De acuerdo a información de Nación 321, la 64 Legislatura del Congreso de la Unión, que entró en funciones el 1 de septiembre, es la primera en la historia de México que tiene mayoría de izquierda en ambas cámaras, y la agenda de este sector ya se manifestó desde los primeros días de sesiones.
Los mexicanos le dieron su voto de confianza a Morena, partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, quien arrasó en las urnas el pasado 1 de julio, y el «voto parejo» le dio a su instituto político la hegemonía en la Cámara de Diputados y de senadores.
Ya salieron a la luz las primeras iniciativas «bomba», donde varias de estas ideas vienen de la agenda de Morena, pero incluso otros partidos están promoviendo. Aquí te las presentamos.
1. DESPENALIZAR EL ABORTO
La diputada perredista María Guadalupe Almaguer presentó el 6 de septiembre una iniciativa para asegurar el acceso de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva, así como a la interrupción legal del embarazo a nivel nacional.
En la exposición de motivos se argumenta que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) tiene datos de que en México, de 1990 a 2015, al menos 2 mil 338 mujeres fallecieron por abortos clandestinos e insalubres.
“El tema se vuelve un asunto de salud pública que a nivel nacional no ha sido atendido, además de que existe un severo problema de criminalización contra las mujeres”, dijo la diputada en la presentación de su iniciativa el 6 de septiembre.
De ser aprobada, la iniciativa reformaría el artículo 4, párrafo segundo, de la Constitución para quedar así:
«Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Se garantizará este derecho, estableciendo la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la interrupción del embarazo cuando la mujer interesada así lo solicite o lo necesite, como una obligación institucional«.
Actualmente la interrupción legal del embarazo solo está permitida en la Ciudad de México.
2. AUMENTAR EL SALARIO MÍNIMO
La senadora de Morena, Antares Vázquez, lanzó una iniciativa para que el salario mínimo aumente cada año.
En su documento propuso añadir un párrafo al artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo para que anualmente se incremente el salario mínimo en dos puntos porcentuales arriba del índice inflacionario previsto para cada año, con el fin de garantizar que el salario mínimo cubra las necesidades básicas de un jefe de familia.
Puso de ejemplo que para comprar los alimentos de la canasta básica se necesitan 11 mil pesos mensuales, cuando el salario mínimo es de apenas 2 mil 650 pesos al mes.
«Los artículos 1 y 4 de la Constitución robustecen el marco de la presente iniciativa, porque la recuperación sistemática del poder adquisitivo del salario mínimo podrá entonces traducirse en el acceso a los derechos humanos, a la alimentación, la cultura, la recreación, la educación, la salud y todos inherentes a una familia», mencionó en tribuna el 4 de septiembre.
3. DERECHOS GAY
Desde el día uno en el Senado llegó una buena noticia para la comunidad gay, pues se presentó una iniciativa para extender los beneficios de seguridad social a matrimonios entre personas del mismo sexo.
La propuesta reforma diversas disposiciones de las leyes del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), para ampliar y proteger los derechos de los hijos de las parejas homoparentales, pues actualmente se encuentran en desamparo niños, niñas y adolescentes.
En la exposición de motivos, se justifica la ampliación de derechos en que la Suprema Corte determinó, desde diciembre de 2015, la constitucionalidad del matrimonio y concubinato entre personas del mismo sexo, lo cual es también reconocido por el derecho internacional.
Esta iniciativa agrega la definición de “Unión civil”, entendiéndola como el acto jurídico bilateral que se constituye cuando las personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica plena, establecen un hogar común con voluntad de permanencia y ayuda mutua.
«Que no se le cierren las puertas a nadie en el IMSS. La población diversa sexualmente ha sido objeta de agravio e injusticia en las instituciones de seguridad social del Estado», se lee en la iniciativa propuesta por los senadores de Morena, Germán Martínez y Martha Lucía Mícher.
4. UNIVERSIDAD OBLIGATORIA
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, el morenista Martí Batres, presentó una iniciativa que busca impulsar la educación superior como una obligación del Estado y un mecanismo para fomentar el desarrollo económico, disminuir las desigualdades y la violencia.
Batres propuso reformar el artículo tercero de la Constitución, con el fin de que el Estado (la Federación, los gobiernos estatales, la Ciudad de México y los municipios) tenga la obligación de impartir la educación universitaria, además de las ya obligatorias instancias preescolar, primaria, secundaria y media superior.
