Por Héctor Tapia, reportero de MetaPolítica.mx
La llegada de la “Nueva Normalidad” en México arrojó un nuevo esquema que hasta hace pocos meses no estaba en los cálculos de nadie: un frente de gobernadores en abierta oposición a todas y cualquiera de las medidas económicas, sanitarias, políticas y sociales emanadas de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Desde mayo de este año los gobernadores de Durango, José Rosas Aispuro Torres; Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón; Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís; Colima, José Ignacio Peralta Sánchez; Jalisco, Enrique Alfaro; y Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, han conjuntado acciones trazando una suerte de camino propio en oposición a las directrices del gobierno federal.
La prensa nacional no tardó en bautizar al nuevo grupo como “frente de gobernadores anti-AMLO”.
El origen del grupo estuvo específicamente en el rechazo a la inversión privada en energías limpias que decretó el gobierno federal. Desde entonces, y en distintas ocasiones, los mandatarios del bloque anunciaron la creación de un frente para pelear legalmente en contra de las decisiones de AMLO, derivadas de las supuestas afectaciones que tendrían sus respectivas entidades.
Más tarde, y siempre en grupo, insinuaron una revisión del pacto fiscal —el sistema tributario que acopia y distribuye las ganancias derivadas de los impuestos en el país—, rechazaron las medidas de la llamada “Nueva Normalidad” impuesta por la Federación, y se reunieron para elaborar planes alternativos con base en lo que ellos consideran el bienestar de sus propios gobernados.
Un detalle no menor, sin embargo, ha llamado la atención de numerosos analistas en todo el país: los siete estados cuyos gobernadores son parte de este acuerdo aparecen, en todas las mediciones, entre los más endeudados.
Algunos analistas ya lo han expuesto explícitamente. El pasado martes el columnista de El Universal Salvador García Soto aseguró que “una vez que terminen con la lista de los 15 grandes deudores, en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), nos dicen, están armando un nuevo expediente que, si se decide hacer público va a ser explosivo: gobernadores que han utilizado empresas fantasma y factureras para justificar gasto y erogaciones del presupuesto federal”.
El columnista agregó que “tienen ubicados varios casos de gobiernos estatales en donde se contratan los servicios de estas empresas ilegales y que se dedican a la defraudación fiscal, los más avanzados, nos dicen Michoacán y Tamaulipas”.
En tanto, el periodista Ignacio Rodríguez —fuertemente identificado con el gobierno de AMLO— destacó que “SAT y UIF, dedicadas a combatir la corrupción en México, ya dijeron que van contra Tamaulipas y Michoacán”.
Hasta ahora resulta imposible saber la veracidad de la información. El hecho es, sin embargo, que al menos dos gobernadores del grupo podrían ser investigados a la brevedad por problemas tributarios. Y la realidad actual de cada uno de los siete indica que en el corto plazo podrían sumarse más.
La sospecha latente es: más que un frente de políticas alternativas a las directrices federales, se trataría en realidad de un intento colectivo de protegerse del asedio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El mismo asedio que llevó a Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), a hablar de “terrorismo fiscal”.
La realidad de cada estado
Un repaso por la situación financiera de cada uno de los siete estados, y específicamente respecto de la deuda que mantienen, arroja algunas luces.
Hay que aclarar que en todos los casos los niveles se endeudamiento, hasta donde se sabe, se encuentran dentro de la norma. Pero también es un hecho que ese endeudamiento se opone directamente a los deseos de AMLO, quien en reiteradas ocasiones ha llamado a evitar contraer más deuda y llegó incluso a anunciar un fondo de 60 mil millones a repartir para que los estados no tengan que endeudarse más.
Mientras tanto, en los Estados de oposición la realidad va al revés.
En Coahuila, según información de la Secretaría de Finanzas estatal, al inicio de su administración el gobernador priista Miguel Ángel Riquelme Solís recurrió a un crédito por 978 millones 047 mil pesos con el Banco Multiva.
Según medios locales, la deuda heredada por el exgobernador Rubén Moreira sumaba 36 mil 290 millones de pesos, que en el primer mes de Riquelme crecieron a 37 mil 250 millones de pesos.
En Colima, gobernado por José Ignacio Peralta Sánchez, la deuda oficial del Gobierno del Estado asciende a más de 3 mil millones de pesos, integrada por los rubros de deuda directa, indirecta y adeudos de ejercicios anteriores. La información fue dada a conocer el 25 de octubre del año 2019 por el propio Poder Legislativo de esa entidad, que también destacó que “la deuda reportada se incrementó en 129.1 millones de pesos más”.
