Tras el reciente cierre de la Procesadora Municipal de Carne, tanto actores políticos, ex trabajadores y la ciudadanía en general se han pronunciado en contra de la decisión tomada por el Ayuntamiento de Colima, encabezado por Leoncio Morán Sánchez.
En este sentido, en entrevista con el periodista Max Cortés, la diputada local por el Primer Distrito , Claudia Gabriela Aguirre Luna aseveró que en conjunto con sus homólogos han estado revisando las acciones legales del procedimiento para clausurar dicho lugar, al tiempo que reiteró que el acto llevado a cabo por el alcalde capitalino, se ejecutó fuera de la normatividad, específicamente del Decreto No. 146 de la Constitución Local, «tenemos un acuerdo de cabildo que extingue un organismo y tenemos una ley que aun se encuentra vigente».
Asimismo, negó que las críticas vertidas por la desparición de la Procesadora de carne tengan un trasfondo político, sino que están ejerciendo una labor que forma parte de la labor legislativa como representantes populares.
«Olvidó que los servicios públicos municipales no son para hacer negocio , sino para brindar un servicio a las personas», dijo
«Tal parece que es lo único que tiene en mente el alcalde de la capital(…) Con un alcalde pensando en ser gobernador, llama mucho la atención que hable sobre una planta que no era redituable económicamente, sino que era costosa, olvidando que los serviciós públicos municipales no son un negocio».
En este tenor, refirió que Morán Sánchez no ha sido claro dentro del procedimiento, pues «al ser cuestionado sobre los aspectos legales del cierre de la procesadora, el alcalde recurrió a evasivas» .
Indicó que dentro de los argumentos que el alcalde Locho Morán ofreció para clausurar el rastro municipal , fueron relacionados a la situación económica que prevalece en las arcas municipales, por lo que no podían sostener el funcionamiento del lugar y de continuar , se verían comprometidas las finanzas del Ayuntamiento.
Sin embargo, Aguirre Luna, cuestionó el interés que el Presidente Municipal de Colima, Leoncio Morán Sánchez que mostró el pasado 2019 para que la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado Colima-Villa de Álvarez (Ciapacov) pasara a ser administrada por el Ayuntamiento a su cargo.
«Se deslinda de un servicio público municipal al que está obligado constintucionalmente y por otro lado pelea con todas sus fuerzas de la rectoría del organismo de agua potable».
Aseguró que ambos servicios, están enlistados en la Constitución Local y Federal y representan una obligación de servicio a la población.
Cabe recordar que en abril del 2019, tanto el Ayuntamiento de Colima como el de Villa de Álvarez solicitaron al Gobierno del Estado que se les traspasara la operación de la Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado Colima-Villa de Álvarez (Ciapacov). Posteriormente, incluso, Morán Sánchez dio a conocer que presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de la negativa por parte del Poder Ejecutivo en la entidad.
Expresó que en medio de la contingencia sanitaria por el Covid-19, es complicado que las autoridades sanitarias dediquen el tiempo para realizar recorridos y verificar que no se estén realizando matanzas clandestinas de reses y cerdos.
Si bien, coincidió con el alcalde municipal de Colima, de que existen otros rastros en distintos municipios de la entidad » pero sabemos que no cuentan con las condiciones de salubridad adecuadas», indicó la diputada local.
