El 2 de febrero de 1848 es una fecha que quedó para siempre en los libros de historia. Ese día fue la culminación funesta de una serie de malas decisiones de gobierno por las que México perdió, a manos de otro país, la mitad de lo que en ese momento era su territorio. ¿Cómo sucedió? No se tuvo capacidad de generar paz social y estabilidad política en la población; la fuerza pública estaba replegada en el centro del país sin presencia en los límites del territorio; se permitió el acceso sin control de personas extranjeras a asentarse en esos lugares; la economía era incipiente y el bienestar no llegaba a todos; y, fundamentalmente, el gobierno tenía poco interés en lo que pasaba.
Eso que aconteció hace más de 170 años nos da una lección que sigue tan vigente hoy como en ese momento: los gobiernos frágiles e incapaces terminan por ceder el control de su territorio y la seguridad de su población a entes externos que demuestran mayor interés y efectividad en la manera de ejercer el poder. En estos días no son países externos los que amenazan el territorio y la población de México y sus entidades federativas, sino grupos criminales que son grandes, están bien organizados, cuentan con fuerte armamento, tienen conducta altamente violenta, su financiamiento parece inagotable y se sienten con la valentía de emprender actos o manifiestos públicos sobre el control que tienen sobre ciertos territorios (plazas).
¿Por qué es importante esto? Porque el estado de Colima presenta desde hace algunos años una confluencia de circunstancias e inercias relacionadas con la inseguridad, la delincuencia y la violencia que en últimas fechas le ha ganado la valoración por parte del licenciado Ricardo Peralta Saucedo, Subsecretario de Gobierno en la SEGOB Federal, de estado inestable. Este funcionario federal encargado de la política interna del país, textualmente señaló: “El secuestro de la diputada local [Anel Bueno Sánchez] derramó la gota, aparte de encontrar cadáveres de policías [los 7 policías estatales que desaparecieron en los límites con Jalisco y fueron encontrados cercenados en una camioneta]; es una situación inestable.”
Asimismo, el propio licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador del Estado de Colima, afirmó en entrevista con la periodista Denisse Maerker el pasado jueves 4 de junio de este año 2020: “Las principales bandas delictivas que operan en Colima no operan desde Colima. Colima es un territorio que está siendo administrado por cárteles que están siendo identificados en otras entidades y aquí no están los tomadores de decisión.” A esto se tienen que sumar las posturas de diversos Diputados Locales de Colima expresadas en la comparecencia del pasado miércoles 3 de junio del presente año, que se resumen en la exigencia al Gobernador y al licenciado Arnoldo Ochoa González, Secretario General de Gobierno en la entidad, de renunciar al cargo.
Lo dicho por el Gobierno Federal, el Ejecutivo Estatal y ciertos integrantes del Legislativo Estatal, de manera fatídica coincide con algunos atributos que, de acuerdo al Fondo para la Paz, mayormente reflejan la existencia de un gobierno frágil (rumbo a considerarse fallido): 1. pérdida de control sobre el territorio, 2. menoscabo en el monopolio del uso de la fuerza, 3. Erosión en la legitimidad de la autoridad para tomar decisiones, y 4. Altos niveles de corrupción y criminalidad. Conocer y reconocer esta situación adversa no es para el lucro político-electoral, para dolerse personal o institucionalmente o para echar culpas a diestra y siniestra.
Hacer eso sería demostrar que esa fragilidad de gobierno es en realidad un problema más complejo, de carácter estructural, en el que están incluidos como originadores el Gobierno Federal, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial estatales, la Fiscalía General del Estado, los gobiernos municipales, los órganos constitucionales autónomos; es decir, todo el aparato institucional; y, junto con ello, la sociedad que permite estén en el poder público los causantes de esas deficiencias. ¿Hacia dónde entonces deben apuntar los esfuerzos del gobierno y la sociedad para recuperar la seguridad, la tranquilidad y la paz que tanto se desea?
La respuesta está en aplicar un blindaje estatal. Se tiene que inhibir la entrada al estado de delincuentes y grupos criminales, así como limitar su movilidad al interior y evitar su escape en huida. En términos de territorio físico, el estado de Colima tiene 18 puntos de acceso terrestre, 13 de los cuales dan al estado de Jalisco y los restantes 5 al estado de Michoacán. Del total, mediante 5 se accede al municipio de Manzanillo, 4 a Minatitlán, 1 a Comala, 5 a Colima, 1 a Ixtlahuacán y 2 a Tecomán. Es prioritario blindar el territorio de la entidad, para recuperar en la totalidad su control, mediante mecanismos de seguridad permanentes, como pueden ser filtros de revisión, retenes policiaco-militares, puntos de inspección y/o arcos de seguridad. A esto puede sumarse la petición a los gobiernos estatales de Jalisco y Michoacán para que realicen lo propio desde sus territorios.
En este blindaje debe haber participación, conjunción, convergencia, concertación, coordinación, cooperación, o como quien sea le guste llamar, de autoridades militares y civiles, federales, estatales y municipales, así como vigilancia de los órganos constitucionales autónomos que defienden y protegen los derechos humanos. Se requiere cerrar el paso a los delincuentes y criminales en los accesos terrestres de Cihuatlán-Manzanillo, Chacala-Los Parajes, El Chico-Veladero de los Otates, Chacala-Cedros, Cuautitlán-Cedros, Cuautitlán-Paticajo, Cuautitlán-Minera Peña Colorada, Cuautitlán-Minatitlán, San Pedro Toxín-Los Llantos, San José del Carmen-Cofradía de Suchitlán, carretera libre Quesería-El Platanar, autopista Colima-Guadalajara, Pihuamo-Trapichillos, Potrerillos-Estapilla, Chinicuila-Las Tunas, El Camalote-El Pujadero, San Vicente-Cerro de Ortega y Ojo de Agua-Cerro de Ortega. Por hoy es todo, nos leemos en la siguiente participación.