El senador Batres argumentó que la cobertura del nivel universitario en México es la más rezagada de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Puso de ejemplo que la cobertura en Estados Unidos de la educación superior rebasa el 82%; en España llega a 69%; en Argentina a 67%; Uruguay tiene cobertura al 65%; Canadá al 62% y en Chile al 52%, mientras que en México la cobertura llega a solo 37%.
Además, expuso que los trabajadores con títulos universitarios ganan el doble de sueldo que aquellos que solo cuentan con bachillerato. Sin embargo, en 2016, solo 17% de los jóvenes mexicanos había cursado la educación superior.
5. ELIMINAR FUERO
El diputado de Morena, Pablo Gómez, presentó este 4 de septiembre una iniciativa para eliminar la figura del «fuero constitucional» de los servidores públicos y establecer en su lugar la de «inmunidad constitucional», que abriría la posibilidad de sujetar a proceso penal a los altos funcionarios, incluido el presidente de la República.
La propuesta es eliminar el fuero, pero no la inmunidad. Es decir, el político ya no tendrá privilegios «indebidos e innecesarios», pero el implicado podrá seguir su proceso en libertad, ya que según el experredista esta es condición del normal y libre funcionamiento de los poderes públicos.
Pablo Gómez propondrá que los servidores públicos que ahora están “aforados” puedan ser sujetos de procedimiento penal en libertad. Recordemos que si un político tiene fuero no es posible proceder a ejercer acción penal sin que el funcionario sea antes desaforado.
Por su parte, la diputada Olga Patricia Sosa, de Encuentro Social, también presentó una iniciativa que pretende eliminar el fuero constitucional y no sea un obstáculo jurídico para que la autoridad proceda en contra de servidores públicos que presuntamente actúen al margen de la ley y cometan un delito.
6. ABOLIR LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR
Los diputados sin partido, Ana Lucía Riojas y Carlos Morales, presentaron una iniciativa para derogar la Ley de Seguridad Interior.
«Nos oponemos de manera tajante a una ley que vulnera la Constitución, que pone en riesgo a la población y que, además, le da atribuciones especiales y opacidad a la institución militar», dijeron en rueda de prensa este 6 de septiembre.
La Ley de Seguridad Interior regula la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, incluyendo el combate al crimen organizado. Con todo y la polémica que desató fue publicada el 21 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación.
Recordemos que dicha ley reduce las capacidades de los municipios y los estados en materia de seguridad pública y permite de manera discrecional que el presidente de la República ordene la intervención de las Fuerzas Armadas.
Esta iniciativa ha sido criticada por decenas de organizaciones civiles, quienes señalan que esa facultad del Ejecutivo federal podría abrir una vía hacia la «imposición» de una dictadura militar.
Carlos Morales aseguró que no es correcto «que el Ejército y sus formas ilegales de actuar tengan más atribuciones de las que ya tenían» antes de la promulgación de esta ley.
Además, en el Senado, Emilio Álvarez Icaza sumó otra iniciativa para abrogar dicha Ley de Seguridad Interior.
La propuesta de Álvarez Icaza señala que las consecuencias de la regularización de las tareas de seguridad pública que se realizan por el despliegue de elementos de las Fuerzas Armadas se ve reflejado, según él, en más casos de tortura.
7. ADIÓS A LOS PRIVILEGIOS
El diputado Alberto Esquer, de Movimiento Ciudadano, tomó las banderas de la «austeridad republicana» y propuso reformar diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con el fin de «eliminar los privilegios de la alta burocracia federal o rubros con amplios márgenes de discrecionalidad».
Con esta iniciativa se busca prohibir el pago de servicios de telefonía celular, bonos o percepciones extraordinarias, y no se autorizará la contratación de seguros de gastos médicos privados ni seguros de vida para servidores públicos de mandos medios y superiores.
Con esta iniciativa solo podrán realizarse contrataciones de prestación de servicios de asesoría, consultoría, estudios e investigaciones estrictamente necesarias, que deben estar justificadas y autorizadas por los titulares de los ejecutores del gasto.
En la otra cámara, el senador Clemente Castañeda, también de Movimiento Ciudadano, se pronunció por prohibir los bonos, sobresueldos y pagos extraordinarios a cualquier servidor público, a través de modificaciones a la misma ley de responsabilidad hacendaria.
