El Estado de Derecho es un concepto que refleja la necesidad de un país o una entidad por lograr que su población habite en condiciones de certidumbre en el goce pleno de sus derechos humanos, con énfasis en los derechos políticos, económicos y sociales. Es decir, al haber Estado de Derecho, existe una alta probabilidad de que cada persona, al efectuar su vida cotidiana e interactuar con instituciones de gobierno, empresas y otros individuos, lo haga con la confianza de que no se le vulnerará en su integridad y libertad personal, patrimonio, justicia e interés público.
Desafortunadamente, países como México y entidades federativas como Colima, no atinan a lograr consolidarse en Estados de Derecho fuertes, que puedan garantizar a su población el vivir bien y sin amenazas a su vida, derechos y libertades como seres humanos. Sin embargo, para evitar la subjetividad en este tipo de afirmaciones, se requiere dar seguimiento en el tiempo a mediciones que le ponen número (indicador objetivo) a cada factor relacionado con alcanzar las condiciones adecuadas de certidumbre en la posibilidad de vivir y desarrollarse por mérito propio.
Una de estas mediciones es la que elabora la organización internacional World Justice Project que, además de ofrecer un Índice de Estado de Derecho a nivel internacional, en el que agrupa, a través de un ranking, a distintos países por su nivel de cumplimiento en los factores asociados al Estado de Derecho; publica cada año el llamado Índice de Estado de Derecho en México, el cual mide, comparativamente, la capacidad de las 32 entidades federativas para construir condiciones pertinentes de certidumbre en el respeto a los derechos políticos, económicos, sociales y demás de su población.
Este índice por entidad federativa refleja, sin lugar a duda alguna, que el estado de Colima experimenta un franco deterioro en su capacidad para construir, fortalecer y conservar la solidez de su Estado de Derecho. Esta entidad ha pasado de ser la número 12 en 2019-2020, es decir, de estar por arriba de la media nacional y cercana al top 10, a tener en la medición más reciente (2021-2022), la posición 17. El estado de Colima cayó 5 posiciones en este índice y está ahora por debajo del promedio en el país, con un nivel que históricamente es el peor en cuanto a su capacidad para hacer frente a factores que amenazan el bienestar de su población.
¿Por qué se está desboronando el Estado de Derecho en Colima? El mismo índice ofrece la respuesta. En donde más se ha retrocedido es en los límites que tiene el poder gubernamental, concretamente en la existencia de un fuerte sistema de pesos y contrapesos, que asegure sea posible limitar los excesos y los abusos del poder que ejercen las instituciones sobre la población, mayormente, las que pertenecen al ejecutivo. En este rubro, Colima como entidad ha pasado de la posición 3, una de las mejores del país, a la 22, una de las peores, en términos comparativos.
También, a Colima como estado le ha ido muy mal en el tema de ausencia de corrupción, esto es, en el número de casos de corrupción e intensidad de estos que se presentan en el ejecutivo, el legislativo, el judicial y las instituciones de seguridad. En este indicador se retrocedió del lugar 5, uno de los mejores del país, a la posición 13, muy cercano al promedio nacional. El estado de Colima también ha tenido caídas drásticas en factores como cumplimiento regulatorio, orden y seguridad, derechos fundamentales. Es de destacar que todos estos aspectos están asociados al actuar de quienes ostentan alguna posición de poder público.
En términos generales, Colima como entidad vive hoy una mayor debilidad en su adhesión al Estado de Derecho, lo que representa que su población se encuentre más expuesta a ser afectada en su ritmo normal de vida, patrimonio, bienestar personal y familiar, así como en su posibilidad de progreso. Abordar este tema desde el ámbito del poder público implica asumir cada quien la responsabilidad legal que le corresponde, camino positivo que comienza y podría permanecer en el mediano plazo con un actuar ético impecable de los tres titulares de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial estatales. Podrán hacerse miles de esfuerzos titánicos en otras partes, pero recuerden que los problemas se solucionan atacando su raíz.
