Congreso presentará denuncia penal contra Gobierno del Estado, FGE, DIF y Ayuntamientos de Colima, Villa de Álvarez y Manzanillo por desvío de aportaciones de trabajadores que debieron enterarse a IPECOL

El Congreso del Estado de Colima aprobó un punto de acuerdo para que el representante jurídico del Poder Legislativo formule ante la Fiscalía General del Estado (FGE) una denuncia penal en contra de los funcionarios del Gobierno Estatal, Dif Estatal Colima, Fiscalía General del Estado, así como de los municipios de Colima, Villa de Álvarez y Manzanillo que resulten responsables del desvío de aportaciones de los trabajadores al servicio de esas instituciones que debieron ingresar a las cuentas del Instituto de Pensiones del Estado de Colima (IPECOL).

Al punto de acuerdo, presentado por la diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, se adhirieron las diputadas de la Cuarta Transformación Ana Karen Hernández, Blanca Livier Rodríguez Osorio así como los diputados Arturo García Arias y Vladimir Parra Barragán. La propuesta fue avalada por la mayoría de legisladores que integran el bloque Morena y PT mientras que los del PAN, PRI, MC, Partido Verde y Nueva Alianza estuvieron ausentes al momento de la votación o no emitieron su voto.

La diputada local por Morena, Claudia Aguirre Luna, sostuvo en la exposición de motivos del punto de acuerdo que derivado al análisis que ha realizado al observar las omisiones que han tenido el Gobierno del Estado, el DIF Estatal, la FGE, así como los Ayuntamientos de Colima, Villa de Álvarez y Manzanillo se podría configurar el delito de desvío de cuotas y aportaciones.

«Desde la perspectiva de esta legisladora, se actualiza por parte de los integrantes de diversos entes gubernamentales estatales y municipales, quienes tienen bajo su responsabilidad realizar puntualmente retenciones a sus trabajadores, mismas que deberían ser reportadas al Instituto de Pensiones del Estado de Colima y que, sin embargo, no son entregadas; generando adeudos injustificados e ilegales con el Instituto, en perjuicio de los trabajadores de los órdenes de gobierno estatal y municipal», afirmó.

Recordó que en el Congreso del Estado «hemos realizado distintas acciones para instar al IPECOL, para que cumpla con sus obligaciones y realice las acciones legales necesarias para cobrarle a los entes públicos patronales las aportaciones que no le han sido debidamente entregadas».

Sin embargo, agregó, «sea por miedo o por incompetencia que este ente ha fracasado en dicho objetivo. Siendo notorio el caso de su exdirector (Édgar Alejandro Chávez Sánchez) que prefirió renunciar a afrontar las consecuencias legales de su negligencia, creyendo ingenuamente que con su renuncia evadiría las consecuencias legales de su pésima actuación».

Para la diputada Claudia Aguirre, el nuevo titular del IPECOL, Hamín Legaspi Soto, «no es distinto», pues «ha quedado claro que obedece a intereses ajenos al bienestar del Instituto de Pensiones y a los trabajadores a quienes debería servir».

Y es que, agregó, hace unas semanas se le pidió al funcionario que enviara al Congreso un informe de las acciones que ha emprendido para la recuperación de adeudos pero la respuesta fue «mediocre y pusilánime». Lo que para la legisladora representa evidencia de «la implementación de una estrategia dilatoria para evitar el ejercicio de las acciones legales que tiene a su alcance y que por supuesto perjudicaría los intereses de quienes lo llevaron a dicho puesto».

El 6 de febrero de este año, el ex director de IPECOL, Edgar Alejandro Chávez Sánchez, compareció ante el Congreso del Estado y reveló que diversos organismos estatales y municipales presentaban adeudos ante ese Instituto de Pensiones: el Gobierno Estatal más de 134 millones de pesos, la Secretaría de Educación (Sección 39) 86 millones de pesos, el Ayuntamiento de Manzanillo 40 millones de pesos (deuda heredada por Gabriela Benavides Cobos), entre otros.

Claudia Aguirre lamentó la falta de acciones contundentes por parte del Instituto de Pensiones por lo que consideró urgencia acabar con esa mala práctica de desviar los recursos de los trabajadores. Una práctica «que a todas luces constituye actos de corrupción».

La legisladora por Morena refirió que por la naturaleza de la comisión de este ilícito no se «requiere de querella alguna para su investigación», por lo que basta con que el Legislativo presente por conducto de su representante jurídico la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado para que ésta actúe y realice las indagatorias necesarias.

Lo siguiente es que el Congreso del Estado, por conducto de su representante jurídico, formule ante la Fiscalía General del Estado, la denuncia correspondiente en contra de servidores públicos del Poder Ejecutivo Estatal, DIF Estatal, Fiscalía General del Estado, Municipio de Colima, Municipio de Villa de Álvarez, y Municipio de Manzanillo, que pudieran resultar imputados por el delito previsto en el artículo 233 Bis 3 del Código Penal  para el Estado de Colima, como desvío de cuotas y aportaciones de los trabajadores.

Asimismo, se solicitará al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, para que de acuerdo al numeral 21 fracción XIV de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima, se realice la apertura del procedimiento respectivo de investigación para el fincamiento de responsabilidad administrativa en contra del Exdirector y del actual Director del IPECOL.