El Ejecutivo local está empeñado en ganar la narrativa respecto a la necesidad de contratar un nuevo crédito. Pero insiste en apelar a la sociedad civil en lugar de buscar un diálogo con quienes deben autorizar el endeudamiento: los diputados.
De los proyectos a financiar con el nuevo empréstito, decidieron que el más vendible –por encima del Hospital Naval de Manzanillo– es la restauración de Palacio de Gobierno.
Está tan desprestigiada la política de seguridad pública, que nadie en el gobierno estatal apuesta ya por usar la conclusión del C-5 como estandarte. El rescate del inmueble construido por el alarife Lucio Uribe, supone un fin más noble.
Con todo, un gobernador que a lo largo de su sexenio se paró en el Palacio únicamente para los actos ceremoniales, y últimamente ni a esos, no tiene muchos argumentos para convencernos de que el sesquicentenario inmueble debe volver a ser el centro de la vida cívica en la entidad.
Indudablemente, vale la pena rehabilitar el edificio y fortalecer su vocación cultural (como museo). Es más siguiendo el ejemplo del gobierno federal, me gustaría que el o la próxima gobernante restablezcan en Palacio la sede del Poder Ejecutivo. Porque, si nos atenemos a su agenda, Nacho Peralta trasladó ese despacho… a la representación del gobierno de Colima en la ciudad de México.
El problema del Gobierno del Estado para convencernos de la necesidad del endeudamiento no es la nobleza de los proyectos, sino la rendición de cuentas. Quién le quita a los representantes populares la certeza de que el dinero que aportó la Federación para arrancar el C-5 y rescatar el Palacio de Gobierno, no se refleja en el avance de las obras.
CAPTURARON AL PRESUNTO
El intenso operativo de la Fiscalía Federal de la República (FGR) que dio como resultado la detención del presunto responsable del asesinato de un juez federal y su esposa, así como del secuestro y homicidio de una diputada local, evidenció que bastaba hurgar tantito para identificar y aprehender a un sujeto de tan alta peligrosidad.
El ministerio público del fuero común ha venido manejándose, desde hace muchos años, en la lógica de que resolver un crimen es señalar al culpable, no llevarlo ante la justicia.
En el viejo régimen, el fuero federal incurría en los mismo vicios. Y peores, porque como se ha demostrado con las investigaciones periodísticas sobre la gestión de superpolicías como Genaro García Luna, la política criminal en México consistió, por ejemplo durante la presidencia de Felipe Calderón, en poner a las fuerzas del orden al servicio de un cartel y apoyarlo para que pudiera controlar el negocio que se disputaba contra otra organización criminal.
La FGR nos recordó con Alejandro Gertz Manero que, cuando se quiere agarrar a alguien, no hay casa de seguridad que se resista. Durante los días pasados, con sobrevuelos en helicóptero y apoyo en tierra, elementos de la formalmente disuelta Policía Federal Ministerial voltearon de cabeza la ciudad.
EXHIBEN A LA JUSTICIA LOCAL
Los resultados de semejante incursión exhibieron a la procuraduría local. Quizá por eso, el mismo estratega de redes a quien le debemos fakenews como la de la supuesta relación amorosa entre la diputada local y su presunto asesino, soltó ahora la versión de las fiestas organizadas por el capo a las que iban otros congresistas de Morena.
Para cometer la infamia, a los defensores oficiosos de la versión extrajudicial poco les importa la contradicción entre los probables móviles:
La primera hipótesis, planteada por la FGR, es que probablemente se trató de una confusión y a la diputada se la llevaron por error.
La segunda teoríafue soltada aparentemente por la procuraduría local, con la perversa intención de incriminar a la víctima. Y sugiere un vínculo personal con su agresor.
Si este último fuera el caso, si existieran elementos que apuntaran a esa posibilidad, ¿el asunto tendría que ser manejado como un feminicidio?
Por lo demás, si el vínculo personal entre homicida y víctima existiera la teoría de la confusión no sería viable.
NO SABÍAN USTEDES…
Difamados por esas filtraciones, los diputados de la actual legislatura podrían alegar como uno de los políticos que iban a comidas a Jayamita, cuando fue interrogado por agentes de la PGR tras la muerte del legendario Cochiloco:
– ¿Y usted no sabía que el dueño del rancho era un buscado narcotraficante?
– No sabían ustedes que a eso se dedican, menos yo.
GUERRA DE ANÓNIMOS
Aunque no está firmado, los diputados locales bien podrían signar el siguiente mensaje que encontré en redes sociales:
“Circula un texto por WhatsApp en el que, ¡sin pruebas ni fundamentos, sino con mentiras solamente!, se trata de culpar a la diputada Anel Bueno de lo que le pasó, al acusarla falsa y cobardemente de que ella misma provocó las consecuencias que sufrió por tener una relación con el hasta ahora presunto responsable de su secuestro y asesinato” (sujeto que fue detenido por las autoridades federales).
“Incluso, se menciona en ese texto apócrifo que las y los diputados conocían al presunto agresor y responsable, sin ninguna evidencia, salvo testimonios de los que no se puede comprobar nada.
“Esta noticia surge para desviar la atención por la posible responsabilidad que puedan tener las autoridades locales de Colima, que no hicieron absolutamente nada para encontrar a los responsables de los dos asesinatos” (serían tres si consideramos a la esposa del juez).
“Ese texto colmado de mentiras está firmado supuestamente por una periodista de nombre Alondra Martínez, quien hasta ahora nadie conoce y al parecer no existe”.
Y cierra el mensaje con un ruego a la ciudadanía para no creer “noticias falsas que solamente intentan confundir a la población”.
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