No es lo único. En febrero de este año la revista Proceso reportó que desde su llegada al gobierno, el mandatario Peralta Sánchez había aumentado su patrimonio de cerca de 11 millones de pesos a casi 29 millones.
En Durango, el gobernador José Rosas Aispuro Torres aseguró en octubre del 2019 que se había hecho uso de créditos de corto plazo, pero que no eran deuda pública.
“Estamos con créditos de corto plazo, que es distinto a lo que hemos planteado de un crédito que no es para gasto corriente. Sería para infraestructura, para inversión productiva, no para pagar nóminas”, dijo.
En Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez es considerado uno de los principales gestores del aumento de la deuda en el estado. Si bien durante su campaña política aseguró que “no habría ni un solo peso de deuda”, como mandatario la dejaría por sobre los 33 mil millones en caso de aprobarse un crédito aún pendiente por 6 mil 200 millones de pesos.
En Michoacán, Silvano Aureoles Cornejo contrató en siete meses deuda pública de corto plazo por 3 mil 900 millones de pesos, según señaló en diciembre del 2019 el diputado de Morena Alfredo Ramírez Bedolla.
“En 2018 se adquirió deuda por 300 millones de pesos el 13 de septiembre, y por 400 millones el 30 de noviembre; durante el presente año se contrató un crédito de 800 millones el 30 de marzo, otro por mil 700 millones el 5 de septiembre, y uno más el 26 de abril por 700 millones”, dijo el legislador.
En Nuevo León, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón contrató en marzo deuda adicional por dos mil 895 millones de pesos.
Según el diario El Financiero del día 13 de marzo pasado, “pese a que Carlos Garza, tesorero general de Nuevo León, informó que la entidad redujo el peso de su deuda respecto a sus Ingresos de Libre Disposición al pasar de 117.8 % en el 2018 a 112.9 % el año pasado, lo cierto es que el monto de deuda se ha incrementado 26 % en la presente administración”.
Finalmente, en Tamaulipas el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca logró que el pasado 8 de abril el Congreso del estado le autorizara solicitar un crédito por 4 mil 500 millones de pesos para atender la emergencia por la pandemia de COVID-19.
Sin embargo, el periódico El Sol de México indicó que “la iniciativa presentada por el mandatario estatal no especificó los proyectos o necesidades puntuales a los que se asignará el recurso económico sin embargo, el crédito se pagará en un plazo de 20 años con cargo a las participaciones”.
Cifras de Terror
Al menos cinco fuentes distintas fueron consultadas por este medio para establecer el nivel de endeudamiento. En todas, los siete estados mencionados aparecen al menos en la primera mitad de los más endeudados a nivel nacional. Las cifras abarcan hasta el 2019, por lo que ni siquiera contemplan las nuevas deudas adquiridas en los últimos meses.
El 5 de enero de este año, el portal sinembargo.mx aseguró que “los estados de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Quintana Roo tienen el grado de endeudamiento más preocupante de las 32 entidades federativas a nivel nacional”.
También publicó un recuadro que indicaba que los siete estados de la lista, excepto Jalisco, tenían un preocupante nivel de endeudamiento en relación a sus ingresos de libre disposición. En el caso de Coahuila y Nuevo León, esta proporción superaba el 100%.
Otras fuentes coinciden. De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), hasta 2018 Nuevo León tenía la mayor deuda per cápita del país. Coahuila, la tercera. Colima, la novena. Michoacán, la doceava. Durango, la treceava. Tamaulipas, la onceava, y Jalisco la veinteava.
El centro aclaraba también que “normalmente, entre mayor endeudamiento o mayor riesgo, se paga un interés más alto”.
Finalmente, en noviembre del año anterior el portal Cuestione, dirigida por el periodista y colaborador de Naciones Unidas Andrés Pascoe Rippey, elaboró una gráfica que confirmaba que estos siete estados estaban en problemas financieros.
La publicación llegó a decir incluso que “si comparamos cómo ha crecido la deuda desde 1993, vemos que estados como Coahuila, Colima, Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz, Zacatecas, Durango Nayarit, Tamaulipas, Michoacán, Chiapas, Morelos la han multiplicado varias veces”. Es decir, seis de los siete estados parte del bloque anti-AMLO aparecían cuestionados.
Para el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), “la deuda pública no es ni buena ni mala, sino un instrumento de financiamiento que bien utilizado puede detonar la inversión, desarrollo económico y bienestar para las personas”.
Sin embargo, alerta la misma publicación, “mal empleada puede comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas, la operación del Gobierno y la provisión de servicios a la población”.
Por ahora, queda por ver si el ya conocido bloque de gobernadores contra las directrices del gobierno federal no busca, en realidad, una fórmula política para blindarse de las hasta ahora implacables garras de la SHCP.
