Aunque devolvieron ventiladores; sigue la investigación por compra a sobreprecio: SFP
Además se solicitó formalmente un requerimiento de información a la Unidad de Inteligencia Financiera que dirige Santiago Nieto.
La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, anunció el avance de los procedimientos administrativos sancionadores por presuntas irregularidades observadas en la adquisición de los 20 ventiladores en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo; esto, a pesar de fuera anunciada la devolución de los ventiladores al proveedor León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett.
No se permitió daño al erario
De acuerdo a un comunicado de prensa, la Secretaría de la Función Pública, informó que «a diferencia de lo que ocurría en administraciones pasadas, no se permitió que se consumara un daño al erario».
Según el documento, «gracias a la supervisión y fiscalización concomitante que ha impulsado la Función Pública en esta gestión, se rechazó la compra debido a fallas y daños, porque el equipo no cumplía con los requerimientos funcionales pactados».
“En el pasado se cerraba el pozo cuando se ahogaba el niño, y hoy nuestras investigaciones y tempranas diligencias han logrado que esta compra presuntamente irregular se haya suspendido”, sostuvo Irma Eréndira Sandoval.
Refirió que al momento existen al menos siete líneas de investigación abiertas y más de una docena de expedientes de investigación contra funcionarios públicos y particulares.
Además se solicitó formalmente un requerimiento de información a la Unidad de Inteligencia Financiera, que está aún en tiempo para responder.
La secretaria Sandoval Ballesteros manifestó que una de las principales premisas de la Función Pública es ser garante del ejercicio del gasto público, en beneficio de la población, de conformidad con los criterios de eficiencia, honestidad, austeridad y justicia que rigen al Gobierno de México, que encabeza AMLO.
Sentenció que durante la actual emergencia sanitaria generada por el COVID-19, para la Función Pública es una prioridad que las actuaciones de las dependencias y entidades, además de legales, sean morales.
Y que no se alejen de la ética pública de la Cuarta Transformación, por lo que resulta necesario poner énfasis en que las compras sean transparentes y se lleven a cabo en las mejores condiciones posibles para el Estado.
