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Los asesinatos del juez federal Uriel Villegas y su esposa fueron crímenes de Estado

La columna de Federico López Ramírez

Fuerte es el silencio

El Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, calificó, categóricamente, el crimen del juez federal Uriel Villegas y su esposa como un crimen de Estado.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, visiblemente afectada, lamentó el asesinato del joven juez y declaró que había sido matado porque estaba haciendo su trabajo bien, muy bien.

El Gobierno de México dejó en claro que el crimen no quedará impune y en su esclarecimiento trabajarán coordinadamente la Fiscalía General de la Republica -a pesar de su autonomía-, el Poder Judicial y la Presidencia de México. No actuarán cada quien por su lado sino en conjunto, esto es muy importante y, políticamente, muy elocuente.

Fuerte es el silencio, pues en ningún momento se mencionó al gobierno de Colima ni a sus instituciones. A veces, cuando no se habla de alguien el silencio es muy fuerte y elocuente. No se mencionó al gobernador José Ignacio Peralta Sánchez.

Malas compañías

El gobernador de Colima, a pesar del desastroso estado en el que tiene a la entidad, decidió juntarse con malas compañías y tratar groseramente al Congreso. Decidió juntarse con siete malas compañías que más que trabajar por México, en tiempos de pandemia, decidieron hacer grilla barata y ofrecer la defensa de la corrupción, el derroche y la impunidad. De sus seis malos acompañantes tres están en serios problemas de gobernanza por el descuido en que tienen la seguridad en sus estados.

Pues resulta que Jaime Rodríguez Calderón «El Bronco» y su secretario general de Gobierno, Manuel González, han sido judicialmente señalados culpables de haber utilizado a 572 trabajadores del gobierno estatal para recolectar firmas en apoyo de la aspiración presidencial del ex priísta que quiso seguir jugando con la falsa etiqueta de independiente. Y dicho sea de paso, el día 14 de junio se incendió el archivo de la Tesorería del estado de Nuevo León; además, el día 17 del mes en curso, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reiteró que se imponga un castigo, pues éste no es opcional. Ya se verá cuáles son los resultados y el proceder del Congreso de Nuevo León con los infractores: el gobernador Rodríguez Calderón y el secretario de Gobierno Manuel González. Pero de que están en problemas de corrupción lo están de cuerpo entero.

El gobernador Enrique Alfaro, tiene serios problemas para gobernar Jalisco, porque explícitamente ordenó usar la fuerza pública de manera excesiva. Su forma pública de instruir a las policías para reprimir al pueblo tuvo consecuencias en el asesinato del joven Giovanni López. El gobernador fascista olvidó que es autoridad y su discurso es performativo; además, se atrevió a imputar al Presidente de México acusándolo que desde los sótanos de Gobernación estaba desestabilizando su estado. Aplicó el clásico esquema de tratar de solucionar un error cometiendo otro error. El resultado es un estado desestabilizado y endeudado irresponsablemente.

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, es un inepto y su problema es que tiene la mayor cantidad de homicidios dolosos a nivel nacional; está a todo lo que da la violencia promovida y ejecutada por el Cártel de Santa Rosa de Lima, que inició con el huachicol y terminó extendiendo sus actividades ilícitas al tráfico de drogas, la extorsión y el secuestro, que los gobernadores panistas desde Fox hasta el actual dejaron prosperar.

El gobernador se junta con puras fichitas, caras duras.

¡Nacho no estás solo, la BOA te acompaña!

El asesinato del juez federal sólo vino a agudizar la situación de crisis de Colima que se concentra en tres áreas: crisis financiera, de salubridad por el COVID-19 y de seguridad.

El gobernador anda como loco buscando endeudar al estado por consejo de sus malas compañías, producto de su politiquería, pero hace cero política en el Congreso para convencer a los diputados de la necesidad de obtener un crédito por el monto de 722 millones de pesos.

La crisis de salud la está sobrellevando con los recursos que el gobierno federal le está proporcionado, en especie; pero esta crisis de salud también se ha venido alterando por la voluntariosa necesidad de modificar los tiempos que su consejero, Enrique Alfaro, le ha dado con los resultados de un cansancio de la población por tanto encierro, producto de sus fantasías politiqueras.

La crisis de seguridad es muy seria. Pero en esta área el gobernador no está solo, ya tiene compañeros de viaje.

Una facción de diputados del Congreso del Estado, ha decidido ser corresponsable, al no llamarlo a cuentas y fincarle responsabilidades e instruirle juicio político.

La BOA en el Congreso: me refiero a los diputados del partido verde ecologista, el PANAL, el PRI, el PAN, MC y el PRI, de facto, ya formaron un bloque que defiende las acciones del gobernador y ya son corresponsables del asesinato del juez federal Uriel Villegas y su esposa Verónica Barajas.

Al negarse la BOA a instruir juicio político a Peralta Sánchez los convierte en cómplices por omisión; es decir, que Nacho no está solo, ya tiene cómplices.

Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte, calificó el asesinato como un crimen de Estado. ¿Qué es un crimen de Estado? Un crimen de Estado es un acto cometido por un gobierno, es decir, el Estado, o agencia del gobierno que va en contra de las leyes de ese gobierno, el derecho internacional, o derechos humanos definidos por las Naciones Unidas (ONU) u otros códigos de conducta reconocidos.

El asunto es que Arturo Zaldívar considera que un crimen de Estado se comete también cuando particulares cuentan con la complicidad, tolerancia u omisión del Estado.

El gobierno federal, Fiscalía General de la República y el Poder Judicial no convocaron al gobernador a colaborar en las investigaciones y elementos de la Fiscalía General han atraído el caso y se han abocado a la investigación del crimen. Será como lo señala Julio Hernández López en su columna Astillero: ¿mensaje al Estado mexicano o al gobernador del estado de Colima?

Por el momento, desconocemos quiénes son los culpables materiales e intelectuales de los crímenes. Pero tenemos, bien claro que, los diputados del Bloque Opositor Amplio y Peralta Sánchez, son los corresponsables de este crimen y los que vengan. Ojalá y no se den más.

La pregunta es ¿Señoras y Señores diputados del BOA, cuántos crímenes se precisan en Colima para poder enjuiciar al Gobernador? Por lo pronto, felicidades, ya son parte del gobierno desastroso de Peralta Sánchez. Ojalá duerman bien.

 



Media Lab

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