Ni a nivel nacional, ni a nivel estatal, se ve solución alguna en lo inmediato, al pavoroso problema de las pensiones públicas, que de no resolverse en los dos años que le quedan al presidente AMLO en la presidencia de la República, terminarán colapsando a las finanzas federales así como a la mayoría de las estatales.
Pues para empezar, ya para el próximo año, 2023, el gasto de las pensiones y jubilaciones, equivaldrá al 84 por ciento de la totalidad de los salarios cubiertos por el sector público, federal, cuando en el 2010 representaron el 43 por ciento, de los mismos.
Considerando que el año previo, 2021, la cantidad asignada por el gobierno federal a jubilaciones y pensionados, igualó como nunca había acontecido en México, al billón, 48 mil, 371 millones de pesos.
Algo así como 52 mil millones de dólares y fracción.
Cuando para este año, 2023, serán un billón, 180 mil millones de pesos.
Y no se ve a corto plazo una reforma fiscal que incremente los recursos recaudatorios, que en el caso de México siguen estando entre los más bajos, de los países de la OCDE, o la organización de naciones más desarrolladas del mundo, equivalentes a 12 por ciento del producto interno bruto, PIB, mexicano.
Contemplando que en las naciones del primer mundo rondan alrededor del 40 y fracción por ciento, de su PIB.
Sin olvidar que el incremento en este concepto, alcanza en los últimos cinco años, un 5.1 por ciento, real, para llegar en el 2026 a una suma de un billón, 350 mil millones de pesos.
Muy duro problema a asumir con poco margen de maniobra, dados los niveles de recaudación fiscal tan bajos, por el siguiente presidente de la República.
Eso sin contar la crisis de las pensiones estatales, que en el caso de Colima alcanza proporciones de escándalo.
Y sin una reforma fiscal profunda, que grave a los que más tienen; el acomodo de la finanzas públicas para no incurrir en un déficit fiscal mayúsculo, realizado por el gabinete hacendario del presidente AMLO, ya no será posible en la próxima administración federal.
Por lo tanto el incremento a los impuestos en general, será una opción que no se podrá descartar.
Es justo reconocer que el trabajo hecho por el SAT al evitar que en lo que va del sexenio, se derrumbaran impuestos básicos como el ISR o el IVA, ya no bastará si no se da un aumento en las tasas impositivas.
Por lo que en consecuencia, el déficit fiscal será mucho mayor al 12 por ciento del PIB. Azteca.
Respecto al grave problema de las jubilaciones y pensiones, y tomando en cuenta los cambios en la estructura demográfica nacional, será inevitable aumentar la edad del retiro.
Siguiendo el ejemplo de la CFE o del ISSSTE, antes del 2018.
Sin dejar de lado, que el aumento bio/social en la esperanza de vida y la mala salud en promedio de los mexicanos de la tercera edad, exigen de las administraciones federales y estatales, mayores y más consistentes gastos en salud e infraestructura médica.
Algo que en Colima con el gobierno de Indira Vizcaíno no se está haciendo, como se debe, en función de las necesidades a corto y mediano plazo, de nuestra población.
Un factor positivo en esta aguda problemática, es la reforma en ciernes de las AFORE, hecho por la administración amloísta, dado que la contribución patronal a las AFORE, transitará del 5.15 por ciento del salario base al 13.87 por ciento. Hasta el 2030.
Aunque a mediano plazo las presiones demográficas en el sentido de un aumento de ancianos en edad de jubilación, seguirá incrementándose cada año.
Sin embargo, los serios errores cometidos por AMLO en esta materia, como el de disminuir la edad de jubilación destruyendo lo aportado por la CFE, no es un buen augurio para las medidas fiscales que se requieren de aquí al 2024.
Y los primeros años de la siguiente administración federal.
Esta auténtica bomba de tiempo no sólo representa un hoyo financiero gigantesco, para el siguiente presidente mexicano, sino también para gobiernos como el de Colima, que es, hasta que no se demuestre lo contrario, inepto y omiso en la solución del problema agudo, de las jubilaciones y pensiones gubernamentales, estatales. Y municipales.
Pues la decisión pésima proveniente de Indira Vizcaíno, gobernadora, hace unas semanas, de imponer al priísta de viejo cuño, Hugo Vázquez Montes, emanado de los sectores más cleptocráticos del pri regional, más por motivos de alianza y pago de favores políticos de parte de Morena hacia lo peor del pri estatal, hace inviable cualquier solución al desfalco o vil robo hecho por Ignacio Peralta, pri ex gobernador, a la bolsa estatal gubernamental de cerca de mil, 200 millones de pesos; motivo por el cuál, la mayoría de los jubilados ex trabajadores al servicio del gobierno estatal, o los maestros de la sección 39 del SNTE, pensionados y jubilados, están padeciendo como nunca ese faltante de dinero, que afecta severamente a los servicios médicos a los que tienen derecho, a su degradada calidad de vida, y a la posibilidad de que los deudos de los mentores fallecidos accedan al bono post mortem, al que tienen derecho.
Sin que esta tragedia estatal y social, sea resuelta con determinación por la gobernadora del estado, Indira Vizcaíno, y su insensible e incompetente gabinete, morenista.
