Con 2.5 millones de firmas el pueblo mexicano manifestó estar de acuerdo en llevar a juicio a los expresidentes, los cuales impusieron a través de la violencia de Estado, 40 años de neoliberalismo, régimen que provocó crisis económicas, muerte, emigración y saqueo de riqueza.
Los opositores de la cuarta transformación manifiestan que el juicio a los expresidentes no debería de ser a través de una consulta popular, argumentando que es una incongruencia, ya que actualmente quien ostenta el poder es Morena, partido que controla el ejecutivo y el legislativo y por lo tanto no es necesaria consulta alguna para tomar la justicia por su propia mano.
Efectivamente Morena domina actualmente el poder ejecutivo y legislativo, pero el partido en el gobierno no controla el poder judicial, el cual no se renueva por el voto popular, si no por el método de servicio civil de carrera, es decir que los integrantes del poder judicial no tienen que rendir cuentas al pueblo, lo que los vuelve intocables y permanentes en su puesto.
Dentro del poder judicial una gran cantidad de jueces y magistrados se han caracterizado por ser corruptos y no aplicar la ley por igual. En México la impunidad es tal, que los únicos que tienen acceso a la justicia son las clases privilegiadas, como es el caso de personajes de la cúpula política y empresarial que han desfalcado al país por décadas y aún gozan de su libertad.
La consulta popular es un instrumento al alcance de los ciudadanos, los cuales a través de su firma pueden incidir de forma activa en los asuntos de mayor relevancia en el país, como acabar con la impunidad y la corrupción que caracterizaba al antiguo régimen neoliberal (la mafia del poder), que durante cuatro décadas hizo mucho daño al tejido social mexicano.
Los expresidentes son culpables de imponer un sistema económico y social ajeno al contexto mexicano, el cual fue acompañado por: miles de muertes, desapariciones forzadas, millones de desplazados, desmantelamiento del Estado de bienestar, violencia, fraudes, presos políticos, censura, delincuencia, impunidad, corrupción, destrucción del campo y la naturaleza.
El juicio a los expresidentes es la máxima expresión de justicia que puede tener un pueblo que sufrió por décadas la imposición de un modelo económico depredador, pero también es un claro mensaje dirigido al poder judicial y a la Suprema Corte de Justicia, de que se haga valer y respetar la voluntad del pueblo y actuar conforme al derecho y hacer lo que les corresponde hacer: impartir justicia.
P.D.
*Autor de la columna “Ajedrez Político”, Licenciado en Administración Pública y Ciencia Política, por la Universidad de Colima, analista independiente en temas sociopolíticos y colaborador en diferentes medios digitales.
