Ni Arnoldo Ochoa se hubiera atrevido a tanto. Usar la fuerza pública para atacar a diputados disidentes viola la división de poderes, aunque no lo quieran ver los medios que se limitaron a informar que Vladimir Parra perdió la votación para aprobar el crédito.
Lo ocurrido el martes supera la infamia del sotanazo, cuando los diputados sesionaron en los bajos del Palacio Legislativo para eludir los reclamos de los burócratas que se oponían a la desaparición de la Junta Local de Caminos ordenada por el gobernador Carlos de la Madrid, ya que implicaba la liquidación de más de 600 plazas de trabajo.
En aquel entonces, los diputados también le dieron la espalda al pueblo. Pero se entendía porque el oficialismo aún tenía mayoría en el Congreso local. No era, como ahora, una legislatura donde 15 de los 16 representantes populares electos por el principio de mayoría relativa obtuvieron su curul por la votación en cascada que generó López Obrador. El otro diputado uninominal, Francisco Rodríguez, quien esta vez votó a favor,siempre fue opositor al PRI.
Incluso durante el camarazo, cuando la legislatura encabezada por Francisco José Yáñez Centeno desconoció al general Jesús González Lugo como gobernador constitucional –según recuerdan los hijos de los diputados de aquella legislatura de siete miembros–, el comandante de la zona militar pidió cortésmente al Congreso que desocupara el Palacio de Gobierno (donde entonces se encontraban las sedes de los tres poderes) y declarara recinto alterno al Hotel Casino (hoy Museo Regional de Historia). No los desalojaron a punta de bayoneta, y eso que estamos hablando de gobiernos autoritarios.
UN DIPUTADO NO SE TOCA
Hay que subrayarlo, a un diputado no se le toca. ¡Tiene fuero!
Como recinto parlamentario alterno, designado en la penumbra legal de una sesión virtual, el auditorio de la FSTSE era en ese momento la casa de los diputados y resulta escandaloso que el presidente de la mesa directiva, Guillermo Toscano, haya ordenado impedir por la fuerza la entrada a determinados congresistas.
La versión oficial es que Vladimir fue reprimido porque empujó a los antimotines que le cerraban el paso. Pero volvemos a lo mismo, ¿quién estaba de más en el recinto alterno: el coordinador de los diputados de Morena o los policías?
Incluso que Parra Barragán y un grupo de manifestantes hayan bloqueado el Palacio Legislativo horas antes, no es excusa para lo que ocurrió después. La fuerza pública debió estar ahí en todo caso, tanto en calzada Galván como en la avenida Palma Ruvelina, para garantizar el acceso de todos los diputados al recinto. No para impedirle ingresar ni mucho menos agredir al presidente de la comisión de Gobierno Interno.
Si los diputados llegan a las manos, es su problema. Son pares. No se trata que se agarren a balazos, pero hemos visto escenas de parlamentos donde se arañan y patean, como en el legislativo japonés. En España se insultan y descalifican en todas las sesiones, sin embargo, el asalto al Palacio de las Cortes en 1981 a manos del teniente coronel Antonio Tejero pasó a la historia como un fallido golpe de Estado.
¿HUBO LÍNEA DE ARRIBA?
Sabemos de buena fuente que en la negociación del Ejecutivo con el Congreso para obtener la aprobación del crédito por 750 millones de pesos, no participó el nuevo responsable de la política interior, Rubén Pérez Anguiano.
El golpe parlamentario lo urgió el secretario de Finanzas, Carlos Noriega, y lo organizó el líder de la bancada del PRI en la Diputación local, Rogelio Rueda.
Sin embargo, al flamante secretario general de Gobierno le toca ahora restablecer el diálogo con las fuerzas políticas, no desde cero sino más abajo, desde el punto más álgido la relación con los diputados de Morena.
A la ruptura política con el Ejecutivo local ya se sumaron las representantes del lopezobradorismo en Colima: la senadora Gricelda Valencia, la diputada federal Claudia Yáñez, la alcaldesa de Manzanillo Griselda Martínez y, por último pero no por ello menos importante, la superdelegada federal Indira Vizcaíno.
Cuando la solicitud del crédito llegue al ámbito de la Secretaría de Hacienda en busca de aval, veremos si la dependencia se ciñe a criterios financieros y certifica la capacidad de endeudamiento del estado de Colima, o si concede la razón a los legisladores, munícipes y funcionarios federales ya mencionados, quienes alegan que la instrucción del presidente López Obrador fue muy clara: frenar el crecimiento de la deuda pública.
En ese sentido, con el antecedente de la negativa de aval crediticio a Tamaulipas, intriga saber qué dialogaron el gobernador Peralta y el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, en su visita a Colima un día después de los bochornosos incidentes.
¿Engatusó Nacho al funcionario federal con el alegato que contratará el crédito para darle viabilidad económica al siguiente gobernador que, seguramente, será de Morena?
¿CUÁNTO VALE UN VOTO?
En la guerra discursiva para imponer la narrativa, el gobierno de Ignacio Peralta lleva las de perder. No sólo respecto a quién rompió la legalidad en la accidentada sesión del martes, sino en lo que tanto se esforzó en justificar: el destino de los 750 millones de pesos.
Ya es parte del folclor político que el monto del crédito solicitado pasó de 722 a 750 millones para que hubiera un sobrante con el cual comprar el voto de los diputados. Y no faltó en las redes sociales quién calculara exactamente el supuesto pago a cada legislador: cerca de dos millones de pesos.
La premura y la opacidad con la que se manejó la solicitud no permite a los diputados cuatroteístas que votaron a favor, afirmar que desobedecieron la línea nacional porque los argumentos de Noriega eran convincentes.
Los congresistas no actuaron con sentido de responsabilidad, como sostienen. Al contrario, procedieron irresponsablemente. No se analizó ni se discutió la solicitud de crédito en la Comisión de Hacienda y, en el pleno, ¡menos!
Los diputados estaban obligados a hacer las mismas preguntas que cualquier banquero: ¿para qué quiere el dinero?, ¿cómo piensa pagar el préstamo, con tantos compromisos financieros como ya tiene?, ¿cuánto tiene ahorrado?, ¿por qué su gasto corriente es tan elevado?, ¿por qué no ha adoptado verdaderas medidas de austeridad? y, sobre todo, ¿en qué dijo que se gastó los adelantos que le hizo el gobierno federal para la construcción del C-5, la restauración de Palacio de Gobierno y la atención a la emergencia sanitaria?
Quizá porque usó referencias de otros años que no acreditan la actual falta de calificación crediticia, la estrategia de la administración Peralta ha sido no responder a preguntas obligadas en cualquier estudio de crédito.
Por eso no envió la solicitud al Congreso hasta tener asegurados los votos suficientes y, por eso, su insistencia en que el tema no se discutiera en comisiones ni durante el pleno.
EL DISCURSO DE MAM
Irónicamente los argumentos que hubiera podido esgrimir el Ejecutivo para que el Congreso le aprobara el nuevo endeudamiento, son los mismos que aparecen en los considerandos para la sanción del ex gobernador Mario Anguiano por el ejercicio del crédito que solicitó al término de su gestión.
Ese préstamo, como el propio ex mandatario se cansó se explicar, no lo ejerció MAM sino el gobernador interino Ramón Pérez Díaz, cuyo gabinete económico (el secretario de Finanzas y el titular de Administración) es el mismo que ha acompañado a Peralta Sánchez.
De hecho, junto con el secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa, Carlos Noriega y Kristian Meiners actuaron en el interinato como adelantados de Ignacio Peralta con un presumible objetivo: controlar desde adentro la elección extraordinaria.
En su defensa, Anguiano Moreno dijo que había contratado el crédito para dejarle resuelto el arranque del sexenio a su sucesor. De hecho, precisó que la petición se la hizo el entonces gobernador electo José Ignacio Peralta, cuyo triunfo en la elección ordinaria sería anulado poco después.
JIPS podría haberle plagiado los argumentos a MAM respecto a pavimentarle el camino a su sucesor, y sobre la inevitabilidad de pedir el préstamo dado el déficit acumulado, pero con ello les hubiera dado la razón a quienes, hace seis años como ahora, sostienen que un crédito a fin de mandato tiene un solo objetivo: contar con liquidez para pagar la campaña del candidato oficialista.
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