En su exposición de motivos, Castañeda explicó que más de 20 millones de mexicanos no cuentan con acceso a servicios de salud, mientras que el gobierno federal duplica la cobertura para los funcionarios públicos federales de mandos medios y superiores, quienes a pesar de ya estar protegidos por el ISSSTE, gozan con cargo al erario de una doble cobertura, al contar con un seguro adicional de gastos médicos privados.
8. CANCELAR PENSIÓN A EXPRESIDENTES
La senadora Verónica Delgadillo, también de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para adicionar un segundo párrafo al artículo 83 constitucional, y establecer que los expresidentes solo tendrán derecho a las prestaciones en materia de seguridad y servicios sociales establecidos en la Constitución.
La senadora dijo que no basta con prometer que ya no se firmará el Acuerdo Presidencial 2763-BIS para cancelar este privilegio a quienes han sido titulares del Poder Ejecutivo desde hace casi 30 años, sino que se debe establecer en la Ley.
La senadora detalló que el acuerdo, expedido en marzo de 1987, otorga una pensión equivalente al salario de un secretario de Estado, así como las prestaciones en materia de seguridad social y beneficios de carácter económico, social y administrativo.
«A los expresidentes se les otorgan 205 mil pesos al mes, se les paga el seguro de vida, el seguro de gastos médicos, el teléfono, la gasolina, transporte y asesores. En este país, los expresidentes nos cuestan cerca de 200 millones de pesos al mes», dijo Delgadillo, quien se adelantó a Morena para presentar la iniciativa.
9. REVERSA AL GASOLINAZO
El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, presentó una propuesta de reforma para disminuir las cuotas en la enajenación o, en su caso, la importación de combustibles.
El joven legislador dijo que la iniciativa presentada reforma el artículo segundo de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) y plantea la reducción de 6% en el precio por litro de la gasolina magna, para que quede en 18.15 pesos.
También se prevé una disminución de 8% en el precio por litro de la gasolina Premium, al bajar de 20.89 a 19.17 pesos, así como un ajuste del 8% en el precio del diésel para que quede de 20.09 a 18.49 pesos.
Samuel García dijo que aunque para 2018 no se proyecta concluir con recursos excedentes recaudados por el IEPS, sí existen condiciones para ajustar la cuota de este impuesto a las gasolinas a la baja y con ello revertir el gasolinazo.
«Aún con la cuota propuesta de un peso por litro, el gobierno federal recaudaría alrededor de 60 mil millones de pesos», dijo en tribuna el pasado 4 de septiembre.
Asimismo, la diputada Silvia Guadalupe Garza presentó una iniciativa del grupo parlamentario del PAN para eliminar totalmente el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a gasolinas y diésel.
En la exposición de motivos se señala que esta iniciativa es una respuesta ante los «efectos negativos en la economía que son evidentes y que se reflejan en el incremento en la inflación y la disminución del salario real de los trabajadores mexicanos”.
Los legisladores del PAN recuerdan que han propuesto «varias iniciativas que buscan subsanar los efectos de los gasolinazos impuestos por el gobierno de Enrique Peña Nieto».
10. REDUCIR EL IVA
Los partidos aliados de Morena en las elecciones, el PT y Encuentro Social, plantearon iniciativas para la reducción del IVA en la frontera norte. A esta idea se sumó otra del PAN.
Armando Reyes Ledesma, diputado del PT, planteó crear la zona fronteriza del norte de México y establecer la reducción del IVA al 8% y del Impuesto Sobre la Reta a 20%. Esta comprenderá a los estados de Baja California, Baja California Sur y una parte de Sonora.
A su vez, el diputado Javier Julián Castañeda, de Encuentro Social, también planteó cambios para que el impuesto se calcule aplicando la tasa de 8% cuando los actos o actividades por los que se deba pagar se realicen por residentes en la región fronteriza, y siempre que la entrega material de los bienes o la prestación de servicios se lleve a cabo en esta zona.
Tijuana, Baja California, es una de las ciudades fronterizas que tendría el beneficio de esta política.
El panista Rigoberto Mares planteó modificar los primeros tres artículos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, con el objetivo de reducir este gravamen al 8%.
Lo interesante es que, además de que esta disminución del IVA aplicaría en todos los estados fronterizos, también se propone que el Impuesto al Valor Agregado en Quintana Roo sea igualmente del 8%.
Fuente: Nación 321
