El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sancionó con 28 millones de pesos a Movimiento Ciudadano (MC) por la triangulación de recursos de familiares del entonces candidato Samuel García por 14 millones de pesos a su campaña y se determinó dar vista a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEDE) para que realice lo que en sus atribuciones corresponda.
Samuel García recibió 14 millones 026 mil 500 pesos de dinero prohibido por la ley, de manos de Bertha Silvia Sepúlveda Andrade, Silvia Catalina García Sepúlveda y Roberto García Sepúlveda, quienes recibieron previamente los recursos de las empresas Firma Jurìdica y Fiscal Abogados S. C., Firma Contable y Fiscal y Contadores y Financieros S. C. y la empresa SAGA Tierras y Bienes Inmuebles en un esquema de triangulación. El INE acreditò que el dinero que estas personas aportaron consistente en poco más de 14 millones de pesos lo recibieron previamente, un día antes, de las empresas a saber antes citadas, por lo que es claro que dicho dinero no proviene del peculio de los ciudadanos aportantes, sino de sociedades mercantiles, entes que tienen prohibido donar dinero a los partidos políticos”. En total, la madre del hoy gobernador electo, Bertha Silvia Sepúlveda Andrade, recibió y donó recursos por 11 millones 600 mil pesos; Silvia Catalina García Sepúlveda, hermana, un total de 1 millón 586 mil 500 pesos; y Roberto Miguel García Sepúlveda, hermano, 840 mil pesos.
La consejera electoral, Carla Humphrey expuso que el entonces candidato Samuel García en una entrevista reconoció recibir aportaciones de su familia para su campaña, lo cual derivó en quejas del PVEM que originaron un proceso donde se evidenció que recibió por medio de un esquema de triangulación más de 14 millones de pesos, por medio de un esquema de simulación de aportaciones de personas físicas.
Estos movimientos de dinero fueron cínicamente expuestos durante la campaña; sin embargo, nadie hizo nada para sancionar al candidato durante el proceso electoral pues el INE, entonces, estaba combatiendo a Fèlix Salgado Macedonio y Raùl Moròn por faltas, muy menores, que ameritaron sanciones desproporcionadas como multas de 19 mil pesos a Salgado Macedonio y menor monto a Raùl Moròn y la cancelación del derecho a participar de los dos candidatos de Morena, no està de màs señalar que, la campaña de Evelyn Salgado, terminò constando un poco màs de 4 millones de pesos, es decir, un estado enorme como Guerrero su campaña a gobernador por parte de Morena costò menos de la mitad de lo que costò la campaña en el estado de Colima, pues la campaña de Colima costò arriba de 9 millones de pesos. Por otra parte, las campañas en Nuevo Leòn estuvieron por encima de los 29 millones de pesos por candidato. Lo cual demuestra que el INE no fiscaliza sino que actùa políticamente desvirtuando su sentido de imparcial y de eficaz en su fin primordial.
Hasta ahora el INE cae en la cuenta de las trampas financieras –que todo mundo conocía porque el candidato mismo las dio a conocer- y Samuel Garcìa ahora, como candidato electo, será sancionado por la cantidad de 28 millones de pesos (nada que ver con las sanciones económicas contra Moròn y Salgado) y todavía nada sabemos si el dinero es producto de lavado de recursos financieros o del narcotráfico.
Pero independientemente de lo anterior, hay algo muy certero, delinquir en campaña y luego salir electo y protegido por el fuero político de facto e inmediatamente por el fuero legal del puesto de gobernador es una actividad rentable. Significa que usted y yo podemos hacer trampas y usar dinero de origen oscuro y después, ya electos, pagar con recursos de los mismos contribuyentes las multas. A la vista èste es un negocio muy lucrativo, redondo y termina siendo un nuevo esquema de impunidad.
En síntesis el caso del gobernador electo de Nuevo Leòn es una invitación a hacer un fraude ahora y pagar después con recursos fiscales. Transe ahora y después gane mucho màs pues la impunidad le permitirá hacer negocios mucho màs jugosos, esa parece ser la invitación implícita del INE.
El que los ciudadanos voten por un corrupto porque los partidos lo avalaron y luego lo promovieron con la autorización del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaciòn no debe ser un certificado legal de garantía de honestidad futura. Las elecciones no deben ser un proceso de purificación de delincuentes.
Ganar la elección no debe ser un certificado de impunidad. Asì como el gobernador electo de San Luis Potosì como el caso de Nuevo Leòn que, son nuevos paradigmas delictivos, no deben ser los modelos a seguir para crear el futuro inmediato de un nuevo esquema de impunidad. Todos los gobiernos electos deben de estar como cualquier ciudadano bajo la lupa del escrutinio pùblico.
No debemos dejar prosperar ni ratas ni ratones ni roba poquito ni roba mucho. Esa debe ser la tarea de los ciudadanos.
