David Díaz Valdez: El Luchador Social y Activista Incómodo

La tarde del 2 de julio, David Díaz Valdez, defensor de los derechos comunitarios en Campos, Manzanillo y uno de los principales opositores a la Termoeléctrica de esa comunidad -debido a la severa contaminación que generaba en la Laguna de Cuyutlán- fue asesinado a balazos.

De acuerdo a los reportes iniciales de las autoridades policiales, los disparos fueron perpetrados por “sujetos desconocidos”, cuando el activista salía de su vehículo, estacionado afuera de un local en el que vendía pescado junto con su familia.

David Díaz Valdez fue liberado el 21 de junio pasado, tras un periodo en la cárcel, acusado de los delitos de «amenazas y ataque peligroso» -de acuerdo a la CNDH- «asociado a la labor de activismo que realizaba y la denuncia pública respecto de los impactos negativos de la construcción de una termoeléctrica en la comunidad de Campos, de esa entidad federativa”.

Díaz Valdez fue un activista que se opuso de manera constante a los proyectos de «desarrollo» promovidos por los gobiernos priístas y panistas de orden neoliberal en Manzanillo, durante los últimos 40 años.

No sólo se opuso a la TermoEléctrica de Campos o a la Terminal de Almacenamiento y Regasificación; también encabezó movimientos en contra del Túnel Ferroviario y de la Ampliación del Puerto de Manzanillo hacia la Laguna de Cuyutlán, e igualmente intentó evitar la instalación de la Gasera Z Gas, por el riesgo que representa para la integridad de los habitantes de la comunidad de Campos.

A Díaz Valdez, de oficio pescador, se le conoció como un férreo y aguerrido defensor del territorio en Manzanillo.

En una entrevista declaró su profundo amor por la tierra y la laguna que lo vieron crecer: “Que le puedo decir a quien, de quien hoy tengo vida, que gracias a la Laguna de Cuyutlán mi madre pescaba y sacaba para mantenernos a mí y mis hermanos, qué le puedo decir yo a la Laguna madre que gracias a ella fui amamantado, gracias a ella recibí esta vida que hoy tengo y que hoy me da tristeza ver cómo la destrozan”.

En el año 2006, David Díaz Valdez recibió la Caravana Zapatista en su casa, en Campos. El movimiento que se denominó «La Otra Campaña» fue alojado por Díaz Valdez en Manzanillo y por la familia de «Don Toño» en San Antonio, Comala. Territorios en disputa y bajo el asedio constante de intereses empresariales. En aquel tiempo, eran pocos los que comulgaban con los movimientos rebeldes en la entidad. Entre ellos se encontraba David, a la postre fundador de Morena en el Puerto.

De acuerdo a la Red de Mexicanos Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), en Manzanillo los gobiernos neoliberales han querido despojar a la comunidad indígena de Campos de su territorio para sus proyectos industriales y portuarios.

«David junto con otras y otros compañeros de Campos, décadas atrás venían denunciando la contaminación de la Termoeléctrica que tiene a gran parte de la población enferma por los gases tóxicos que emana. La Universidad de Colima, bastión y trampolín político del PRI, realizó una investigación de los contaminantes en la comunidad indígena de Campos y jamás dio a conocer los resultados, más aún reservó la información por 12 años cuando le fue solicitada», afirmó, en un comunicado que emitió tras el homicidio de Díaz Valdez.

Tras su detención, hace 8 meses, David Díaz Valdés difundió un mensaje en redes sociales en el que responsabilizó al gobernador priísta, José Ignacio Peralta Sánchez, de su seguridad dentro del penal de Manzanillo, así como al fiscal general del estado, Gabriel Verduzco Rodríguez, y al magistrado de Manzanillo, Sergio Marcelino Bravo Sandoval.

“Yo no tengo conflicto con ningún reo peligroso aquí adentro por el cual me puedan matar; tampoco he intentado quitarme la vida en este penal; si llegara a morir aquí, el Estado es el responsable”, acusó.

El viernes 2 de julio, minutos después del crimen perpetrado contra David Díaz Valdez, un hijo del activista transmitió en vivo desde la cuenta del luchador social y afirmó: “lo mandaron asesinar, ya saben que mi papá luchaba por las personas desprotegidas y como no lo podían callar lo mataron, (pero) ya sabemos quién fue: el gobierno, porque nosotros nunca hemos tenido problemas con el narcotráfico, los que nos conocen saben que nosotros siempre hemos trabajado legalmente y ya sabíamos que lo iban a asesinar”.

Tras el homicidio, la CNDH urgió a la Fiscalía General del estado de Colima que “realice una investigación eficiente, objetiva, pronta e imparcial, en la que se identifique y localice a los autores materiales e intelectuales del homicidio del defensor, considerando particularmente en sus líneas de investigación la labor de activismo que realizaba, pues solo de esta manera se abatirá el ciclo de impunidad que ha subsistido en los homicidios y agresiones a personas defensoras”.