Gobierno Estatal comisiona a Policías Estatales a cuidar a dueños de la empresa Citrojugo

Desde el 31 de diciembre del año pasado, Policías Estatales están comisionados a la protección de los dueños de la empresa Citrojugo en el municipio de Tecomán: Sigifredo Gudiño Toscano y Daniel Gudiño Ochoa, consuegro y yerno del propietario del Diario de Colima, Héctor Sánchez de la Madrid, tío del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez.

De acuerdo a un Oficio de Comisión que fue revelado por una fuente reservada en materia de seguridad, un grupo de Policías Estatales fue asignado al resguardo de los empresarios que operan Citrojugo y Siccar Farms, ubicadas en calle Pípila número 545, colonia San Francisco Javier, en la zona sur de la cabecera municipal de Tecomán.

El oficio que fue emitido el 31 de diciembre de 2019 por el director general de la Policía Auxiliar, Juan Carlos Sánchez Mestas, y está dirigido a los elementos policiacos comisionados señala: «le comunico que esta Dirección General, con fundamento en los Artículos 2, 4 y 152 Fracción XXXI y 162 último párrafo de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Colima, lo comisiona a partir del 01 de enero de 2020 y hasta nueva orden a las instalaciones de la empresa CITROJUGO S.A. DE C.V., ubicada en Pípila #545 colonia San Francisco Javier, Tecomán, Colima, lugar donde deberá ponerse a disposición para recibir su nueva encomienda».

Así, se advierte que el Gobierno del Estado de Colima continúa comisionando a elementos de seguridad pública para el resguardo de empresarios particulares a pesar de que en tareas similares fueron asesinados 7 policías estatales en la zona limítrofe con Jalisco, el mes pasado.

De acuerdo a la información proporcionada por la fuente a 7AM Noticias, los elementos comisionados a la empresa Citrojugo fueron identificados en un punto de revisión de fuerzas federales y locales pues viajaban en un grupo de camionetas, sin identificación oficial y portaban armas de fuego. Allí, fue que los policías estatales entregaron el documento referido.

El pasado 28 de mayo, 10 policías que custodiaban a inversionistas mineros y al hermano del diputado Rogelio Rueda y su padre fueron secuestrados en la zona limítrofe con Jalisco; el 29 de mayo, 3 elementos mujeres y los dos civiles fueron liberados por sus secuestradores, mientras que el 1 de junio fueron localizados los cuerpos de 7 policías, sin vida y con visibles señas de tortura, en una camioneta en la comunidad de Cedros, en el municipio de Manzanillo

El Congreso del Estado citó a comparecer por esos hechos al Gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, al Secretario General de Gobierno, Arnoldo Ochoa González y al entonces Secretario de Seguridad Pública, Enrique Alberto Sanmiguel Sánchez (que renunció a su cargo, minutos antes de la comparecencia).

En la comparecencia virtual, el gobernador Nacho Peralta aseguró que no era la primera vez que se solicitaba este tipo de servicios para esos empresarios sino que era la tercera ocasión.

Sostuvo que él sólo tuvo conocimiento de las dos primeras y dijo que fue el entonces Secretario de Seguridad Pública quien, sin consultarlo, autorizó prestar el servicio de cerco de seguridad a los civiles aunque -reconoció- fue su secretario particular, Adalberto Negrete Jiménez, quien remitió el oficio al despacho del Secretario de Seguridad.

Ese día, el titular del Ejecutivo dijo tener varias solicitudes de este tipo por parte de otros empresarios, sin haber revelado nombres ni fechas.

El Congreso del Estado de Colima se ha manifestado en contra de este tipo de prácticas. Y es que, desde la óptica de los diputados locales, se está financiado la seguridad de privados con dinero público, lo que vulnera la seguridad de la mayoría de los colimenses en momentos como los actuales.

Morena busca que se regulen comisiones a Policías Estatales

Hace unos días, ante el homicidio de los 7 policías estatales, el coordinador de la Bancada de Morena en el Congreso del Estado, Vladimir Parra Barragán, presentó una iniciativa de reforma con la que se pretende establecer mayores restricciones para que las corporaciones policiacas no presten servicios de escolta a particulares ni a funcionarios del Gobierno, salvo a la figura del Gobernador del Estado, a los altos mandos policiacos, así como a las personas que conforme a la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado deba prestárseles por el tiempo necesario y en la forma y cantidad adecuada.

Los cambios planteados se centran en los artículos 106 y 110 de la Ley Estatal de Seguridad Pública para estipular que “la función de seguridad pública no podrá bajo ninguna circunstancia ser objeto de concesión a particulares. El Estado y los Municipios no podrán prestar servicios de seguridad, custodia, traslado de valores, protección y vigilancia de personas o instituciones particulares, bajo ninguna modalidad, salvo lo dispuesto en el artículo 110 de esta Ley y lo previsto en la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima”.