A través de un comunicado de prensa, la. diputada manzanillense, Isamar Ramírez Rodríguez, acudió al Senado de la República acompañando a la Senadora Citlalli Hernández y al Senador César Cravioto, a la presentación de una iniciativa de reforma para que en la legislación federal se reconozca la violencia ácida como tentativa de feminicidio, y las víctimas de este delito puedan acceden a la justicia. Es así que las y los legisladores morenistas proponen reformar la Ley General de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, el Código Penal Federal y la Ley General de Víctimas.
También se contó con la destacada participación de María Elena Ríos, quien fue agredida con ácido por el exdiputado del PRI Juan Antonio Vera Carrizal, en Oaxaca; y de diversas sobrevivientes de violencia ácida como Blanca, Sandra Montiel y María del Carmen Márquez, quienes además entregaron 45 mil firmas ciudadanas solicitando que se lleve a cabo dicha reforma.
Esta iniciativa cuenta con el respaldo de las Diputadas del Congreso de la Ciudad de México, Marcela Fuente y Nancy Núñez; la Diputada de Veracruz Itzel López; y la Diputada Citlalli Calixto de Guerrero.
En la propuesta de iniciativa se establece que la Secretaría de Salud deberá desglosar la información relativa al número de víctimas que se atiendan en los centros y servicios hospitalarios para que sea posible distinguir los tipos de violencia que se ejercen y elaborar estadísticas precisas al respecto.
Además, busca establecer garantías de reparación integral a víctimas de violencia ácida para que tengan acceso a servicios de curación, cirugía reconstructiva, rehabilitación, atención psicológica y asistencia jurídica durante el tiempo que sea necesario para su completa recuperación.
Con lo anterior, se busca que una vez aprobado los Congresos de las entidades federativas tengan 120 días para armonizar sus legislaciones en esta materia.
Mencionó que desde el grupo parlamentario de Morena, seguirán legislando a favor del acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación.
