La Decena Trágica | La mezquindad política contra la vivienda digna en Colima

Mientras el Gobierno de México impulsa la construcción de 13 mil 250 viviendas del programa Vivienda para el Bienestar, la regidora Martha Zepeda del Toro apuesta por frenar el proyecto con litigios disfrazados de defensa ciudadana.

Los celos políticos son, en muchos casos, más corrosivos que la corrupción misma. Lo hemos visto una y otra vez: cuando un proyecto de gran calado social comienza a tomar forma, no tarda en aparecer la oposición empeñada en desacreditarlo, aunque ello implique darle la espalda a miles de familias. En Colima, este papel lo ha asumido Martha Zepeda del Toro, regidora separada de su cargo por enfrentar un proceso judicial, y que hoy se enarbola como adalid de una supuesta “defensa ciudadana” al frenar mediante litigios el programa Vivienda para el Bienestar.

La paradoja es evidente: mientras el Gobierno de México impulsa la construcción de 13 mil 250 viviendas en Colima, parte de un millón a nivel nacional, con reglas claras de accesibilidad, cuidado ambiental y urbanismo digno, la regidora convierte un asunto de derechos sociales en un campo de batalla partidista. Su discurso gira en torno a la defensa de áreas verdes, cuando la propia presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro que el proyecto no afectará espacios públicos y que, por el contrario, se construirán nuevas canchas en la Unidad Deportiva. Se trata, pues, de una narrativa diseñada para sembrar desconfianza y entorpecer un proyecto que responde a una necesidad real: más de 42 mil familias en Colima carecen de una vivienda adecuada y solo el 5% de las que se construyen son a precios accesibles.

El comportamiento de Zepeda del Toro revela una mezquindad política que, lejos de pensar en el bienestar colectivo, busca capitalizar el descontento y el miedo. Su actuación se suma a la de la exalcaldesa Griselda Martínez, con quien comparte no solo la vinculación a proceso por malos manejos financieros, sino también la estrategia de victimización política: presentarse como perseguidas mientras bloquean proyectos que podrían transformar la vida de miles. En ese sentido, su lucha jurídica no es un acto de defensa ciudadana, sino un intento desesperado por mantenerse vigente en la arena pública a costa de negar beneficios sociales.

Resulta revelador que, mientras Zepeda dedica sus energías a frenar, otras voces de la sociedad civil, como la activista Anilú Salazar, movilizan a miles de solicitantes en Colima y Villa de Álvarez para exigir a los alcaldes que donen terrenos y se sumen al proyecto. Esa es la diferencia entre la mezquindad y la visión de futuro: unos buscan obstaculizar para ganar titulares, otros trabajan para que la promesa de vivienda digna se materialice en hogares reales.

En un estado donde la necesidad de vivienda es apremiante, la pregunta es inevitable: ¿qué se gana impidiendo que más de 13 mil hogares se levanten? La respuesta es incómoda: se gana solo en términos de cálculo político, en la lógica del “si no lo encabecé yo, que no prospere”. Y esa lógica es la que tanto daño ha hecho a la democracia mexicana: partidos y figuras que prefieren ver fracasar a la gente antes que reconocer el acierto de un adversario.

El verdadero debate no debería ser si se construyen o no estas viviendas —eso es indiscutible—, sino cómo garantizar que se cumpla la meta de 19 mil 500 viviendas prometidas para Colima durante el sexenio de Sheinbaum. Mientras tanto, el actuar de Zepeda del Toro quedará como ejemplo de la política más ruin: aquella que prefiere destruir antes que sumar, aquella que se viste de causa ciudadana cuando en realidad solo responde a la ambición de seguir en la jugada.

La mezquindad de los celos políticos tiene un costo: se traduce en familias sin techo, en jóvenes sin oportunidades de independencia, en adultos mayores que nunca verán consolidado su derecho a un hogar. Frenar viviendas es frenar futuros. Y eso, tarde o temprano, la ciudadanía sabrá cobrarlo.

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