“El neoliberalismo, por lo tanto, elimina la responsabilidad del estado, le hace renunciar a sus prerrogativas tradicionales e impulsa la paulatina privatización de estas.”
Carlo Bordoni, Estado de crisis.
La situación actual que vive el estado de Colima, es de una crisis permanente, los niveles de inseguridad a los que hemos llegado, la vulnerabilidad en la que nos encontramos los ciudadanos colimenses, es totalmente contradictoria con la propuesta de campaña del actual ejecutivo estatal cuyo lema de fue “Vas a vivir feliz… ¡seguro!”. La falta de acciones concretas, y que partan de un análisis serio sobre la efectividad de las políticas que se está desarrollando en este sexenio, es verdaderamente preocupante.
Según estadísticas del Secretariado Ejecutivo, en lo que va del año 2020, respecto del análisis que realizan sobre el número de delitos cometidos por cada 100 mil habitantes, Colima tiene 6 de 7 delitos que monitorea el Secretariado Ejecutivo, por encima del promedio nacional. Somos primer lugar en homicidios dolosos, en feminicidios y en robo a casa habitación; además, tenemos el tercer lugar en extorsión. El año pasado estuvimos en una situación parecida. De la misma forma, 6 de 7 delitos que monitorea el Secretariado Ejecutivo estuvieron por encima del promedio nacional. Es decir, que el año pasado tuvimos el primer lugar en homicidios dolosos y en robos a casa habitación, y tercero en feminicidios.
Con todo lo anterior, es evidente la enorme inseguridad que se vive en el Estado desde hace varios años, pero especialmente en esta administración estatal existe un incremento alarmante y una espiral de violencia descrita por medios nacionales como la revista Proceso, que recientemente tituló una nota “Colima se calienta sin freno”, en la que se describe cómo el Estado de derecho que le corresponde garantizar al gobierno estatal está ausente, al igual que nuestro Gobernador en este y muchos otros ramos de la administración pública.
Aquel Colima en el que se vivía con gran tranquilidad, cuya seguridad era un referente nacional, en el que un solo homicidio se convertía en una preocupación estatal, ya no existe, los malos gobiernos neoliberales permitieron que la corrupción y la impunidad fueran una forma de gobierno, desgobernaron en seguridad pública, desarrollo económico y crecimiento social, y gobernaron solo para hacer negocios al amparo del poder público y enriquecerse.
Por eso decidimos llamar a comparecer al Gobernador, al Secretario de Gobierno y al Secretario de Seguridad Pública (este último terminó renunciando antes de presentarse) porque necesitábamos, en principio, que se aclarara el trágico suceso, que se le informe a la ciudadanía y la familia de estos policías sobre lo que ocurrió. Además, que se nos aclarara sobre las irregularidades que hubo en las decisiones tomadas, nuestra exigencia a las autoridades, en este tema y en los demás casos lamentables que se han presentado en el estado, seguirá siendo de exigencia sobre los esclarecimientos de los hechos y sobre el castigo de los responsables. Pero, además, que haya un reconocimiento de que las decisiones que se están tomando no están funcionando, y por ello la exigencia para hagan acciones contundentes y se cambie la estrategia fallida de seguridad, que se haga justicia en este caso como en el de cientos de colimenses víctimas de la violencia y no haya más impunidad.
Por esta razón presentamos en reciente sesión de congreso local una iniciativa para que elementos de seguridad pública no puedan prestar servicios particulares, y para que ningún funcionario o ex funcionario cuente con escoltas pagados con el erario, a menos que lo justifique su investidura o la ley estatal de protección a víctimas. Las condiciones de la seguridad pública del Estado y de los municipios en la entidad, no hace pertinente que los policías sean comisionados a la prestación de servicios particulares, en los que se distraigan de su principal función que es brindar seguridad a toda la población y no sólo a quienes de forma particular puedan pagarla, por ello, es que proponemos suprimir esta posibilidad legal, porque frente al panorama actual, se requiere se usen todos los elementos y recursos para brindar seguridad en las calles para todos y no para unos cuantos.
Además, existen elementos de las distintas corporaciones de seguridad pública, incluidas las de procuración de justicia, prestando servicios a la seguridad personal de exgobernadores, ex rectores y en general de exfuncionarios y sus familias, cuyos sueldos y demás prestaciones son pagados por el Estado, distrayéndose de esta manera no solo al personal sino los recursos públicos a fines distintos de los previstos en ley.
No es posible que en varios municipios no exista presencia alguna de patrullas de la Policía Estatal y sí haya elementos de esa institución cuidando a políticos como el ex gobernador Fernando Moreno Peña o Mario Anguiano. Eso es inaceptable. Los policías deben cuidar a la población de Colima, a la gente, no a la clase política que aún pretende conservar privilegios.
Es tiempo de que este tipo de privilegios cesen, que podamos salir del estado de crisis permanente al que nos han llevado los malos gobiernos del PRI, de que nuestros policías ya no sean utilizados como personal de unos cuantos, de que nuestros policías dejen esas encomiendas y se dediquen a cuidar de la población en general y así asegurar su integridad y bienestar. Además, debemos velar por la integridad de los elementos, que, hasta el momento, siguen padeciendo carencias en cuanto a sus condiciones laborales.
