En medio de los anuncios de austeridad como prioridad del próximo gobierno y en el contexto de la elaboración de su presupuesto para 2019, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha comenzado un programa de retiro voluntario para sus trabajadores con al menos 10 años de antigüedad, con lo cual pretende reducir su voluminosa nómina. Con ofrecimientos que en los casos de mayor tiempo de labores alcanzarían hasta 18 meses de pago efectivo, el organismo destinó 200 millones de pesos para tal fin.
Aun cuando el cierre de registro de quienes pretendan acogerse al programa terminará hoy, se estima que en esta ocasión ha sido muy demandado por los trabajadores, ante la incertidumbre que priva por lo que sucederá en el sector público a partir del primero de diciembre con la entrada del nuevo gobierno. Las renuncias del personal serán efectivas a partir del 31 de diciembre.
Sin embargo, consecuencia paralela de las dimisiones voluntarias, éstas podrían impactar en el personal que integra el servicio profesional electoral, es decir, los empleados especializados del instituto en las diversas tareas.
En principio se conoció que uno de los que casi seguramente saldrían de la institución es Miguel Ángel Solís, director ejecutivo de Organización Electoral.
Si bien en su caso se conoció que desde hace meses había anunciado al consejero presidente, Lorenzo Córdova, su intención de dejar el cargo pasando la elección, su salida se daría en el contexto del programa de retiro voluntario.
Solís ha sido el responsable de la organización de elecciones de 2006 a 2018, es decir, cinco procesos electorales, entre ellos tres presidenciales. Es uno de los cuadros más experimentados de la institución.
Rápido crecimiento
En la otra vertiente el adelgazamiento de la nómina se asocia con el crecimiento vertiginoso que tuvo de 2012 –cuando todavía era el Instituto Federal Electoral– a 2018. Según cifras del órgano interno de control, en ese periodo el personal del instituto creció de forma descontrolada, al pasar de 12 mil 317 plazas a 17 mil 697.
En ese lapso se aprobó una ambiciosa reforma electoral, la cual dotó de mayores facultades al INE; aunque según el pasado informe del órgano interno de control, el costo de la estructura es el principal elemento de presión del gasto y el mayor obstáculo para reducir el presupuesto del INE.
Ante la posibilidad de que el programa rebase la capacidad económica del INE, se ha establecido como criterio dar prioridad al personal de mayor antigüedad.
De hecho, sólo está enfocado a los trabajadores con antigüedad mayor a 10 años.
Para hacerlo más atractivo se ofrece al personal, en un video en intranet, tres meses por la renuncia, 20 días por año –en lugar de los 12 que se dan en condiciones normales–, a lo cual se añade un bono efectivo de retiro por 30 días a quienes tienen 10 años laborando, 60 días a quienes tengan 15 y 70 a quienes superen 20 en la institución.
El INE lanzó el programa el 7 de septiembre pasado, ya cuando se conocían varias medidas de austeridad que ha anunciado el próximo gobierno y después de haber realizado el diagnóstico en cada una de las áreas, con miras a la elaboración del Presupuesto 2019.
La coyuntura del cambio de gobierno ha postergado la entrega del proyecto de presupuesto del INE a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para noviembre próximo.
De acuerdo con los plazos del INE, el pasado día 7 el responsable de cada área debió remitir la documentación de quienes solicitaron su retiro y será a finales de mes cuando se anunciará a quiénes les fue aceptada su dimisión.
Fuente: La Jornada
