Entre tanto estercolero, basura, insultos y cosas peores, el documento impecable, presentado por el Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, organizaciones no gubernamentales pro derechos humanos y ciudadanos, ante la sociedad, solicitando la renuncia y la reposición del procedimiento del nombramiento del presidente de la CDHEC, es un remanso que alienta y genera esperanza de que no todo está perdido.
El documento es impecable porque presenta argumentos morales, éticos, políticos y legales para demostrar que el señor Roberto Ramírez no debe presidir la Comisión de los derechos humanos. Lejos dejaron los insultos, las descalificaciones y, sobre todo, la victimización como recursos para defender algo legítimo.
El Congreso Local debe reponer el procedimiento porque quedó claro que actuaron bajo consigna y con ello violentan toda legalidad y legitimidad. Sostienen en su documento.
Para mí lo más significativo y político es que los legisladores perdieron la confianza de los ciudadanos y, por tanto, los ciudadanos ganaron el derecho de enjuiciarlos popularmente por su felonía.
Estos ciudadanos argumentan que “por ser una evidente violación a la Constitución General de la República, que encierra discriminación y violencia política hacia las mujeres que participaron en esa convocatoria y rompe con el principio de progresividad también mandatado por el Artículo Primero Constitucional, consideramos un grave retroceso en los avances del reconocimiento de los derechos de las mujeres y de lograr la igualdad sustantiva”.
Indicaron que “en un acto totalmente reprobable utilizaron a dos mujeres de las aspirantes, incluyéndolas en la terna, para no emitir un solo voto por ellas; votaron por un hombre, a sabiendas de que la titularidad de la CDHEC le corresponde constitucional y legalmente a una mujer”.
Me gustó que no victimizaran a las mujeres, que se pusieran al tú por tú con orgullo, decoro y fuerza moral. Vamos, me encantó la defensa de gran altura. Por ello es urgente que todo el Congreso les ofrezca una disculpa pública a estas mujeres que fueron ofendidas por un Poder público con alevosía y ventaja.
También es cierto que el señor Roberto Ramírez está, de entrada, usurpando un puesto. Su designación corresponde a una distribución de cuotas de poder entre los políticos corruptos –en este caso del Prian y de Movimiento Ciudadano- que ofende a la sociedad colimense. Pues su designación es la negación de cualquier atisbo de autonomía de dicha comisión. Su nombramiento está manchado de origen, por tanto, está destinado a ser un presidente bastardo y su estigma le niega toda posibilidad de poder ejercer un cargo tan noble y tan importante como es la defensa de los derechos humanos.
Roberto Ramírez es ya un presidente bastardo y su único camino es la renuncia.
Si fue nombrado por el poder corrupto y corruptor del Prian y de Movimiento Ciudadano no tendrá la más mínima autonomía del Poder Ejecutivo para la investigación imparcial de las denuncias de los derechos humanos que le presente los ciudadanos, en consecuencia, su presencia en la Comisión es de utilidad cero.
Roberto Ramírez fiel al espejo de los corruptos del Prian-MC declaró que quienes no estén de acuerdo con su nombramiento están en su derecho de ejercer la acción que consideren convenientes ante la resolución del Congreso. Declaraciones propias de un cínico que se sabe protegido por el poder corruptor.
El documento de los cinco consejeros, 50 ciudadanos y, además, suscrito por 17 organizaciones civiles considera que el proceso de selección del titular de CDHEC por parte del Congreso local presentó vacíos desde el lanzamiento de la convocatoria, que no previó ajustarse a la paridad constitucional federal ni local en el proceso de elección, aun cuando los representantes populares aprobaron estos ordenamientos por mayoría de votos en la actual legislatura.
Las organizaciones y ciudadanos exigieron al Congreso dar cumplimiento a la Ley de Paridad de Género, para dar certeza a la ciudadanía en la elección de ombudsperson bajo los principios de legalidad, justicia, democracia y paridad, en un contexto en el que en sus casi tres décadas de existencia la CDHEC ha sido presidida solo por hombres.
Impecables los argumentos de los defensores de los derechos humanos colimenses. Yo estoy seguro que más temprano que tarde este tipo maniobras pasarán a la historia por la fuerza moral, ética y política de este tipo de organizaciones que están del lado de los ciudadanos y cuestionan el poder autoritario y corrupto como el Congreso y el Ejecutivo locales.
El Congreso debe ofrecer disculpas y reponer el proceso. Roberto Ramírez debe renunciar.
