Presenta JIPS proyecto de nuevo libramiento; recula sobre comprometer ISN pero solicitará al Congreso «garantizar» con participaciones federales
El Gobierno del Estado de Colima presentó la iniciativa relacionada con el nuevo libramiento mediante un esquema de Asociación Pública Privada que comprometería recursos de participaciones federales para garantizar la «viabilidad financiera» de la empresa originaria de Guadalajara que invertiría en la construcción de la «vía rápida».
El año anterior, la misma iniciativa llegó al Congreso del Estado; sin embargo, no prosperó en comisiones -entre ellas- la Comisión de Desarrollo Urbano que presidía la legisladora por Morena, Claudia Gabriela Aguirre Luna, puesto que se opuso a comprometer los recursos correspondientes al Impuesto Sobre la Nómina durante más de 20 años.
Mediante un comunicado de prensa, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez anunció que enviará en próximos días al Congreso del Estado, una iniciativa relacionada con el proyecto privado Libramiento Colima, Vía Rápida, de cuatro carriles, con el objetivo que por esa vía circule el transporte de carga pesada, cuyo destino no sea la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez y así disminuir riesgos para quienes circulan por el actual Libramiento de Colima.
En la rueda de prensa virtual, el mandatario estatal explicó que se pretende que el actual libramiento “Ejército Mexicano” quede exclusivamente como tramo urbano, enviando el tráfico pesado al nuevo libramiento, que comprenderá alrededor de 23.5 kilómetros, con lo que se extreman las medidas de seguridad para evitar accidentes viales y peatonales, sobre todo, el paso de sustancias tóxico-peligrosas que circulan a diario por el actual libramiento.
“Nuestro interés es un tema que tiene que ver con la seguridad de la población y estamos haciendo lo posible para que el proyecto salga adelante”, dijo Peralta Sánchez.
Este proyecto se plantea con base en la Ley de Asociaciones Público-Privadas y tiene su origen en una Propuesta No Solicitada (PNS) presentada por un desarrollador privado, a quien se le otorgará un contrato de prestación de servicios bajo criterios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y un título de concesión con base en la Ley de Caminos y Puentes del Estado de Colima, lo que permitirá que la construcción del libramiento nuevo y su mantenimiento no cueste ni un peso de recursos públicos.
En tanto, el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Jesús Sánchez Romo, señaló que el nuevo libramiento carretero contendrá el aforo de vehículos pesados que pasan por el actual libramiento, pues diariamente circulan 39 mil 200 vehículos, de los cuales 6 mil 200 son de carga pesada y ponen en peligro a 50 mil habitantes que se concentran en el área.
De acuerdo al comunicado, el proyecto generará 3 mil empleos directos, más los indirectos y 60 empresas se verán beneficiadas con esta obra, teniendo como única restricción el gobierno estatal que no pase el transporte pesado al área urbana.
En el marco de los estragos económicos ocasionados por la contingencia del Covid-19, este proyecto beneficiará al desarrollo y reactivación económica de la población.
Aunque la fuente de pago de esta vialidad será el costo de peaje pagado por los usuarios del tramo carretero, se aclara que los vehículos colimenses de uso doméstico con placas estatales que deseen circular por esa nueva vialidad no pagarán peaje.
También se informó que el primer modelo de dicho proyecto se planteaba garantizar con el impuesto sobre la nómina el pago de las inversiones remanentes en caso de que el Gobierno del Estado extinguiera la concesión de la carretera.
Agregó que, tras gestiones de Gobierno del Estado, en este segundo modelo, solo se impone una restricción para que en la zona urbana no pase el transporte pesado; en caso de que el Gobierno del Estado no cumpliera, garantizará el pago del flujo de máximo cuatro meses de lo que es el aforo que se pierde por no aplicar la restricción.
Es decir, se está formulando una fianza garantizable de inversión por 65 millones de pesos a partir de las participaciones federales y, que el proceso de gestión de la solicitud de la fianza garantizable se presentará ante el Congreso del Estado.
