La función correcta de un gobierno democráticamente elegido, es la de transparentar el gasto publico pues han sido votados solo para administrar el bien de todos. Para ello anualmente el congreso, que es el depositario de la voluntad popular, autoriza el gasto bajo petición razonable del propio gobierno y este tiene la obligación de ejercerlo cuidadosamente. Así es como funcionan las finanzas públicas, siempre bajo una previa planificación anual. No hacerlo es contravenir la voluntad popular, pues no se elige a gobernantes para que dispongan libremente de la riqueza social.
Pero como venimos de gobiernos no democráticos, elegidos mediante partidos fraudulentos, compravotos y chapuceros, los gobiernos resultantes manejaban el gasto público a su antojo, sin preocuparse del agotamiento presupuestal, pues siempre podían recurrir a la deuda pública, o a saquear fondos y fideicomisos destinados a la seguridad social. Para ello contaban siempre con los congresos estatales y el propio Congreso Federal. Y el gasto aumentaba por el costo implícito de los “moches” a diputados de oposición siempre maiciados. De estos manejos resulta la desviación de recursos públicos para renglones de uso personal para gobernantes y gabinete, que siempre habían sido ejercidos a discreción.
El Gobierno de la Republica cambio, pues a pesar de la pandemia, la Austeridad Republicana ha demostrado que hay muchísimas formas de construir el ahorro en el gasto público, sin afectar las obras y los servicios regulares del Estado. Hacerlo requiere de otra visión en el acto de gobernar, que por supuesto ya no pasa por el enriquecimiento personal, ni por el dispendio o la burda exhibición del poder con gastos ostentosos. Se requiere aprender a gobernar en la justa medianía, privilegiando el bienestar de las grandes mayorías.
Podemos entender que al gobierno del estado de Colima, como ya lo hizo el de Jalisco, no les haya ajustado el presupuesto claramente aprobado por el congreso, ya que sabemos de su comprometido gasto a discreción para sostener a ciertos medios de comunicación, periódicos y estaciones de radio, que también vienen de aquella misma normalidad fraudulenta en el gasto público. Gastos en muchísimo personal que no figura en las plantillas de empleo legalmente aprobadas. Gasto en toda una estructura informal de aviadores que reciben pago por compromisos de toda índole, y en fin todo un mundo de gastos personales, familiares y de ornato, que por su naturaleza no pueden ser facturados. Sin olvidar el dinerito patrimonial del gobernante y su gabinete.
Hasta ahora el Congreso del Estado de Colima ha sido consecuente con su función de cuidar el dinero publico pues ese es su encargo. Debemos suponer que el asedio que ha venido ejerciendo el Gobierno del Estado para doblar o comprar diputados por todos los medios, pone a prueba sobre todo a los representantes de Morena y del PT, ya que los setecientos millones que pide son para cubrir todo ese conjunto de gastos que ya mencionamos, y que los propios diputados conocen a todas luces y claramente saben que no son legales.
Aprobar el crédito de 700 millones de pesos que pide el Gobierno del Estado, conociendo el ya existente endeudamiento público y sobre todo, sabiendo que existe todo un mundo de malos manejos, solo puede ser posible mediante la presión corruptiva a diputados que previamente tengan compromisos con el gobierno, y que pesen más que la limpieza en su encargo. Espero que ningún diputado de Morena o del PT esté en esa situación.
