Griselda Martínez se aprueba bono millonario para ella y su equipo

El pasado viernes 4 de octubre la alcaldesa emecista de Manzanillo votó a favor de otorgar una “remuneración por concepto de subsistencia” para trabajadores de confianza, por honorarios y servidores públicos de elección popular, lo cuál la incluye a ella, a su Secretaria del Ayuntamiento y sus colaboradores más cercanos por más de 25 millones de pesos.

Tan sólo Griselda Álvarez se llevaría a casa 297 mil 162 pesos; mientras que su secretaria del ayuntamiento, Martha Zepeda del Toro, quien se quedará como regidora en el próximo trienio, cobrará 255 mil 60 pesos; y cada uno de los regidores que votaron a favor se embolsarán 261 mil 397 pesos.

En el orden del día mediante el cuál se convocó a la 90° sesión pública de cabildo con carácter de urgente, la aprobación de este bono millonario consta como el punto 27, sin especificar o justificar su aplicación.

Este lunes, en rueda de prensa, Fernando Escalona representante del equipo de Transición de la alcaldesa electa, Rosi Bayardo, dio a conocer además, que de acuerdo a su equipo legal este bono está fuera de ley y podría acarrear para la alcaldesa emecista sanciones que van desde la inhabilitación para ejercer cargos hasta tiempo de cárcel, ya que la constitución federal, la estatal y la ley de remuneraciones de servidores públicos prohiben este tipo de bonos.

“La constitución, en su artículo 127, fracción IV establece: “No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Mismo principio que establece la Constitución de Colima en su artículo 142”, dijo Fernando Escalona quien calificó la actuación de la presidenta municipal saliente y sus regidores como una “aberración legal”.

En un video que este medio de comunicación pudo obtener de la pasada sesión de cabildo se muestran los momentos previos a la aprobación del bono millonario, en el cual se puede ver y escuchar la discusión que llevaron algunos de los regidores y el síndico municipal, donde le piden a la alcaldesa emecista que diga en voz alta si está de acuerdo en otorgarse un bono a ella misma, situación que molestó a la emecista quien pidió pasar a la votación, misma donde se muestra claramente que ella votó a favor de otorgarse casi 300 mil pesos de bono de fin de sexenio.

“Si esto hacen en la sesión de cabildo que es pública, nos esperamos lo peor en lo que nos vayamos a encontrar”, dijo el también miembro de la Comisión de Transición de la presidenta municipal electa Rosi Bayardo.

El proceso de entrega recepción ha encontrado dificultades por parte del equipo del gobierno saliente, ya que ha ocultado información al equipo de la alcaldesa electa, mientras que públicamente Griselda Martínez afirma que todo está en transparencia. Este reportero pudo comprobar lo dicho por el equipo de transición ya que la cuenta pública tiene un desfase natural en su entrega al Congreso y para hacerse pública, y actualmente sólo tenemos la de agosto. Pero cuando quisimos comprobar la acta del cabildo, nos dimos cuenta que -a la fecha de esta nota- la última actualización de la página del municipio donde se publican las actas de cabildo es del 30 de junio. Por lo cual la acta del bono millonario no está disponible para su consulta pública.

“Como no nos comparten información en el proceso de entrega recepción, no sabemos si ya lo pagaron o no, pero tan solo a unos días de dejar el cargo cometen este abuso”, dijo Fernando Escalona, quien prometió que realizarán las gestiones legales necesarias para que no quede impune, ya que la sanción que establece la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos de los Estados y los Ayuntamientos es de “seis meses a cuatro años de prisión, multa hasta por ciento cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Estado e inhabilitación hasta por un término igual al de la pena corporal impuesta para desempeñar empleo, cargo o comisión público”.