A través de un comunicado de prensa, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) solicitó a un tribunal federal echar abajo una suspensión que ordena frenar la implementación de la reforma judicial, porque considera que es ilegal «congelar» normas constitucionales reformadas.
El organismo, que dirige la Ministra presidenta Norma Piña, impugnó una suspensión provisional que un Juzgado de Distrito, con sede en Zapopan, concedió a la Juez de control Juana Beatriz Aguilar y otros impartidores de justicia.
Dicha suspensión ordena al CJF abstenerse de implementar el plan de trabajo de la reforma; no entregar al Senado el listado de juzgadores; no resolver los asuntos en materia tributaria en 6 meses; y no extinguir fondos y fideicomisos para enterarlos a la Tesorería de la Federación.
«Cuando el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los estados y de la CDMX actúan en su carácter de Poder Reformador de la Constitución… no es posible conceder la suspensión respecto de las normas constitucionales reformadas, ya que la suspensión sobre éstas afecta directamente el orden público y el interés social», dice el recurso presentado por Sergio Rodrigo Navarro Loubet, director General Jurídico del CJF.
En su impugnación, el CJF señala que se afectaría el interés social y el orden público.
Incluso, el director General Jurídico del CJF «regaña» al juez que concedió esta suspensión y señala que el papel de un juzgador no es ser un «activista» ni un «defensor de derechos humanos».
«El titular del órgano jurisdiccional no debe considerarse como una persona que sea defensora de derechos humanos y, por tanto, que la medida cautelar protege una esfera colectiva», dice la impugnación.
