A través de un comunicado de prensa, los pobladores de Cuyutlán y Armería enfrentan amenazas por la instalación de empresas industriales de alto impacto y riesgo, que buscan establecerse en las cercanías de la laguna, uno de los humedales más importantes de México. Desde la expansión del puerto de Manzanillo, la región se ha convertido en un objetivo para varias empresas que buscan aprovechar su proximidad al puerto y al agua de la laguna.
Una de las amenazas más recientes proviene de la empresa Fermachem, que está solicitando instalarse en la zona, recibiendo un rotundo rechazo por parte de la comunidad local desde el inicio. Esta situación ha desatado alarmas entre los habitantes, especialmente debido a procesos de consulta de dudosa legitimidad, como una convocatoria realizada a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, de la cual muchos afectados no fueron informados.
Partiendo de este rechazo, se han observado propuestas desde el equipo que rodea a la presidenta municipal, Diana Xally Yael Zepeda Figueroa, que parecen favorecer la instalación de mas empresas e industrias en procedimientos poco transparentes para la población. Estas propuestas han incluido reuniones convocadas a través de chats en los que participan solo algunos miembros de la comunidad, así como votaciones a mano alzada en el jardín principal, aparentemente diseñadas para justificar acciones en favor de las empresas.
El pasado lunes 4 de marzo, se convocó una reunión para discutir la posible instalación de una planta de prefabricados de concreto por parte del corporativo Presforza, al parecer de origen poblano. En una reunión previa, la presidenta municipal llevó a cabo una consulta informal en la plaza principal de Cuyutlán, preguntando a los aproximadamente 50 asistentes si estaban de acuerdo para que el ayuntamiento de Armería, otorgue licencias de operación para la planta de prefabricados. Sin embargo, esta acción fue cuestionada, ya que la magnitud de la infraestructura necesaria para dicha planta contradice la afirmación de que solo ocuparían el suelo colimense por un máximo de dos años.
En esa misma reunión, se manifestó por parte de los pobladores la oposición a autorizar la operación de empresas de alto impacto y riesgo alto, así como más cambios de uso de suelo, y se solicitó en varias ocasiones que se revierta el suelo industrial de alto impacto (que inicialmente era para un puerto seco y acabó aprovechando Fermachem la circunstancia) a suelo agrícola. La respuesta de la presidenta municipal ante esta solicitud fue contradictoria, inicialmente afirmando que su administración no tenía el poder para revertir el cambio de uso de suelo, para luego sugerir que sí podría hacerlo, pero que la empresa podría demandar al pueblo, imponiéndole una multa exorbitante. Es importante señalar que este argumento carece de fundamento legal, ya que las demandas por este tipo de acciones suelen dirigirse al gobierno mexicano y no a la comunidad afectada.
Estas reuniones convocadas por el Presidente de la junta municipal de Cuyutlán, Francisco Aguirre, conocido entre los habitantes como paquico, han sido consideradas una falta de respeto hacia la población, ya que no atienden las necesidades ni las demandas de los habitantes, y muestran un desprecio absoluto por el diálogo y los requerimientos de la gente de Cuyutlán y Armería, en donde solo se busca la aprobación parcial de los proyectos de los cuales no muestran datos ni información alguna confundiendo a los habitantes, y la teatralidad de la foto con las manos alzadas.
Es relevante destacar que la empresa Presforza, que supuestamente está solicitando permiso al pueblo para la instalación de la planta de prefabricados, no cuenta con ninguno de los permisos necesarios de operación y sin embargo ya está trabajando en el territorio de Cuyutlán de manera ilegal, con la aquiescencia de la administración local. La comunidad rechaza esta planta principalmente debido a la escasez de agua en la cuenca del acuífero de Periquillo Armería y al alto consumo de agua que implicaría la producción de prefabricados. La empresa, a través del supuesto ingeniero Enrique Flores quién llegó el lunes 4 de marzo a la reunión con el pueblo sin acreditación, identificación, proyecto, preproyecto ni documento alguno, argumenta que solo utilizarán dos pipas de 20 mil litros de agua por semana para toda la producción y que ellos mismos se encargarían de transportala al pueblo desde fuera sin especificar desde donde, pero, nuevamente, como muestra de desprecio, sin el aval de ningún proyecto técnico ni jurídico para respaldar esta afirmación.
Los habitantes de Cuyutlán y Armería expresan su cansancio ante la recurrente interrupción de sus actividades diarias para asistir a reuniones que carecen de sustancia, datos reales y transparencia. En estos encuentros, los interesados llegan tarde, no se realizan consultas formales, los proyectos carecen de análisis respaldados por documentos y papeles, y no se gestionan las consultas de manera oficial con una convocatoria formal y la debida notificación a todos los habitantes.
Además, los reclamos y necesidades de los habitantes de Cuyutlán y Armería no son atendidos, quienes rechazan rotundamente la idea de realizar más cambios de uso de suelo que podrían convertir al pueblo en parte de un corredor industrial, transformándolo en un simple almacén de contenedores y desapareciendo sus actividades como la agricultura, la recolección de sal o la ganadería
En la última reunión, la Directora de Desarrollo Urbano y Ecología, Keyla Yerika Quispe Moleros, fue incapaz de responder a las preguntas de los asistentes. Alarmantemente, ante la información de que la empresa ya está trabajando de manera ilegal en la zona, Quispe Moleros optó por no hacer comentario alguno.
Por otro lado, se ha revelado que Fermachem, la empresa de amoniaco que retiró su Manifestación de Impacto Ambiental a finales del año pasado, planea insistir nuevamente en su proyecto. La regidora Alejandra Radillo Álvarez mencionó que la empresa presentará otra Manifestación de Impacto Ambiental próximamente, información que sugiere un trato privilegiado, considerando que esta afirmación se hizo sin que la nueva MIA conste en cualquier gaceta ecológica o en la base de datos de SEMARNAT.
Ante esta situación, los habitantes de Cuyutlán y Armería se sienten desamparados, enfrentándose solos a las amenazas, ya que perciben que empresas y gobierno son una misma entidad. En consecuencia, se ven obligados a luchar por sus derechos de forma independiente ante los desplantes de esta administración.
