Tras los hechos de violencia física y represión perpetrados por elementos de la Policía Estatal en agravio de 4 diputadas y 1 diputado pertenecientes a la coalición «Juntos Haremos Historia», esto a las afueras del edificio del FSTSE donde sesionaban parte de la LIX Legislatura sobre el endeudamiento por parte del Gobierno estatal; las legisladoras Araceli García Muro y Claudia Aguirre Luna, interpusieron una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción.
En rueda de prensa, la legisladora por Morena, Araceli García Muro, relató cómo se dieron los actos de represión por parte del operativo de seguridad estatal, quienes -dijo- bloqueaban la entrada de la sede alterna en donde 15 diputados votaron a favor de la contratación de la administración peraltista de un crédito a largo plazo por 750 millones de pesos.
Detalló que se dirigió a los policías solicitando acceso a dicho lugar, al tiempo que su homóloga, Ana Karen Hernández Aceves estaba en el suelo al ser empujada por los policías. Al darse cuenta de esto, Araceli García se aproximó y en el intento por ayudarla, resultó herida en un brazo y una pierna.
Acabo de someterme a un tratamiento de células madre porque no me he sentido bien, y me preocupa que pueda haber alguna afectación», señaló la diputada Araceli.
No obstante, la legisladora por Morena, lamentó que los «golpes físicos» no dolían tanto como la decisión de los miembros de la LIX Legislatura que resolvieron el tema del empréstito en favor del Gobierno Estatal, contradiciendo los preceptos de austeridad de la Cuarta Transformación.
En este sentido, criticó la ausencia de las diputadas Ana María Sánchez Landa (PT),Mayra Villalbazo (PT) y Luis Rogelio Salinas Sánchez(Morena), quienes no asistieron ni participaron en la sesión y esto abonó «a que se salieran con la suya”.
Aseguró que los opositores a la deuda continuarán revisando exhaustivamente los procedimientos legales que permitan «revertir la deuda a los colimenses, porque están endeudando pero no para atender en cosas que realmente impactan a los colimenses, como el tratamiento para las personas que reciben diálisis, donde ni medicamento hay y esa es responsabilidad del gobierno estatal”.
García Muro, enfatizó que no se limitarían a acudir a la Fiscalía Anticorrupción, sino que contemplan llevar el tema a otras instancias para que se castigue a quienes resulten imputados por ejercer violencia.
