Ciudad de México. En mayo el promedio real de los salarios contractuales sufrió la caída más acentuada desde octubre de 2018 cuando se observó un resultado negativo, de acuerdo con estadísticas oficiales.
En el quinto mes del año, el poder adquisitivo de los trabajadores no reflejó mejoría, como sucedió hasta marzo pasado.
Aunque el promedio de las 524 revisiones contractuales que fueron renegociadas en la jurisdicción federal mostraron un incremento nominal de 4.4 por ciento, al descontar el efecto de la inflación resultó un retroceso de 1.45 por ciento real, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) durante el quinto mes del año la inflación fue de 5.89 por ciento a tasa anual, por lo que se colocó fuera del margen objetivo del Banco de México (BdeM), el cual es 3 por ciento con un intervalo de un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo.
Racha de 29 meses
El dato negativo es el más acentuado desde hace 31 meses, pues en octubre de 2018 fue la última ocasión que se reportó una contracción de 1.04 por ciento tras descontar el efecto de la inflación de ese periodo.
El incremento promedio nominal de las revisiones contractuales en los primeros cinco meses del año es de 4.7 por ciento, aunque el promedio real es un retroceso de 0.16 por ciento, según la STPS.
En los tres primeros meses de 2021 el poder adquisitivo de los trabajadores no mostró un deterioro, aunque en el primer trimestre el promedio real se ubicó por debajo de uno por ciento.
Entre noviembre de 2018 y marzo de 2021 el poder adquisitivo de los trabajadores mejoró, por lo que el periodo de 29 meses se convirtió en el lapso más largo en el que el poder adquisitivo de la población mejoró.
En 2017 los salarios contractuales observaron un deterioro como consecuencia de la liberalización de las gasolinas realizadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Del total de revisiones contractuales realizadas en mayo, 517 corresponden a empresas de la iniciativa privada, mientras las siete restantes al sector público.
Fuente: La Jornada
