Admite Tribunal Electoral juicio por violaciones a derechos de legisladores que se opusieron a la deuda
El Tribunal Electoral del Estado de Colima admitió el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales de las y los diputados que se opusieron a la aprobación del crédito de 740 millones de pesos al Gobierno del Estado.
Con ese juicio los diputados locales Vladimir Parra Barragán, Ana Karen Hernández Aceves, Claudia Gabriela Aguirre Luna, Blanca Livier Rodríguez Osorio, Araceli García Muro, Mayra Yuridia Villalvazo y Arturo García Arias reclamaron la violación a sus derechos en el uso de la voz y la emisión del voto en las sesiones 11 y 12 del Congreso del Estado, una preparatoria y la otra ordinaria, en las que a la postre 15 diputados locales del PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Partido Verde e independientes (ex integrantes de Morena) aprobaron la deuda al Ejecutivo Estatal.
Las diputadas y diputados de Morena, así como una del Partido del Trabajo, interpusieron una queja vía per saltum ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y éste pidió a la Sala Toluca resolver; sin embargo, la Sala Regional reencauzó el juicio al Tribunal Electoral del Estado con la finalidad de que se agoten las instancias locales.
En ambos acuerdos del Tribunal Federal se emitieron medidas de protección a favor de las y los diputados en contra del Congreso del Estado y el Gobierno que encabeza José Ignacio Peralta Sánchez. Esas medidas fueron ratificadas por el Tribunal Electoral del Estado.
Así, el Tribunal Electoral del Estado aprobó admitir la demanda para su análisis, discusión y aprobación; misma que fue radicada en el expediente ST-JDC-49/2020.
En la sesión del Pleno del Tribunal Electoral local que es presidido por Ana Carmen González Pimentel se aprobó la admisión del recurso de queja interpuesto por los diputados de la 4T colimense.
La queja reclama “la nulidad de los actos preparatorios y de las sesiones públicas ordinarias número once y doce, correspondientes al segundo período ordinario de sesiones, del segundo año de ejercicio Constitucional, de la Quincuagésima Novena Legislatura Local”.
Además, agrega la serie de agresiones y violaciones a los derechos que fueron perpetrados por elementos de la Policía Estatal en contra de las y los diputados locales, así como, la censura mediante el apagado de micrófonos en la sesión número 11 en la que fue aprobado el cambio de sede del Congreso del Estado para que se pudiera autorizar el crédito en una instalación distinta a la del Poder Legislativo.
Las medidas que confirmó el Tribunal Electoral del Estado fueron las mismas que había emitido antes el Tribunal Federal:
Al Congreso del Estado de Colima le ordenó que se abstenga de realizar cualquier acto de violencia en perjuicio de las personas promoventes; a las personas señaladas como responsables y cualquier miembro del Congreso del Estado de Colima les ordena abstenerse de impedir a la parte actora el ingreso a las instalaciones legislativas, sea el acceso presencial o virtual; y se ordena al Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, a que se abstenga de realizar cualquier acto de violencia u obstrucción en perjuicio de las personas promoventes.
