“Que de eso se trata, al fin y al cabo: luchando por la educación, los jóvenes educan a todos los demás. Esta protesta enseña. Yo les digo: gracias mil y suertudas suertes en tan hermosa aventura». Eduardo Galeano
El día 15 de febrero del presente año acudieron a las instalaciones del Congreso del Estado varios estudiantes con el fin entregarnos a las y los diputados un pronunciamiento con las demandas que han venido exigiendo a las autoridades de la Universidad de Colima:
En dicho pronunciamiento, expresan su inconformidad con relación al descuento del 25% en la cuota de Talleres y Laboratorios para la reinscripción de ciclo febrero-agosto de 2021 y exigen se elimine la cuota de “Talleres y Laboratorios” debido a que los servicios de luz, agua, mantenimiento, limpieza, restauración de material y otros conceptos se han reducido significativamente debido a su falta de uso porque debido a la pandemia del COVID-19 se han acentuado las sesiones por la modalidad virtual.
Además, solicitan transparencia en el manejo de los recursos destinados para el mantenimiento y restauración de materiales de los planteles universitarios; que la Universidad exija el presupuesto que el Gobierno del Estado tiene como obligación aportar y que este sea utilizado para el mantenimiento y cuidado de los planteles universitarios; cumplir con el pago de las y los trabajadores de la Universidad de Colima en tiempo y forma; y que disminuyan los salarios exuberantes del rector y altos funcionarios al igual que las grandes pensiones que se otorgan a los excretores.
Fuimos testigos de una muestra más de dignidad por parte de los estudiantes universitarios. Pero también, fuimos testigos de que quienes tenían la responsabilidad de escuchar, mostrar sensibilidad y buscar salidas ante las necesidades de toda la comunidad universitaria, se mostraron insensibles e indolentes ante estas demandas. No sólo las autoridades universitarias, sino también los diputados agrupados en el TUMOR que votaron en comparsa en contra de nuestra propuesta para que se condonaran las cuotas de reinscripción de este semestre con el fin de apoyar la economía popular de las familias colimenses.
Nosotros, a diferencia de los diputados que añoran el viejo régimen de corrupción y pillaje consideramos que la educación no es una mercancía, esa es la gran diferencia: la educación superior pública debe ser gratuita por que la misma razón y derecho tienen las niñas y niños como los jóvenes sin recursos para hacer efectivo su derecho a la educación, desde la educación primaria hasta la educación universitaria. Es una cuestión ideológica y de principios a la que no vamos a renunciar porque estamos bien conscientes de que la educación es una función social que el Estado debe garantizar a todos sus ciudadanos.
Si bien el texto original de la Constitución de 1917, y la reforma de 1934 (que establecía la educación socialista en nuestro país) consignaron de manera expresa que sólo la educación primaria sería gratuita, no sin antes suscitarse un intenso debate entre Antonio Caso y Vicente Lombardo Toledano de si debía aplicarse dicha gratuidad en las universidades.
El 14 de diciembre de 1945 no hubo más dudas: el entonces secretario de educación pública Jaime Torres Bodet, presentó ante el Congreso de la Unión una reforma que insertaba la expresión: “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita” introduciéndose la gratuidad para toda la educación.
Incluso, las universidades públicas estuvieron contenidas de manera expresa en la reforma del 9 de junio de 1980, cuando se les incluyó en el texto constitucional con motivo de su autonomía y relaciones laborales, haciéndose una alusión directa a la educación universitaria como parte del proceso educativo que compete al Estado.
Como puede verse, la lucha por la gratuidad en todos los niveles es añeja, y no sólo en el ámbito legislativo, sino también en los movimientos estudiantiles pues a pesar de que el artículo 3º constitucional estableciera ya de antaño y lacónicamente que “Toda la educación que el Estado imparta será gratuita” nunca se ha hecho realmente efectiva su aplicación.
En esta lógica la 60 Legislatura del Congreso de la Unión en la lógica de la Cuarta Transformación estableció en noviembre de 2020 que “El Estado está obligado a brindar educación desde el nivel preescolar y hasta el superior, de forma gratuita, inclusiva e intercultural”, con el objetivo de ser más precisos y reafirmar la gratuidad.
Por eso hemos insistido (y seguiremos insistiendo) en la necesidad que existe de que en Colima ya se haga efectivo lo que dispone el artículo 3º constitucional, mismo que garantiza la gratuidad de la enseñanza en todos los niveles. Y también es posible porque la Universidad de Colima recibe un subsidio (federal y estatal) de $87,052.34 pesos por alumno.
Por eso respaldamos las demandas y las acciones que de manera asamblearia están tomando los estudiantes de la Universidad de Colima con el fin de hacer valer su derecho a una educación universitaria verdaderamente pública y gratuita, sobre todo en este momento donde la pandemia ha causado estragos en la economía de las familias colimenses. A todas y todos, les expresamos nuestra solidaridad y respaldo en esta demanda tan sentida.
Por nuestra parte, seguiremos avanzando e insistiendo en alcanzar la gratuidad para las y los estudiantes y sus familias como siempre lo hemos venido exigiendo, desde que luchamos en el movimiento estudiantil. Propondremos una reforma en la Constitución local que establezca la gratuidad en todos los niveles. La gratuidad de la educación no es un gasto, es posible y es vital para el futuro y desarrollo de nuestro país.
