El Portal de Noticias La Razón publicó información respecto a las declaraciones de Carlos Anguiano, director de la organización ¿Cómo Vamos? Colima, quien aseguró que el gobierno del estado, encabezado por José Ignacio Peralta, es “intermitente” en materia de transparencia y apertura de cuentas públicas.
En entrevista con La Razón, Anguiano reveló que el gobierno estatal no ha dado respuesta a varias solicitudes de información realizadas, por lo que a principios de 2019 se denunció esta situación ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima (Infocol).
“El gobierno del estado no respondió las solicitudes de transparencia que emitimos, nos respondieron ‘no tenemos, no podemos’”, explicó.
Sin embargo, consideró que la opacidad en el estado va más allá de quién esté en el poder, por lo que exhortó a dar más importancia a este tipo de actividades, principalmente en lo relativo a la cuenta pública.
“No nos gusta a nosotros personalizar, como tal decir; el gobernador, tal persona, no es transparente. Nuestro objetivo es manejarlo como la institución, y estamos trabajando principalmente en el fortalecimiento de las instituciones”, aseguró.
Anguiano explicó que el organismo revisa de manera trimestral y mensual de los informes del gobierno estatal y de cada uno de los municipios “no existe esa constante de poner la información trasparente”; de acuerdo con la plataforma sólo cinco de cada 10 municipios consiguen transparentar el 90 por ciento de su información.
En septiembre pasado, la Fiscalía en Combate a la Corrupción dio a conocer un informe en donde indicó que actualmente investiga 138 expedientes por actos de corrupción en la entidad, entre los que destacan delitos como peculado, ejercicio indebido del servicio público, cohecho, abuso de autoridad, o falsedad de los servicios públicos.
Dicho reporte fue entregado por el titular de la dependencia, Francisco Álvarez de la Paz, con copia al Congreso del estado y al propio gobernador Peralta Sánchez, a quien el año pasado el Congreso estatal le autorizó, mediante el Decreto 617, solicitar un crédito para adquirir infraestructura, pero no pudo comprobar el destino que dio a los 200 millones de pesos solicitados para ese fin.
Fuente: La Razón
