España aprueba la ley de eutanasia y se convierte en el quinto país del mundo en regularla
Los solicitantes deberán “sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante”
España se ha unido este jueves a Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Canadá como uno de los primeros países del mundo que regulan la eutanasia. El Congreso de los Diputados, con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones, ha aprobado la ley promovida por el PSOE, que entrará en vigor dentro de tres meses. Para solicitarla, el afectado debe “sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante” que le cause un “sufrimiento intolerable”. Aunque se ha eliminado del título de la proposición durante el debate parlamentario, la norma regula tanto la eutanasia propiamente dicha ―”administración directa al paciente de una sustancia por parte del profesional sanitario competente”―, como lo que se ha denominado suicidio médicamente asistido ―”la prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario de una sustancia, de manera que este se la pueda auto administrar, para causar su propia muerte”―.
Con la aprobación de la norma, España se incorpora a un escueto grupo de países en los que la eutanasia está regulada. En Portugal, el Constitucional se ha opuesto a la ley, mientras que en Colombia la práctica es legal, según una sentencia del Tribunal Constitucional, pero no está reglamentada. En Nueva Zelanda está previsto que la ley entre en vigor en noviembre. En partes de Estados Unidos y Australia la práctica también está permitida.
Proceso garantista
A diferencia de las otras leyes vigentes, la española, mucho más garantista, establece una serie de pasos que pueden demorar el proceso, desde que el enfermo lo solicite, más de un mes. Este empieza por la petición del afectado, que debe ser manifestada por escrito dos veces en 15 días. En esta solicitud debe quedar claro que la decisión no es “el resultado de ninguna presión externa”. Además, para asegurarse de la clara voluntad del solicitante, este debe haber dispuesto por escrito “de la información que exista sobre su proceso médico, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos integrales comprendidos en la cartera común de servicios y a las prestaciones a que tuviera derecho de conformidad a la normativa de atención a la dependencia”. Una vez iniciado el proceso, el afectado podrá cambiar su decisión en cualquier momento y, una vez reciba la autorización pertinente, retrasar su aplicación todo lo que quiera.
A partir de la segunda demanda, el médico del paciente debe trasladar la petición a la comisión autonómica correspondiente, que determinará qué dos profesionales, ajenos al caso, examinarán la petición. Posteriormente, la comisión aprobará o rechazará la decisión de esos dos especialistas. La ley no fija la composición de esta comisión, que determinará cada comunidad autónoma, salvo que deberá constar de al menos siete personas, con especialistas médicos, jurídicos y en enfermería. Esta comisión deberá responder a la solicitud en 19 días.
Emoción y alivio
La norma ha sido promovida por el Grupo Socialista, pero ha contado con un fuerte impulso de familiares de personas que han pedido ayuda para morir, agrupadas por la plataforma Change.org, que hace algo más de un año presentaron un millón de firmas a favor de la iniciativa: las familias de Maribel Tellaetxe, que había pedido a su marido y a sus hijos que la ayudaran a morir cuando el alzhéimer le borrara sus nombres; de María José Carrasco, la mujer con esclerosis múltiple avanzada cuyo marido está procesado por facilitarle un medicamento para suicidarse o, entre otras, Asun Gómez, pareja de Luis de Marco, quien murió tras más de un mes de agonía hasta que consiguió una sedación terminal. “Hoy me iré a la cama habiendo dejado una mochila”, ha dicho antes de la sesión Danel Lorente, hijo de Maribel, concentrado frente a la escalinata del Congreso. “Es una emoción y un alivio”, ha añadido su hermano David. “Amatxu no pudo disfrutar de este derecho”.
“He tenido que oír que me llamaran asesina, pero esta lucha también es una forma de amor”, ha afirmado Asun Gómez. “El 87% de los ciudadanos apoyan la eutanasia, y eso sin contar que haya quien lo haga sin atreverse a decirlo”, ha insistido, en referencia a encuestas como las de Metroscopia, que confirman un apoyo creciente y sostenido a la medida.
Los afectados no han podido seguir el debate desde la tribuna de invitados por las medidas de seguridad frente a la covid. El debate ha transcurrido por las Cámaras con PP, UPN y Vox pidiendo una ley de paliativos que ninguno ha presentado, y afirmando que con esta norma se legaliza el asesinato. Y el resto, apoyando con matices el texto sobre la base de que el derecho a una vida digna debe ir ligado al de tener una muerte digna. Vox ya ha anunciado que va a recurrir la norma ante el Constitucional, y ha advertido de que si llega al poder la derogaría.
La norma ha recibido el rechazo de la Organización Médica Colegial, que avisa de que va a vigilar cómo se regula la objeción de conciencia de los profesionales y afirma que la eutanasia no es un acto médico, aunque la ley prevé que sea un derecho convertido en una prestación del sistema de salud. También el Comité de Bioética de España ha rechazado que se considere un derecho.
Los partidarios de la ley tampoco creen que su trabajo haya terminado. Asun Gómez ha manifestado su temor a que las comisiones autonómicas tengan sesgos que hagan que en unos lugares sea más fácil recibir la ayuda solicitada que en otros. Ángel Hernández, el marido de María José Carrasco, a la que ayudó a morir, apunta en la misma dirección: ”Ahora nos queda su implementación”, avisa.
El presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), Javier Velasco, ha dicho que la ley «ahorrará mucho sufrimiento a muchas personas. Se pedirán pocas eutanasias, pero la ley beneficiará a toda la sociedad». En los países donde la eutanasia es legal, informa DMD, su práctica supone entre el 1% y el 4% del total de fallecimientos anuales. “En un año normal (sin pandemia) en España fallecen algo más de 420.000 personas, por lo que es razonable estimar que entre 4.000 y 17.000 personas decidan adelantar su muerte cada año una vez la ley esté asentada. La experiencia internacional sugiere que las cifras serán más reducidas al principio e irán en aumento según crezca el conocimiento sobre la ley entre la ciudadanía, los profesionales sanitarios y las propias administraciones”.
