FGR rompe el silencio: tiene pruebas de que Anaya recibió sobornos por casi 7 mdp a cambio de su voto por la Reforma Energética

Indica que altos funcionarios de Odebrecht Brasil, como Hilberto Mascarenhas Alves, Marcelo Odebrecht, Luis Alberto Meneses Weyll, entre otros, señalaron en actas ministeriales en dicho país, su intención de obtener, a partir de 2012, controles y contratos en operaciones sustantivas en el área petrolera mexicana.

#FGRInforma: Versión pública caso Odebrecht/Ricardo “N”. pic.twitter.com/OZK9beR4zP

— FGR México (@FGRMexico) August 25, 2021

Para ello, entregaron sobornos a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), como un primer pago por 10 millones de dólares, para garantizar el control sobre esa producción petrolera.

En la denuncia que Emilio Lozoya presentó a la FGR en 2020 señaló que recibió instrucciones “superiores” para entregar 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya, para que votara a favor de la reforma energética que privatizaría la producción petrolera mexicana, en favor de empresas extranjeras, como Odebrecht Brasil.

Según consta en diligencias ministeriales, dicha cantidad le fue entregada a Ricardo Anaya por una persona de confianza del propio Emilio Lozoya cuyo nombre es Norberto Gallardo; monto que le entregó a Ricardo Anaya en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en 2014.

“Posteriormente, y de conformidad con lo señalado en el Diario de Debates de la Cámara de Diputados, donde se aprobó la reforma constitucional en materia energética, quedó constancia de que Ricardo Anaya votó a favor de la misma”, puntualiza el documento.

Los testigos Miguel Pérez Esquivel (chofer de Lozoya) y Froylán Gracia Galicia (ex colaborados cercano) manifestaron haber presenciado diversas visitas de Ricardo Anaya y otros legisladores, a las oficinas de Emilio Lozoya, en la Dirección General de Pemex, lo cual quedó asentado en diligencias ministeriales

“La secuencia de todas las diligencias señaladas, que pueden aportarse en versión pública, más otras adicionales, evidencian una línea clara y consecuente de hechos delictivos que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y a empresas extranjeras, con todas las consecuencias económicas y sociales que México ha sufrido», señala la fiscalía.

Todo lo cual ya ha quedado debidamente judicializado en casos vinculados con el presente asunto, los cuales ya son del dominio público.

“De conformidad con los artículos 212, 261, 313 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se señala que, en la etapa de investigación inicial, de audiencia inicial y de vinculación a proceso, el Ministerio Público de la Federación sólo necesita exponer al juez de control los datos de prueba con los que considere que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión”, enfatiza la versión.