La Coordinadora Socialista Revolucionaria (CSR), en conjunto con algunos ciudadanos y estudiantes, dieron a conocer a través de las redes sociales, que comenzaría a recolectar firmas contra el alza en el transporte público que los concesionarios y la Secretaría de Movilidad han estado comentando en las últimas semanas.
Integrantes de la CSR comentaron que con el pretexto del descuento universal para estudiantes, los concesionarios del transporte público buscarán que la tarifa en el transporte se incremente a $10 sin el compromiso de mejorar las unidades.
Agregaron que se oponen categóricamente al aumento, ya que las y los usuarios del transporte público, que son estudiantes y trabajadores, quienes lo usan diariamente, destinan una parte importante de su salario por el servicio, el cual tiene serias deficiencias; reafirmando que “no estamos dispuestos a pagar por unidades están en mal estado, por una baja frecuencia y la ausencia de paraderos adecuados.
Además comentaron que los concesionarios justifican el aumento a la tarifa con la entrada en vigor el descuento universal, sin embargo, un estudio hecho por expertos en movilidad invalida el aumento ya que el 70% de las y los estudiantes de entre 6 y 11 años 70% van a sus escuelas caminando, lo que significa que solo habría 4 mil usuarios más en todo el Estado, lo que dividido entre los diferentes municipios y rutas, se trata de un número muy bajo.
Comentaron que el mismo gobernador del estado reconoce esta estadística, y agregaron que los camiones gastan la misma cantidad de combustible y tienen el mismo desgaste lleven o no pasaje, por lo cual no encuentran justificación para el aumento.
Recordaron que en 2017, los concesionarios incrementaron la tarifa de $6 a $8 con la condición de que se capacitara a los operadores, se renovara el parque vehicular, se cumpliera con los horarios especialmente los fines de semana, se formalizara el trabajo de los operadores, se instalaran paraderos oficiales, se mejoraran las unidades y se incrementara en un 20% la frecuencia, cuestión que a tres años de ese último aumento no se ha cumplido.
En cuanto a los choferes de las unidades comentaron que “son trabajadores bajo condiciones laborales precarias, sin sueldo fijo, prestaciones de ley ni seguridad social, con largas jornadas de trabajo, sin horarios asignados para comer o hacer sus necesidades y expuestos a la inseguridad que impera en Colima.”
Cabe recordar la manifestación en 2017, cuando fue asesinado a golpes un chofer al negarse a ser asaltado por segunda ocasión, pues tendría que endeudarse más con su patrón.
Comentaron que el aumento se trata de un “berrinche político, pues los concesionarios quieren demostrar que tienen el control de la movilidad, un tema que debería abordarse ante todo como un servicio público y no como un negocio.”
Finalmente dijeron que rechazan el aumento de la tarifa y exigieron a los Diputados, Gobierno del Estado y los demás miembros de la Comisión Mixta que no cedan ante los chantajes de los concesionarios“; además de que exigieron a la Secretaría de Movilidad que cumpla con elcompromiso de accesibilidad al transporte, el cual es opuesto a dicho aumento; además de que “si los concesionarios no pueden brindar un servicio de calidad, accesible a las mayorías populares y otorgar seguridad laboral a los choferes, que dejen la concesión.”
