“Que se logre que haya elecciones limpias y libres, y que no haya fraude electoral (…) que encontremos, que sí los hay, mujeres, hombres íntegros, rectos, demócratas, sinceros, para que sean los que conduzcan los procesos electorales”
— Pdte. Andrés Manuel López Obrador
Desde hace ya algún tiempo, nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que para garantizar la transformación profunda de México, era necesario echar a andar una Reforma Electoral que recuperase la credibilidad de las Instituciones que regulan los comicios y den verdadera certeza a los procesos democráticos, esto, a través de la elección de los Consejeros y Magistrados Electorales por parte de la ciudadanía y no de los partidos, lo que implicaría una reestructuración radical del sistema electoral actual.
Fue así, que, en el mes de abril del presente año, el Presidente presentó dicha propuesta y la semana pasada, la Cámara de diputados comenzó su discusión. Sin embargo, es necesario señalar que, desde un inicio, la Reforma ha sido blanco de ataques infundados y desinformación, por lo que resulta necesario repasar los puntos principales de la iniciativa.
De inicio, es mentira que la Reforma Electoral pretenda eliminar al Instituto Nacional Electoral (INE) sino que se busca fortalecerlo absorbiendo las funciones de los órganos electorales locales reduciendo la burocracia y ampliando sus capacidades para la aplicación de consultas (las cuales serían vinculantes con la participación del 30% de participación), es por ello que su nombre cambiaría a INEC (Instituto Nacional de Elecciones y Consultas) y mantendría su autonomía.
En ese sentido, se buscaría que los procesos electorales reduzcan sus costos, los cuales ascienden a $20 mil millones de pesos, al igual que las percepciones de los Consejeros Electorales que rondan los $350 mil pesos al mes. Así mismo, el número de los mismos Consejeros pasaría de 11 a 7 y serían propuestos por los 3 poderes de la Unión y electos de manera natural por voto popular en elecciones abiertas, es decir, por el pueblo, con el fin de que el órgano electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no estén integrados por cuotas partidistas.
En cuanto a los partidos políticos, el número de sus diputados pasaría de 500 a 300, mientras el de senadores pasaría de 128 a 96. Además, sólo recibirían financiamiento público durante las campañas electorales y se reducirían sus tiempos de propaganda política en radio y televisión a sólo 30 minutos.
Todos estos puntos estipulados en la propuesta de Reforma Electoral, planteada por el presidente Andrés Manuel, demuestran que se busca reivindicar a la ciudadanía como la fuente de poder y representación de las Instituciones, con gente integra y honesta que garantice la imparcialidad y la legalidad de los procesos democráticos.
