Tribunal Electoral Federal admite juicio a favor de diputados que se opusieron a la deuda y emite medidas cautelares contra el Gobierno Estatal y el Congreso
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) admitió el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales promovido por las y los legisladores de Morena, Claudia Gabriela Aguirre Luna, Blanca Livier Rodríguez Osorio, Araceli García Muro, Arturo García Arias y Vladimir Parra Barragán, así como por las diputadas del Partido del Trabajo, Ana Karen Hernández Aceves y Mayra Yuridia Villalvazo Heredia.
El 30 de julio pasado fue publicado en los estrados electrónicos del Tribunal Electoral el Acuerdo mediante el cual el órgano jurisdiccional admitió el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de las y los diputados locales que se opusieron a la aprobación de la deuda. Las diputadas y diputados reclamaron la violación a sus derechos en la sesión virtual número 11 y los actos de violencia que les impidieron acceder a la sesión número 12 en la que se aprobó el crédito.
En un segundo acuerdo, publicado el 7 de agosto y basado en los elementos aprobados en la Sesión del 5 de agosto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concedió garantías a favor de las y los diputados y estableció que será la Sala Regional de Toluca la que resuelva el fondo de los actos reclamados.
“En sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, el pasado cinco de agosto, se determinó que la competencia para el asunto es de la Sala Regional Toluca y emitió medidas cautelares en favor de las actoras y los actores, para que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, se abstenga de realizar cualquier acto de violencia u obstrucción en perjuicio de las personas promoventes”, establece el acuerdo publicado en los estrados electrónicos del órgano electoral.
En el Acuerdo de la Sala Superior se emiten medidas de protección a favor de las y los diputados locales que se negaron a aprobar el crédito de 740 millones de pesos al Gobierno del Estado y se ordenó:
- Al Congreso del Estado de Colima que se abstenga de realizar cualquier acto de violencia en perjuicio de las personas promoventes.
- A las personas señaladas como responsables y cualquier miembro del Congreso del Estado de Colima deberán abstenerse impedir a la parte actora el ingreso a las instalaciones legislativas, sea el acceso presencial o virtual.
- Se ordena al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, para que se abstenga de realizar cualquier acto de violencia u obstrucción en perjuicio de las personas promoventes.
El acuerdo aprobado por el Tribunal Electoral también requirió a las autoridades responsables informe sobre las medidas de protección otorgadas a las y los diputados de Morena y PT en un plazo de 24 horas a partir de la notificación y de no emitirse esta información se establecerán las sanciones consideradas en la legislación electoral.
Las medidas otorgadas por el máximo órgano electoral del país a diputadas y diputados de Morena y PT que se opusieron a la deuda estarán vigentes hasta que la Sala Regional de Toluca se pronuncie respecto a ellas, como parte del juicio de protección a los derechos político electorales SUP-JDC-1631/2020.
El juicio para la protección de los derechos político electorales de las y los diputados fue el primer recurso promovido en contra de la aprobación de la deuda de 740 millones de pesos al Gobierno del Estado; el segundo recurso fue una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la violación de derechos fundamentales de diputadas y diputados; y el tercero fue una Acción de Inconstitucionalidad por los actos aprobados y publicados respecto al crédito, promovido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Aquí puedes leer los resolutivos del Tribunal Electoral:
