Modelo de regreso a clases no garantiza derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes: Redim

@donsalvaje 5 agosto, 2020

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El modelo presentado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el regreso a clases a distancia en el ciclo escolar 2020-2021, no garantiza el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes (NNA), ni consultó a dicha población sobre cómo volver al sistema educativo, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia (Redim)

Ante el anuncio de la SEP sobre el próximo ciclo escolar que iniciará el 24 de agosto con clases transmitidas por televisión abierta, el director de la Redim Juan Martín Pérez García , señaló que además de las dificultades de maestras y maestros, la brecha digital y desigualdad entre NNA es un obstáculo para poblaciones con altos índices de pobreza y falta de conectividad.

“El ciclo escolar pasado terminó a distancia por la pandemia y se entendió como una respuesta emergente, pero ya pasó tiempo. La televisión no es un medio para educar, lo que garantiza el derecho a aprender es la comunidad educativa”.

Pérez García también refirió la estrategia de la SEP para el regreso a clases en medio de la pandemia por Covid-19, no es integral porque diferentes dependencias deberían trabajar junto al Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y al DIF para garantizar todos los derechos de las infancias.

Trabajo integral para el regreso a clases

De acuerdo con el director de la Redim, una de las secretarías que se debe unir al trabajo de planificación para el regreso a clases es la de Salud, pues además del sistema de prevención de contagios de Covid-19, destacó que las escuelas, sobre todo en el nivel básico, son importantes para el seguimiento de la cartilla de vacunación, abandonada estos últimos meses.

La Secretaría del Trabajo podría integrarse para pensar en políticas de conciliación laboral y que las personas adultas se distribuyan el tiempo y trabajo fuera de casa, pues de lo contrario, la seguridad de niñas, niños y adolescentes pueden estar en peligro si se quedan por largos periodos de tiempo solos en sus casas; además Pérez García destacó que hay una alta posibilidad de que mujeres adolescentes abandonen sus estudios para cuidar de sus hermanos menores.

Otra obligación del gobierno federal y la SEP en cuanto al regreso a clases, sería destinar los recursos necesarios para garantizar conectividad pues “así como se hizo el acuerdo con televisoras, debe hacerlo con el sector de telecomunicaciones para que haya planes accesibles y baratos de datos móviles y conexiones wifi en casa”.

“Es una idea pensada desde la Ciudad de México. No considera la realidad del país con profundas brechas de desigualdad, donde solo 4 de cada 10 casas tienen computadoras, 4 10 tienen conexión wifi, 8 de cada 10 niñas y niños se comunican con dispositivos móviles pero con aplicaciones gratuitas, que si quieren subir tarea deben comprar datos”, agregó.

Efecto dominó contra derechos de NNA

Juan Martín expresó que con el modelo de la SEP no se está reconociendo la crisis que ha generado la pandemia, se deja de lado la posibilidad de repensar el sistema educativo que tenía deficiencias desde antes de la Emergencia Sanitaria por Covid-19, y hay un efecto dominó contra los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA) comenzando por la educación.

Otro derecho de las infancias que se ha visto afectado desde el inicio del confinamiento es al juego; así como el derecho a la protección pues era a través del sistema educativo que se conocían casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes, y ahora esto está suspendido. Los derechos a la salud y a la alimentación también se han violado.

“El derecho a la participación porque aún cuando son 26 millones de niñas, niños y adolescentes los que se ven afectados con estas decisiones, la SEP sigue violado la Ley General de Derechos de NNA al no consultarles cómo construir y regresar al sistema educativo en medios de la pandemia”, agregó.

Para la Redim, tanto el Gobierno Federal, como maestras y maestros, y padres de familia, siguen ignorando a niños, niñas y adolescentes, no les están informando a ellos cómo van a regresar y ello configura un tratamiento ofensivo para esta población y una grave violación a la Ley General que obliga a todas la autoridades a tomar en cuenta su opinión.