Cártel del Golfo habría financiado campañas electores del panista Cabeza de Vaca desde que contendió en 2004 por la alcaldía de Reynosa
En 2016 el PRI lo volvió a acusar de comprar a tres presidentes municipales con dinero del cártel del Golfo.
El gobernador de Tamaulipas en proceso de desafuero, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, presuntamente tiene relación con el Cártel del Golfo desde 2004. Ya que la organización delincuencial pudo financiar su campaña por la alcaldía de Reynosa.
Así lo dio a conocer Milenio, quien aseguró tener un documento de 90 páginas con el testimonio del empresario Antonio Peña Argüelles, el confeso lavador de dinero de Tomás Yarrington.
El empresario testificó en la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas, que Yarrington, hoy preso en Houston, le dijo “que necesitaba conseguir recursos del Cártel del Golfo. Para apoyar la candidatura de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a la alcaldía de Reynosa. Porque tenía especial interés de que él ganara”.
Además, la actual carpeta de investigación contra el gobernador tamaulipeco lo acusa sobre un supuesto “permiso” al Cártel del Golfo para festejar el Día del Niño en el campo de beisbol Adolfo López Mateos en 2006.
Evento que contó con la presencia de casi 20 mil asistentes. En donde “se repartieron juguetes y se distribuyeron tarjetas de felicitaciones firmadas por Osiel Cárdenas Guillén, el líder del Cártel del Golfo. Quien ese entonces estaba preso en el penal de La Palma”.
El PRI lo acusó en 2016
En 2016, Cabeza de Vaca también fue acusado por el entonces presidente nacional del PRI, Fabio Beltrones. Quien afirmó que tres candidatos a presidentes municipales en Tamaulipas, fueron “comprados” por la delincuencia organizada. Para apoyar al abanderado del PAN a la gubernatura, Francisco García Cabeza de Vaca.
Cabe resaltar que en 2019, el gobernador de Tamaulipas tuvo ingresos declarados ante el Servicio de Administración Tributaria por seis millones 694 mil pesos. Sin embargo, las ganancias ascendieron a 42 millones 936 mil 272 pesos, es decir una diferencia de 36 millones 938 mil 578 pesos, por lo que la Secretaría de Hacienda concluyó que “no hay congruencia de los ingresos declarados ante la SCHP con sus ingresos por depósitos bancarios”.
