El Oscuro Páramo | Movimiento Ciudadano: ¿Lo nuevo de la política en Colima?

En Colima, el discurso de “lo nuevo de la política” de Movimiento Ciudadano se está midiendo en los juzgados. En semanas recientes, la marca de MC y sus principales referentes cuentan los días en expedientes. Unos por peculado, otros por uso ilícito de atribuciones y violaciones a la ley de remuneraciones y ahora se acumula la falsificación de documentos.

Las ilegalidades finalmente alcanzaron a exautoridades de Manzanillo, a un ex gobernador y su Secretario de Finanzas y hasta antiguos operadores estatales que arrastran causas por desvíos multimillonarios. El ‘aire fresco y naranja’ terminó oliendo a naftalina. Finalmente el mote de “PRI Naranja” está quedando como un traje a la medida de Movimiento Ciudadano en Colima.

Lo confirmado (fechas, delitos, estatus)

Griselda Martínez (exalcaldesa de Manzanillo, 2018–2024) fue
vinculada a proceso el 20 de agosto de 2025 por el presunto desvío de 35 millones de pesos, ligado —entre otros conceptos— a un bono de liquidación para regidores, funcionarios de primer nivel, como Martha Zepeda, y ella misma. La Fiscalía Anticorrupción informó que un juez de control encontró elementos por peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades y violaciones a la normativa estatal de remuneraciones; se fijó un plazo de 3 meses para investigación complementaria.

Martha Zepeda (regidora en Manzanillo 2021–2024)
aparece dentro del grupo de exfuncionarias/os de la administración de Manzanillo vinculados a proceso el 20–21 de agosto de 2025 en el mismo paquete de presuntos desvíos; cobertura local y nacional la incluyen entre las personas procesadas.

Carlos Noriega (exsecretario de Finanzas del gobierno de Ignacio Peralta)
Vinculado a proceso en mayo de 2023 por presunto desvío de 70 millones de pesos del IPECOL; el proceso fue suspendido en septiembre de 2024 (no sobreseído) cuando un juez le fijó el pago de una multa. Actualmente se encuentra vinculado a proceso por otros 2 hechos constitutivos del delito de peculado y uso indebido de atribuciones.

Ignacio Peralta (exgobernador de Colima, 2015–2021)
ha comparecido este año en audiencias penales por presuntos desvíos de recursos (versiones de 97 a 400 mdp) y otros señalamientos financieros de su sexenio (por ejemplo, el pago de casi mil millones de pesos a bancos en julio de 2021 por deuda de corto plazo y el anuncio de suspensión de nómina). El 11 de septiembre de 2025 se reportó su segunda comparecencia. Peralta ha sido el único ex gobernador de Colima al que se ha vinculado a proceso por actos de corrupción en la historia de la entidad.

Benjamín Alamillo (exdelegado de MC en Colima)
Ayer fue vinculado a proceso debido a que falsificó documentos para acreditar su residencia en el Estado de Colima, con la finalidad de obtener una candidatura local por la vía de representación proporcional. El Tribunal Electoral del Estado rechazó su candidatura y la Fiscalía inició la indagatoria correspondiente.

Los une la vinculación

En este cúmulo de procesos judiciales, en los que MC apuesta a construir una narrativa de persecución política, habría que destacar 3 factores:

1. Lo que está sucediendo en MC no es un asunto menor. Pareciera que la marca de la corrupción es su característica. La vinculación de la exalcaldesa Griselda Martínez y su círculo no habla de “errores administrativos”, sino de diseños políticos que normalizaron pagos irregulares en la recta final de su gestión.
2. Está claro que MC es la casa del PRI de Nacho Peralta. El puente naranja con el viejo régimen está confirmado pues en Movimiento Ciudadano persisten operadores y financiadores ligados al peraltismo —hoy con carpetas o antecedentes procesales— que transitaron sin pudor hacia el “proyecto ciudadano”. En el terreno, Movimiento Ciudadano en Colima recicló élites, y hoy se ve obligado a explicar por qué su “modernidad” aparece en expedientes de los mismos delitos que antes criticaban.
3. Narrativas vs. documentos. Las defensas de MC hablarán de persecución e insistirán en ella; para ellos es legítimo. Pero la prueba reina de este episodio son las resoluciones y los hechos: hay vinculaciones a proceso con delitos y montos descritos, plazos fijados y nombres concretos. La criba de la justicia —cuando hay materia— no debería distinguir colores ni estatus de las y los indiciados.

Conclusión

“Lo nuevo” de la política ha avanzado todo 2025 con una pérdida de territorio moral y seguirá siendo un espejismo que se vende como novedad mientras reproduce y protege a quienes cometieron los delitos que las y los colimenses ya rechazaron con su voto en 2021 y 2024.

- Publicidad -