El Parlamento uruguayo aprobó por una amplia mayoría la “Ley Integral para Personas Trans”, presentada en junio de 2017 por el gobierno del Frente Amplio, que pone al pequeño país suramericano a la vanguardia de los derechos de las minorías sexuales en América Latina.

Por primera vez en la región, el país otorgará un resarcimiento económico a unas cincuenta mujeres trans que fueron víctimas de represión y acoso de agentes estatales desde el inicio de la dictadura, en 1973, y hasta 1989. Pero además, la ley contempla el bienestar de la comunidad trans de un modo amplio, con medidas que consideran su identidad legal, su salud física y mental y su inclusión en el mercado laboral.

A partir de su reglamentación —el gobierno tiene noventa días para hacerlo— las instituciones públicas y privadas deberán promover su inserción en los centros educativos y de salud.

El Estado les otorgó el uno por ciento de las vacantes en la administración pública y los entes privados que provean empleo recibirán beneficios fiscales. También habrá cursos de inserción laboral para esta población de 933 personas según el Primer Censo Nacional de Personas Trans de 2016.

Organizaciones LGBT en América Latina señalan que la expectativa de vida de una persona trans en la región es de 35 años, la mitad que la media. Sus oportunidades laborales también son menores. Según el censo uruguayo, siete de cada diez se prostituyeron ante la ausencia de posibilidades. Una tercera parte está desocupada. Y solo 23 por ciento tiene trabajo formal.

Con la nueva ley, el Estado incluirá a las personas trans en los programas de vivienda, ya que los conflictos familiares que surgen tras asumir su identidad suelen llevarlas al abandono del hogar. Una cuarta parte se va de casa a los 18 años, e incluso antes. “Hablamos de niñas, niños y adolescentes expulsados del hogar”, advirtió ayer el diputado Martín Couto, del partido de izquierda Frente Amplio, quien lucía el pañuelo amarillo distintivo de la campaña #LeyTransYa, al igual que sus correligionarios y algunos opositores.

En los centros educativos no les va mejor: 75 de 100 sufrieron acoso, señala el censo. Apenas nueve de 933 completaron la carrera universitaria y solo un tercio finalizó los primeros cuatro años de secundaria. Ahora el sistema educativo deberá garantizar su inclusión en cada nivel académico y habrá apoyo económico, psicológico y pedagógico.

Además, el Estado cambiará el sistema estadístico para reconocer la identidad de género en el papeleo público. El habitual binomio masculino/femenino de los formularios públicos se diversificará con las categorías mujer o varón trans.

Fuente: New York Times