Dirigencias Nacionales del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano respaldan a sus legisladores integrantes en la Comisión Permanente
•La iniciativa presidencial vulnera el equilibrio de poderes y es innecesaria porque ya existen disposiciones vigentes en la Ley.
•México cuenta con nosotros para salir adelante de esta difícil situación pero en el marco de la Ley.
Las dirigencias nacionales de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano expresaron su total respaldo a sus legisladores en la Comisión Permanente, quienes anunciaron su decisión de no apoyar la celebración de sesiones extraordinarias para hacer modificaciones a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
La iniciativa presidencial y el dictamen que promueve Morena no debe aprobarse porque atenta contra el equilibrio de poderes establecido en la Constitución, ya que el Ejecutivo invadiría responsabilidades de la Cámara de Diputados y además tendría un manejo discrecional de los recursos públicos.
De igual modo, es innecesario cualquier otro cambio porque ya existen disposiciones vigentes en la Ley ante diversos escenarios, para que la Cámara de Diputados sea la que formule su opinión y sea el Ejecutivo el que resuelva de conformidad con las prioridades aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.
Las dirigencias nacionales expresaron su más amplia disposición de apoyar al país en esta difícil situación, derivada de la epidemia de COVID-19, desde la Cámara de Diputados y en el marco de lo que establece la Ley.
México cuenta con nosotros para salir adelante, pero no será a través de una reforma que establezca un manejo discrecional de los recursos públicos al Gobierno Federal, sino mediante los instrumentos legales previstos en la Constitución y fortaleciendo las atribuciones del Congreso de la Unión.
Reiteramos un apoyo decidido a los 26 legisladores de nuestros partidos políticos, 13 titulares y 13 sustitutos, que el día de hoy rechazaron la realización de un período extraordinario para la aprobación de iniciativas que vulneren el orden constitucional.
