Cuando se realizan acciones judiciales concretas la corrupción es acotada y la sociedad siente un respiro entre tanto discurso y tanta demagogia de los políticos que pretenden engañar a la sociedad. El discurso o la narrativa de la denuncia mediata está dando sus últimos estertores y como instrumento político cada vez está siendo menos efectivo.
Emilio Lozoya concurrió a una audiencia al Reclusorio Norte y quedó detenido porque el juez le ordenó prisión preventiva justificada.
Carlos Treviño ex director de Pemex está siendo buscado porque se le acusa de asociación delictiva y lavado de dinero, pues recibió cuatro millones de pesos por la compañía brasileña Odebrecht, un juez le giró orden de aprehensión.
Isabel Miranda de Wallace sufrió un revés al negársele un amparo por su posible detención, pues es acusada de tortura.
Lorenzo Córdova Vianello fue puesto en su lugar por los diputados por cobrar cifras millonarias, como salario, en un país donde el salario promedio apenas rebasa los seis mil pesos mensuales. Cada vez le es más difícil a él y a su compinche Ciro Murayama Rendón sostener su falsa imparcialidad en el INE.
La sociedad está cuestionando duramente a los jueces y estos están ponderando mejor sus decisiones y, poco a poco, lentamente, pero sin pausa, están tomando mejores decisiones que están poniendo en serios aprietos a los corruptos.
La sociedad está empujando muy fuerte, aunque solamente lo hace a través de las redes sociales. El colapso de los partidos políticos y la crisis de las organizaciones no gubernamentales dejaron sin instrumentos orgánicos a la sociedad para poder gestionar sus demandas sociales. Y sí, solo contamos con las redes sociales, que no es otra cosa que la opinión de los corros de gente que encuentra su resonancia pública en estos instrumentos tecnológicos de la comunicación social.
Y Lorenzo Córdova Vianello y Ciro Murayama Rendón tienen tomado el INE en nombre de la derecha, dueña del dinero y nostálgica del poder total, y groseramente intentan, por todos los medios, y particularmente controlando el INE, contener los procesos de democracia participativa, como la consulta popular y la revocación de mandato. Por eso la tunda que le propinaron los diputados el viernes pasado (5 de noviembre) es la viva expresión del sentimiento de los ciudadanos que reclamamos más transparencia, menos corrupción y más democracia participativa.
Sin embargo, en Colima, la muchacha del discurso incontinente, del lenguaje grosero y coordinadora parlamentaria de Morena –según nota del diario Avanzada– que “En el caso del ex gobernador, Ignacio Peralta Sánchez, la presidenta de la JUCOPO, Viridiana Valencia Varga afirmó que harán todo lo que les corresponda como Poder Legislativo para sancionar, pero no se comprometió con una fecha específica para ello.” No tienen prisa. Prisa solo la tienen en el discurso y en su propaganda política, en cuanto a las acciones se están tomando su tiempo, piensan que los colimenses tenemos la paciencia y el tiempo tropical de los tiempos de la política centralizada.
Siguen con su discurso de denuncia mediática e instrumento político, pero pocas acciones legales, políticas y administrativas para sancionar a los corruptos.
La semana que viene
Para el día ocho de noviembre está señalada la fecha para la comparecencia de Ricardo Anaya, también por el caso de los sobornos de Odebrecht.
Ojalá que los ciudadanos continuemos con la buena racha y los corruptos a la baja, aunque lo más seguro es que la joven promesa política del PAN siga en huida franca, y eso de entrada, ya es ganancia.
También esperemos que Lozoya, con la presión que significa su madre en prisión domiciliaria y su esposa huyendo de una orden de aprehensión, suelte la sopa y los elementos necesarios para que sean procesados los peces gordos, es decir, los políticos de primer nivel.
Se acabaron las consultas, que se les aplique la ley a secas como ellos lo demandaron.
