Los programas y acciones del gobierno estatal: pulverizados, duplicados y poco evaluados
Por Damián Lugo
Inicia el año y con ello un nuevo ejercicio fiscal para el estado de Colima. Recientemente, se aprobó y publicó el Presupuesto de Egresos Estatal para el ejercicio fiscal 2021 (PEE 2021), mismo que contiene, entre otras cosas, el destino de los recursos públicos de la entidad. En una entrada anterior mencioné que la discusión del Presupuesto se centra cada año, principalmente, en los montos que se asignan a cada dependencia o entidad de la administración. Y que era necesario analizar y revisar más a fondo la estructura programática, administrativa y presupuestal para mejorar la calidad de la acción gubernamental.
Idealmente, la estructura programática debería estar conformada por programas y acciones que atiendan las causas de los problemas públicos de la entidad (estar bien diseñados), contar con los recursos necesarios para cumplir con sus objetivos, atender a todas o la mayor parte de las personas que padecen el problema, y ser evaluados constantemente (tanto para la mejora continua como para la rendición de cuentas).
Sin embargo, en este texto muestro, con base en la información disponible en el Presupuesto de Egresos, el Micrositio de Presupuesto Basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño, las matrices de indicadores y las reglas de operación; algunos ejemplos de que la estructura programática del Poder Ejecutivo se caracteriza por estar pulverizada, duplicada y poco evaluada.
La estructura programática del Poder Ejecutivo está pulverizada en programas cuyo presupuesto es insuficiente para contribuir sustantivamente a cumplir con sus propios objetivos. De acuerdo con el PEE 2021, casi la mitad de los programas (22 de 45) tiene un presupuesto asignado igual o menor a 30 millones de pesos (mdp), de los cuales, 60 por ciento (9 programas) cuenta con un monto asignado igual o menor a 15 mdp. En cambio, hay únicamente tres programas (6.66 por ciento) que disponen de un presupuesto mayor a 500 mdp. Así, el programa presupuestario denominado “Infraestructura Social” pretende “contribuir a la realización de obras de infraestructura social que cubran los servicios necesarios para reducir la pobreza y el rezago social”, con un presupuesto asignado de tan solo 3 mdp. O, el programa de Apoyo a Grupos Vulnerables con Discapacidad que, con 6.5 mdp, pretende elevar la calidad de vida de este sector mediante su inclusión y respeto a sus derechos.
La pulverización de los programas favorece, además, la duplicidad de las acciones y apoyos. A pesar de la existencia de un instituto específico para la discapacidad en el estado (el Instituto Colimense para la Discapacidad), el DIF estatal realiza acciones dirigidas a este sector. Igualmente sucede con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedescol) y el DIF que, en 2020, entregaron apoyos similares o iguales: dotaciones alimentarias (véase, por ejemplo, el programa de Sedescol denominado “Alimentado Capacidades” y el programa del DIF estatal “Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención Prioritaria”). Está situación es problemática porque incrementa los costos de operación de la acción gubernamental, mismos que podrían destinarse a mejorar los bienes y servicios que provee el sector público.
La situación es aún más grave cuando las acciones o apoyos que brindan los programas distan de ser las pertinentes para atender eficazmente las necesidades y problemáticas de la población. Queda poco claro, por ejemplo, cómo con la entrega de despensas se garantiza el ejercicio pleno del derecho a la alimentación. Indudablemente, cualquier persona o familia que reciba los apoyos obtendrá un beneficio, pero muy probablemente su situación de vulnerabilidad o pobreza persistirá.
La baja calidad de la acción gubernamental para transformar las condiciones de vida de la población no es la excepción en gobiernos que evalúan insuficientemente sus programas y acciones. La evaluación permite, entre otras cosas, conocer si los programas y acciones atienden las causas de los problemas públicos y con ello mejorar las condiciones de vida de la población. Sin embargo, de acuerdo con el Micrositio de Presupuesto Basado en Resultado y Sistema de Evaluación del Desempeño (Pbr – SED), en 2019 sólo existe una evaluación publicada de las acciones que realiza el Poder Ejecutivo.
La pulverización de los programas y acciones del Poder Ejecutivo no solo impide que sea capaz de contribuir a resolver sustancialmente los problemas públicos, sino de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de la población colimense. Mejorar la acción gubernamental requiere necesariamente de políticas públicas bien diseñadas, estructuras administrativas eficientes y un eficaz y eficiente uso de los recursos públicos.
