La presidenta Griselda Martínez tenía razón, una vez más exhibe a diputados y a gobierno del Estado por violar procesos legislativos; aprobaron y publicaron modificación a Ley y resultó inconstitucional
El máximo tribunal del país validó la controversia constitucional presentada por la alcaldesa en octubre de 2019
A través de un comunicado de prensa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firme la controversia constitucional que promovió la presidenta Griselda Martínez, el 10 de octubre de 2019, en contra de la LIX Legislatura y de la pasada administración estatal, quien mediante el Decreto 138 invalidó que las escuelas públicas dejaran de pagar los derechos de incorporación a las redes de agua y drenaje de la CAPDAM, así como el servicio de agua potable, drenaje y saneamiento al organismo operador de agua local (CAPDAM).
Es de mencionar que este máximo Tribunal, consideró que la LIX Legislatura violó el respectivo proceso legislativo, ya que la reforma a la Ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos del agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Manzanillo, fue llevado de manera unilateral por el Congreso local, pues de acuerdo con la fracción IV del artículo 115 de la Constitución General exige a las legislaturas de los Estados que se les dé participación a los municipios, pues son éstos los facultados para proponerles las cuotas y tarifas aplicables a los derechos que deban cobrarse en sus territorios.
Lo aprobado por diputados y diputadas de la pasada Legislatura fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el 3 de septiembre de 2019, lo cual adicionaba tales consideraciones en la fracción IV del artículo 10 y la fracción III, del artículo 11, de la Ley que establece las cuotas y tarifas para el pago de derechos por los servicios públicos del agua potable, alcantarillado y saneamiento sólo para el municipio de Manzanillo.
En ese sentido y con dispensa de todo trámite, en la Sesión Pública Ordinaria No. 22, celebrada el 22 de agosto de 2019, se presentó la iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, a través de la diputada Rosalva Farías Larios, misma que fue aprobada con la votación mayoritaria de las y los legisladores:
Vladimir Parra Barragán; Ana Karen Hernández; Blanca Livier Rodríguez; Araceli García Muro; Arturo García Arias; Julio Anguiano Urbina; Martha Meza Oregón; Rogelio Rueda Sánchez; María Guadalupe Berver Corona; Lizet Rodríguez Soriano; Ma Remedios Olivera Orozco; Francisco Javier Rodríguez García; Luis Fernando Antero Valle y Gretel Culin Jaime.
Es de recordar, que luego de que la alcaldesa Griselda Martínez, junto con el director de Asuntos Jurídicos, Alejandro Sandoval, acudieran a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 10 de octubre de 2019 a presentar la controversia constitucional, la cual fue notificada de admitida el 26 de octubre por el actuario judicial del Juzgado 2° de Distrito, Sergio Díaz; 18 días después, el 28 de octubre de 2019, durante la 27ª Sesión Extraordinaria del Consejo de Administración de la Comisión de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Manzanillo expuso su rechazo ante una franca violación al artículo 115 Constitucional, específicamente en su fracción III inciso a), al aprobar el Decreto 138 que exentaba del pago de derechos de conexión de agua potable, drenaje y saneamiento a inmuebles de domino público, en menoscabo de la hacienda pública municipal, sin tomar en cuenta al ayuntamiento, además de haberlo hecho de manera exclusiva para el municipio de Manzanillo.
En sesión de CAPDAM a la que acudieron las y los diputados, de la LIX Legislatura, por Manzanillo e integrantes de dicho Consejo: Luis Fernando Escamilla, Ana María Sánchez, Ana Karen Hernández, Gretel Culin, Martha Alicia Meza y Rogelio Rueda, la alcaldesa al motivar esa inconstitucionalidad, pidió a las y los tribunos, presentaran sus respectivas renuncias por la aprobación de esas condiciones en contra de la recaudación manzanillense, en caso de que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fallara a su favor.
No obstante, casi tres años que duró el proceso legal, la presidenta Griselda Martínez, dijo que esta resolución del máximo órgano del Poder Judicial de la Nación, le da la razón y protege al municipio dando todas las facultades para cobrar los servicios de agua, drenaje y saneamiento a los inmuebles públicos.
