Ajedrez Político: Diputados de Morena tienen facultad para llevar a Nacho Peralta a Juicio Político

Ignacio Peralta Sánchez puede ser llevado a juicio político por utilizar los recursos públicos como propios, tal es el caso de los 7 policías asesinados, que fueron utilizados como seguridad privada para escoltar a empresarios y a parientes del diputado Rogelio Rueda, además por sus actos y omisiones en el aumento de la violencia en la entidad, y en el homicidio de la legisladora Anel Bueno, la cual fue encontrada sin vida después de ser privada de su libertad hace más de un mes.

De acuerdo como lo estipula el artículo 119 de la Constitución Política del Estado, podrán ser sujetos de juicio político: el Gobernador, los miembros del Poder Judicial del Estado, y toda persona que desempeñe un cargo en el Poder Legislativo o en la Administración Pública del Estado. Por otra parte en el artículo 120, menciona que los servidores públicos que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados en los términos de la legislación aplicable.

Las sanciones que se estipulan en los artículos 120 y 121 de la Constitución para los funcionarios del estado, que en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que perjudiquen los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, pueden ser penales, económicas, administrativas, además de la destitución del servidor público y su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

De acuerdo a lo anterior si los asuntos de intereses público se ven perjudicados, los responsables deben ser castigados por su comisión u omisión, y como derecho fundamental de las familias colimenses es vivir seguros, derecho que se ha visto perjudicado en la actual administración del Gobernador de Colima, Peralta Sánchez, en donde los índices de violencia se incrementado, colocando al estado en primer lugar en asesinatos violentos en el país.

Para proceder penalmente contra El Gobernador y los servidores públicos que son responsables por acción u omisión del aumento de la violencia en el estado, el Congreso, en especial los diputados de Morena los cuales son mayoría y que representan la 4T en Colima, deben declarar si ha o no lugar a proceder contra los sujetos inculpados, quedando a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley, como lo dicta el artículo 122 de la Constitución.

Cabe mencionar que el artículo 122 menciona que de ser culpable el Gobernador y los que estén involucrados por sus actos u omisiones por la violencia en el estado, serán separados de su cargo en tanto estén sujetos a proceso penal. Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal y deberán de reparar los daños y perjuicios causados, como es el caso de los policías asesinados por obedecer a intereses económicos del Gobernador.

La impunidad que prevalece en Colima desde que inicio el Gobierno de Peralta, es sello distintivo del estado fallido que dirige, donde la autoridad es incompetente y omisa en la investigación y castigo de los responsables de la violencia en el estado. El pueblo colimense aspira a recuperar la tranquilidad que le fue arrebatada en los últimos años, por lo que es necesario que los legisladores representen el descontento popular, en referencia al tema de seguridad.

Los diputados deben de ser responsables con el mandato que el pueblo de Colima les proporcionó, en especial los legisladores de morena que representan la 4T, y tienen la facultad de llevar a juicio a los responsables de actos de corrupción y de enriquecimiento ilícito, como es el caso de los negocios con las empresas mineras por parte de Ignacio Peralta, Rogelio Rueda y Arnoldo Ochoa, que de manera patrimonial utilizaron policías, a los cuales les costó la vida cumplir con su deber.

Eduardo Bravo. Licenciado en Administración Pública y Ciencia Política, por la Universidad de Colima, analista independiente en temas sociopolíticos y colaborador en diferentes medios digitales.