirre

La diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna afirmó que el proyecto del Libramiento denominado “Vía Rápida” que será enviado por el Gobierno del Estado al Poder Legislativo es inviable técnica, financiera y jurídicamente.

La legisladora por Morena señaló varios factores que hacen de este proyecto sólo un intento de negocio particular por parte del Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez.

Recordó que cuando presidió la Comisión de Desarrollo Urbano, Municipios y Zonas Metropolitanas realizó un análisis minucioso para resolver el problema de saturación de la autopista y el alto nivel de accidentes que se presenta sobre todo en el tramo de La Salada, pues es ahí donde se encuentra el mayor índice de siniestros, no en el tramo correspondiente a la zona urbana de Colima.

“Al advertir la inviabilidad del proyecto, me negué a la propuesta del Gobernador, para la aprobación de un nuevo Libramiento carretero en la capital del Estado.A ello se debió que, posteriormente, las diputadas y los diputados al servicio del Gobernador se aliaron para conformar el #TUMOR, y decidieran removerme de la Comisión que presidía, para entregarla a “alguien a modo” del Ejecutivo y, de esta manera, se pudiera aprobar el dictamen en la referida comisión”, denunció.

Y es que, advirtió, la solución a la problemática del libramiento de Colima pasa por aumentar su capacidad, de tal manera que le permita dar servicio a un volumen más elevado de vehículos, si es que se pretendiera separar el tránsito vehicular de largo itinerario del tránsito local.

Sin embargo, afirmó, la propuesta remitida por el Ejecutivo sólo considera realizar una carretera de dos carriles, con un tramo más largo que el trayecto actual y en el que además los transportistas deberán pagar 150 pesos lo que desde el punto de vista de los usuarios es menos atractivo, menos seguro y más caro transitar por esa nueva vía propuesta.

Claudia Aguirre detalló que corresponde a las autoridades federales realizar los proyectos u obras relativas a las Vías Generales de Comunicación y que en el caso de que haya colaboración de autoridades estatales se debe contar con una concesión o permiso de la Secretaría de Comunicación y Transportes.

“Como podemos apreciar, de las especificaciones técnicas del nuevo libramiento que se propone, y habiendo señalado los fundamentos legales mencionados, válidamente podemos afirmar que un proyecto de libramiento de 12 metros de ancho de calzada, con capacidad para dos carriles, uno por sentido de circulación, no puede ser considerado como la solución para la saturación que presenta una vialidad más corta y con mejores especificaciones, como es el actual tramo carretero”, sostuvo.

La legisladora cuestionó “¿cómo puede considerarse una solución a un problema de saturación el reducir el número de carriles disponibles y aumentar la distancia de recorrido?”.

Y además “¿cómo le piensa asegurar el Gobernador a la empresa inversionista de la asociación público-privada el aforo de más de 9 mil vehículos de carga, en ambos sentidos de circulación, que le permitan recuperar la inversión. Hay que recordar que, en caso de no ser redituable para la empresa, el Gobernador pagará la indemnización respectiva a los inversionistas, con recursos provenientes del erario?”.

Claudia Aguirre también preguntó “¿cómo piensan (las autoridades estatales) obligar a que el tránsito se derive al nuevo libramiento propuesto, impidiéndoles que continúen su camino por la ruta actual, libre de peaje, sin violar su derecho fundamental de libre tránsito?”.

La diputada local por Morena sostuvo que la construcción de un nuevo libramiento de Colima, “carece de sustento técnico, jurídico y financiero; aunado al hecho de que no es una solución efectiva para la problemática planteada, el construir un libramiento que, además de no satisfacer los requerimientos técnicos, opere a través del otorgamiento de una concesión de 30 años”.

“También se debe considerar el impacto social, económico y ambiental que un proyecto como este tiene, toda vez que hay que analizar, como criterio fundamental para la evaluación del costo-beneficio del proyecto”, afirmó.

Preguntó “¿a qué propietarios o núcleos agrarios se le afectaría o beneficiaría en sus predios? ¿cómo se resolverá la conectividad de los caminos rurales y sacacosechas que se encuentran en la ruta, para no afectar a los agro productores?; ¿cuánto costaría la compra de tierras para la construcción del proyecto?”.

Claudia Aguirre agregó que tampoco se ha medido ni se tiene la Manifestación de Impacto Ambiental que representará la construcción en terrenos forestales o agrícolas, ríos y barrancas, “así como los costos de las acciones de mitigación de impacto ambiental”.

De acuerdo a la diputada local, entre los aspectos técnicos de la ruta propuesta, se deben construir dos nodos a desnivel de grandes dimensiones, para su entronque con las carreteras Guadalajara-Colima y Colima-Tecomán; un paso elevado sobre la vía de ferrocarril del pacífico Norte; numerosos puentes sobre barrancas y ríos; pasos inferiores o superiores para caminos rurales y brechas sacacosechas, “además de los costosos y necesarios trabajos de estabilización de suelos, debido a la mala calidad de los existentes en la zona”.

La legisladora morenista afirmó que sería más eficiente y económico construirle 4 carriles más al Libramiento Ejército Mexicano, dos en cada lateral, como señala el proyecto original de esa vía.

“¿Por qué comprometer los recursos del Estado en una vía enfocada al servicio del tránsito foráneo de largo itinerario? ¿No es preferible invertir en las laterales del libramiento actual, que sí son para uso de la población de Colima?¿Por qué si la mancha urbana ha crecido y rebasado el Libramiento Ejército Mexicano, y SEIDUR sostiene que la mezcla de tráfico doméstico con foráneo es un riesgo, no se han convertido en prioridad para esa dependencia las laterales del citado libramiento?”, refirió.

Insistió en que el Gobierno Estatal pretende que se autorice un proyecto que no resuelve la problemática del transporte público de carga en nuestra ciudad, “que fue elaborado sin consultar a los especialistas en las diversas áreas involucradas y que, precisamente por su inviabilidad, va a representar, a corto plazo, un severo golpe para las finanzas públicas estatales, en beneficio de los intereses particulares de unos cuantos”.