La represión, asesinato, exclusión y discriminación institucional, o gubernamental, contra los más valiosos periodistas mexicanos, -o aquellos que no se venden a los gobiernos, incluidos los de los intolerantes gobernadores morenistas, en turno, -o tampoco a perversos intereses económicos y privados-, lejos de disminuir con la presidencia de López Obrador, van aumentado, a tal grado que del 2021 a la fecha, han sido asesinados 42 periodistas, lo cual coloca a nuestra desgraciada nación en el primer lugar de crímenes dolosos, contra todos aquellos que practicamos y ejercemos un periodismo analítico, que no busca congraciarse con ninguna autoridad política, sino difundir la verdad de todos aquellos abusos de poder y crímenes de lesa humanidad, que tienen en el espacio de la barbarie y la impunidad nacionales, a casi todo el país, donde el sistema de justicia además de junto con la inmensa mayoría de los ministerios públicos, es funcional a semejante estadio de terror, que parece no preocuparles en serio ni al presidente de la República, ni a las autoridades estatales y municipales.
Pero por más dinero que tales autoridades gasten en propiciar el ya conocido “chayote”, y las mentiras viles del periodismo traidor a las problemáticas más sentidas por la población, como ya es costumbre en los sucesivos gobernadores colimenses, y la inmensa mayoría del periodismo local, colimote, hasta la fecha, las trágicas verdades salen a la luz, pues como ha documentado la organización no gubernamental, de alcance mundial, Global Witness, además de los 42 periodistas vilmente asesinados, en el mismo periodo señalado, también fueron asesinados a mansalva, 51 activistas medioambientales, de los 200 que fueron ejecutados a nivel mundial, por lo que México es otra vez, el número uno a escala planetaria en asesinar eco/activistas, con el 25 por ciento del total planetario, muy por encima de naciones tan bio/diversas como Colombia, Indonesia, Brasil o Filipinas.
Pero para agravar aún más las cosas, en el año 2021, también fueron asesinados 101 candidatos a puestos de elección popular.
Es muy importante subrayar al respecto, que más allá de la narrativa tradicional, ante semejante proceso de Genocidio por Omisión que sufrimos en México, no son sólo los miembros del crimen organizado o los narcotraficantes los responsables de tales crímenes, sino que alrededor del 50 por ciento de éstos, son responsabilidad de políticos, empresarios, y agentes privados, sea para extender la frontera del aguacate a costa de los bosques, -como ha sucedido en las 12 mil hectáreas devastadas de los bosques volcánicos entre Jalisco y Colima, en los últimos diez años-, para apropiarse de terrenos mineros, o incluso para imponerse en determinados procesos electorales.
Cabe apuntar al respecto, que como apunta el antropólogo, Harold Nieburg, tales procesos de violencia no trastornan el sistema económico y político vigente, sino que le son drásticamente funcionales.
Pues implican alianzas móviles entre gobernantes, políticos, empresarios y miembros del crimen organizado, interesados en tener una mayor tajada de las economías de mercado a escala local o regional.
Al mismo tiempo, el politólogo francés especialista de la violencia en México, Romain Le Cour, apunta que en ese sentido, la narrativa oficial de fiscalías y ministerios públicos, constreñida a los asesinatos in situ y a los directamente responsables, debe ampliarse y contemplar en sus veredictos, las implicaciones y consecuencias sociales, en este caso, de los 42 periodistas asesinados, al igual que los 51 eco/activistas, y pasar a desentrañar las causas económicas, políticas y sociales, de tan arteros crímenes, que al final de cuentas afectan a comunidades o regiones enteras, y no nada más a la persona acribillada.
Sin olvidar la urgente depuración de fiscales, jueces y ministerios públicos, que en un alto porcentaje no están al servicio de la verdad judicial y la justicia, sino de los infractores de la legalidad y los criminales de toda laya.
Donde Colima no es la excepción.
Al respecto, no podemos dejar de lado, que tal cúmulo de inaceptables asesinatos, van de la mano de una agresión constante a los derechos humanos, y los derechos periodísticos de opinión y crítica independientes a los poderes, políticos, económicos o criminales, establecidos.
Es por ello, que en su último informe, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en boca de su secretario general, el señor António Guterrez, ubica a México entre los primeros 42 lugares de los países con mayor violación, represalias, y agresión, incluidos asesinatos, contra los activistas de los derechos humanos, y periodistas, de entre los 193 miembros de dicha organización.
A todas estas personas, víctimas de la represión gubernamental o privada, se les ha aplicado, distorsionando las leyes, una legislación restrictiva, siendo víctimas de una vigilancia policial o criminal, física o a través de los medios digitales, señala el informe de la ONU. Publicitado recientemente.
Es por ello, que los antropólogos, Thomas Blum Hausser, y Finn Stepputat, hablen de la existencia de soberanías de facto, de carácter metalegal, que resultan altamente implicadas en los crímenes de lesa humanidad, contra los defensores de los derechos humanos.
Soberanías de facto, muchas veces sobre puestas a las autoridades legales, electas y formales, que supuestamente gobiernan determinado municipio o estado mexicano, pues como sucede en el estado de Michoacán, tales soberanías criminales están incidiendo ya de modo determinante en los cobros y precios de la luz, la electricidad, el transporte público y privado, (microtaxis o trailers de transporte de mercancías), los alimentos, el aguacate, la minería y hasta la recolección de basura, sin que el gobierno estatal o federal, sea capaz de diseccionar analíticamente estas soberanías de facto, y atacar con todo a estos nodos político/empresariales y criminales, que además y desde hace tiempo, están influyendo en numerosos procesos de elección popular.
Donde Colima y Jalisco, no son la excepción.
