Llama CSR a que medidas de contención del COVID19 se basen en evidencia, sean proporcionales al nivel de riesgo y garanticen el respeto a los derechos humanos

Mediante un desplegado, la Coordinadora Socialista Revolucionaria cuestionó las medidas de aislamiento social implementadas por el gobernador del Estado de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez.

«Con las acciones anunciadas, -advierte el documento- se busca individualizar las causas y las soluciones del problema, transfiriendo la responsabilidad de la crisis a la población e intentando ocultar el desmantelamiento al que ha sido sometido el sector salud colimense en las últimas décadas, actualmente incapaz de responder de manera óptima a crisis sanitarias como ésta».

A continuación se transcribe el documento publicado en el blog de la Coordinadora.

Declaración de la Coordinadora Socialista Revolucionaria – Colima

El día de ayer, 18 de marzo, el gobernador del estado de Colima anunció una Declaratoria de Emergencia ante el Coronavirus Covid-19. En la misma, interpreta diversos artículos de la Ley General de Salud y de las Leyes de Protección Civil para otorgarse la facultad de suspender ciertos derechos y libertades en el contexto de las acciones de combate a la pandemia.

Hoy, se anunció el inicio de las medidas a tomar, enmarcadas en una “política organizada de aislamiento social”. Varias de ellas causan preocupación, como la prohibición de reuniones de más de diez personas, la restricción a la libre circulación, y la recomendación de suspender las actividades comerciales (entre ellas, la economía de supervivencia de la que dependen la mayoría de las personas), todo esto bajo la vigilancia de las fuerzas de seguridad con sanciones para quienes no las acaten.

En un estado en el que el número de casos confirmados y las características demográficas en este momento no indican un nivel de riesgo superior a otras entidades, la declaratoria de emergencia (la primera en el país) se presenta como una medida autoritaria y desmesurada que podría indicar intereses no declarados y que abre la puerta a la implementación de un Estado de excepción como medida de control social.

Con las acciones anunciadas, se busca individualizar las causas y las soluciones del problema, transfiriendo la responsabilidad de la crisis a la población e intentando ocultar el desmantelamiento al que ha sido sometido el sector salud colimense en las últimas décadas, actualmente incapaz de responder de manera óptima a crisis sanitarias como ésta.

Por otra parte, para un gobierno estatal con tan bajos índices de aprobación, es la oportunidad de presentarse “a la altura del peligro que se avecina”, aprovechando el pánico social y la información falsa que circula, con el fin de remontar su popularidad  y ganar credibilidad política en medio de la contingencia.

Por último, no podemos olvidar el contexto de lucha social que en los primeros meses del año se había venido desarrollado en el estado, encabezado por las mujeres que han denunciado un gran número de situaciones de acoso en escuelas y universidad públicas. Aplicar restricciones a las reuniones y a la libre circulación significa para las autoridades desactivar las protestas e ignorar la respuesta a sus exigencias.

Desde la CSR Colima, nos sumamos a la acción colectiva en contra de la propagación del Covid-19, considerando que debe darse desde la colaboración mutua, la información veraz, la libertad y la responsabilidad popular. Llamamos a no confundir el sano distanciamiento preventivo con el peligroso aislamiento social, propicio para acallar el disenso de la población.

Exigimos que las medidas gubernamentales de contención del virus estén basadas en evidencia científica, que sean proporcionales al nivel de riesgo de propagación y que garanticen el respeto a los derechos humanos de todas las personas. Los gobiernos estatal y municipales deben de tomar como máxima de actuación el combate a la desinformación y al pánico colectivo, no promoverlo con sus acciones.

¡Contengamos al coronavirus sin renunciar a la organización popular!