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Nueva Ley de Pensiones garantiza y regula la seguridad social de los trabajadores: SAyGP

El secretario de Administración y Gestión Pública (SAyGP), Kristian Meiners Tovar señaló que el trabajo eficiente y eficaz, el sostenimiento racional y transparente del gasto, así como la consolidación de una gestión administrativa, que controla adecuadamente el uso de los recursos públicos, permiten cumplir los objetivos y metas del Plan Estatal de Desarrollo.

En la comparecencia ante el Congreso del Estado por la glosa del Tercer Informe del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, Meiners Tovar resaltó que se llevó a cabo una modificación estructural y normativa del sistema de pensiones del Estado de Colima, primera desde que se creó en 1962, hace 56 años.

La nueva Ley de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima, que entrará en vigor a partir del primero de enero de 2019, implicará esfuerzos importantes para las finanzas de los tres órdenes de gobierno, los organismos autónomos y públicos descentralizados, y los diez municipios, así como para los servidores públicos.

Meiners Tovar expuso, en relación a la administración eficiente de los bienes patrimoniales, que se han realizado cinco subastas vehiculares, enajenando 366 vehículos, cuyas características resultaban en altos costos de mantenimiento y no adecuados para el servicio público, recaudando en total 8 millones 51 mil pesos.

Estos recursos, abundó, fueron destinados para renovar la flotilla vehicular, adaptar las salas de convenciones del Gobierno del Estado y adquirir un sistema de alimentación ininterrumpida de energía para el Complejo Administrativo.

Respecto a adquisiciones, el funcionario estatal dijo que se ha trabajado para fortalecer la transparencia en todos los procedimientos, con el fin de proteger el derecho de acceso a la información pública, desalentar actos de corrupción y mejorar la publicidad en el manejo de los recursos públicos.

En lo que se refiere a la administración de capital humano, se trabajó arduamente en la profesionalización y capacitación de servidores públicos, además de que se logró el equilibrio presupuestal en materia de servicios personales, la regularización progresiva en materia fiscal de la nómina, así como la eficiencia en el trámite de jubilaciones y pensiones.

En el periodo informado, se realizaron 314 cursos de capacitación enfocados en desarrollar habilidades, conocimientos y actitudes de los servidores públicos de la administración pública estatal, dotando de herramientas para el servicio público a más de 5 mil 600 trabajadores, con competencias fundamentales de administración, gestión pública, tecnologías de información, calidad en el servicio, prevención de la discriminación y protección civil.

Con estas acciones, se aumentó en un 121 por ciento el personal capacitado desde el inicio del presente gobierno, informó.

Sobre la evaluación de trámites y servicios explicó que se aplicaron encuestas para evaluar 35 trámites presenciales y 2 mil 262 encuestas a usuarios de trámites en línea, con el objetivo de conocer la percepción ciudadana, atender las oportunidades de mejora detectadas y brindar un mejor servicio.

Asimismo resaltó que el Gobierno del Estado de Colima recibió un “Reconocimiento a la Innovación Gubernamental 2017”, por la puesta en marcha de una plataforma para la emisión de copias certificadas de actas de nacimiento en línea.

Indicó que con recursos por el orden de 1 millón 614 mil pesos se realizó el conteo del acervo registral, la digitalización de 137 mil 445 actas del Registro Civil del Estado y se fortaleció la infraestructura tecnológica de las oficialías auxiliares municipales y de la Dirección del Registro Civil del Estado.

En relación a los 50 lineamientos del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, respecto a la austeridad y contra la corrupción, Meiners Tovar aseguró que en el Gobierno del Estado estos lineamientos, en gran medida, ya se encuentran vigentes desde el inicio de la actual administración a través del Decreto de Austeridad y Racionalización del Gasto Público y del Código de Ética de los Servidores Públicos.

“Estas acciones responden no solo a un adelanto legislativo en materia de ética y disciplina del gasto, sino a un sentido común y de responsabilidad del cuidado y control de los recursos públicos”, concluyó.

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