Rechazar reformas a la Ley de Educación fue desoír necesidades del magisterio y la clase trabajadora: Claudia Aguirre

La diputada por el distrito electoral I, Claudia Gabriela Aguirre Luna, consideró que al rechazar enmiendas a diversos artículos de la nueva Ley de Educación para el Estado de Colima, la mayoría legislativa desestimó las necesidades del magisterio local adherido a la Sección 39 del SNTE.

A decir de la diputada por Morena, se debieron incluir al menos 8 adiciones o reformas a la redacción con que fue aprobada la Ley, en la sesión realizada la víspera en el Congreso del Estado.

Desde su óptica, el nuevo ordenamiento estatal está “hecho a modo de la autoridad gubernamental”.

Y es que, advirtió, en el Artículo 89 de la Ley debió incluirse una redacción que obligara al Estado a brindar la atención médica necesaria a las maestras y maestros del magisterio local.

El Artículo 89, fracción 1, quedó aprobado así: “Las prestaciones de seguridad social que se otorguen a los trabajadores dependientes de la Dirección de Educación Pública de la Secretaría de Educación serán proporcionadas por el Gobierno del Estado, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima”.

Sin embargo, la Legisladora por Morena propuso adicionar el siguiente párrafo: “en el caso del servicio médico privado para los trabajadores de la educación, el Estado seguirá prestando servicios médico-asistenciales a los trabajadores de la educación, pensionados y beneficiarios, agremiados a la sección 39 del SNTE, de conformidad con el convenio suscrito con la representación sindical”.

Propuesta que fue rechazada por la mayoría legislativa integrada por el PRI, PAN, MC, Nueva Alianza, Partido Verde, Juntos por Colima e independientes toda vez que comprometería al Gobierno Estatal a brindar de manera oportuna y eficiente un servicio que ha venido descuidando en detrimento de las y los trabajadores del magisterio.

En un video publicado en sus redes sociales, Claudia Aguirre señaló que la propuesta de Ley de Educación fue redactada por la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado y “desoye las inquietudes más profundas y los reclamos de justicia del magisterio local, de las y los trabajadores de apoyo a la educación que están adheridos a la Sección 39 del SNTE”.

“La nueva Ley de Educación surge sin el consenso con las bases”, afirmó.

Claudia Aguirre criticó que la legislación aprobada ayer “nace deficiente, pues sólo obedece a los intereses cupulares y da pie a que centenas de trabajadoras y trabajadores queden en el limbo en cuanto a algunas de sus prestaciones más sentidas y necesarias como las de salud”.

Esta nueva Ley –advirtió- “como fue aprobada dejará en desamparo a las y los maestros de la Sección 39, así como al personal de apoyo en cuanto a servicios médicos; de por sí, ya deficientes ante las constantes irregularidades que presenta la operación del Instituto de Pensiones del Estado de Colima”.

“La nueva Ley deja en la zozobra también en escenarios de ruptura de la relación laboral, puesto que la Comisión que se propuso para dirimir estos temas estará constituida mayoritariamente por representantes patronales. No hay equilibrio, lo que podría representar inequidad en las determinaciones de orden laboral”, afirmó.

Para Claudia Aguirre, “queda claro que el Congreso del Estado desoyó nuevamente el mandato del Pueblo y aprueba una Ley que le queda muy a modo a las autoridades estatales, que han sido omisas y han actuado de manera lastimosa en contra del gremio magisterial de Colima. Con el silencio cómplice de la dirigencia sindical”.

En la misma sesión, la diputada local presentó una proposición con Punto de Acuerdo para que el Secretario de Administración, Kristian Meiners Tovar, cumpla las atribuciones señaladas en la Ley de Pensiones.

También se solicitaba en el Acuerdo que el director del Instituto de Pensiones, Hamín Legaspi, informase al Congreso a cuánto asciende el monto de créditos que han sido solicitados al IPECOL y el motivo por el que no se han otorgado, así como un estado de cuenta detallado del monto de adeudos que los sujetos obligados tienen con la clase trabajadora. La propuesta fue rechazada por las y los diputados de la nueva mayoría legislativa.