Congreso expide nueva ley orgánica de la Comisión de Derechos Humanos

Con la finalidad de armonizar a la legislación federal vigente, así como
para dar más soporte a sus actividades y atribuciones, la LIX
Legislatura expidió la nueva Ley Orgánica de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Colima.

Es mencionar, que la de inicio se publicó en el Periódico Oficial del
Estado el 30 de mayo de 1992, siendo Carlos de la Madrid Virgen el
gobernador en turno, y la última reforma a tal ordenamiento se hizo el
01 de junio de 2019, y en dicha Ley no se encuentra reconocida la
autonomía de la Comisión.

Esta nueva Ley Orgánica, atiende dos iniciativas que fueron estudiadas
por las Comisiones Legislativas correspondientes; una que proponía
reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones, presentada por la
diputada Ma. Remedios Olivera Orozco y la propuesta de Roberto Ramírez,
presidente de la Comisión de Derechos, de expedir un nuevo ordenamiento
para el funcionamiento general de tal organismo.

De acuerdo con las consideraciones, la Rosalva Farías Larios, señaló que
la actual ley, tiene disposiciones desfasadas a la norma jurídica
vigente y que una muestra de ello lo establecido por el artículo 3, que
establece que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima es el
organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio
propio, de control constitucional, autónomo y con participación de la
sociedad civil, a través de su consejo, que tiene como objeto la
observancia, promoción, protección, estudio y divulgación de los
derechos humanos.

Añadió que el término se encuentra obsoleto, puesto que, de acuerdo con
la Constitución Federal y la Constitución Local, la Comisión Estatal de
Derechos Humanos es un organismo constitucionalmente autónomo,
“contrario a lo que establece la propia Ley Orgánica”.

Dentro de las innovaciones previstas, se reconoce la autonomía de la
Comisión de Derechos del estado de Colima y se establece el
procedimiento a seguir en los recursos interpuestos ante la comisión,
así como establecer las pruebas admisibles.

La legisladora dijo que se crea el Órgano Interno De Control y las
facultades y atribuciones de este, “también se actualiza las funciones y
atribuciones de los puestos que requiere la Comisión”.

Agregó que una de las innovaciones más importantes es la creación de la
Visitaduría Especializada, la cual conocerá sobre quejas por presuntas
violaciones a derechos humanos, principalmente de personas y/o grupos
vulnerables, como son mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas con
discapacidad, pueblos originarios y personas adultas mayores, así como
la atención a las víctimas de los delitos y personas presuntas
desaparecidas, a fin de proporcionar la defensa necesaria, garantizando
la protección y el respeto a los derechos humanos.

Indicó que se actualizará el listado de las personas que se considerarán
servidores públicos, reconociendo como servidores públicos a los
representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial del
Estado, los funcionarios y empleados y, en general, toda persona que
desempeñe un empleo, cargo, o comisión de cualquier naturaleza en el
Poder Legislativo, en la Administración Pública del Estado o los
municipios, así como los servidores públicos de los órganos autónomos,
de conformidad con el artículo 119 de la Constitución Local; también las
personas que ejerzan actos de autoridad o recursos públicos.

Farías Larios, dijo que uno de los grandes objetivos de la propuesta de
Ley, es dotar de competencia a la Comisión para que pueda acudir a
cualquier espacio donde se ostenten presuntos actos de violaciones a los
derechos humanos y tener acceso a las instalaciones hasta garantizar la
seguridad de la persona o que se actualizaba violación alguna.

La legisladora consideró necesario expedir una nueva Ley Orgánica de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, para que observe las
necesidades actuales de la sociedad, debido a que la ley actual se
encuentra desfasada para el cumplimiento de las funciones de la
Comisión, lo cual repercute en la sociedad, “pues se obstaculiza la
protección de los derechos humanos”.